Más expectativas y reclamos que novedad: qué hay detrás de las primeras medidas sociales de Massa

“Hay que ver la letra chica. Fueron títulos. No tenía que contentar hacia dentro. Fue un mensaje para afuera”. La respuesta casi telegráfica llegó desde una terminal del Movimiento Evita, a menos de 24 horas de asumido Sergio Massa como ministro de Economía, cuando elDiarioAR preguntaba a los movimientos sociales cómo consideraban las medidas anunciadas. Tener que revisar entre líneas los dichos del nuevo hombre fuerte del Gobierno devela, a priori, que el paquete económico tiene gusto a poco en medio de la crisis social que atraviesa el país. El clima en los territorios, tras la llegada del tigrense, parece ser más de expectativa y de bronca que de satisfacción. 

Ya las primeras reacciones en las organizaciones oficialistas sobre la conferencia del tigrense desde el Palacio de Hacienda refuerza esa hipótesis: mientras Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y amigo de Cristina Kirchner y el Papa Francisco, amenazó con romper con el Frente de Todos, Emilio Pérsico llamó, casi con honestidad brutal, a esperar. “No es el momento hoy de una gran distribución de los ingresos, sino de calmar a los mercados, calmar la economía y resolver el problema de la inflación. Sino, toda la ayuda social que puedas inventar, se te va entre las manos”, soltó el líder del Evita, nuevo aliado de Massa, en el aire de Radio 10 el jueves.

Massa habló de los planes sociales en el microcine de Economía, pero más que una novedad confirmó una iniciativa que ya había tomado fuerza a principios de julio –en la “mini-era” Silvina Batakis– y que incluso Juan Zabaleta viene trabajando desde los tiempos de Martín Guzmán, según supo elDiarioAr en Desarrollo Social: la auditoría del programa Potenciar Trabajo por parte de universidades nacionales. La iniciativa genera polémica con las agrupaciones piqueteras, según se recoge desde ambos lados del mostrador.

Sin embargo, el flamante ministro obvió capitalizar como parte de su paquete que el viernes siguiente a su asunción –es decir, anteayer– los 1,2 millones de beneficiarios del Potenciar iban a cobrar un bono extra de $11.000. Ya parece de la prehistoria, pero el refuerzo lo había adelantado Alberto Fernández la semana anterior, el martes 26 de julio, cuando Batakis todavía estaba en Washington y crecían los rumores del desembarco de Massa en el Ejecutivo.

Además de los planes sociales, el paquete massista incluyó el anuncio de que en septiembre habrá un nuevo aumento en las jubilaciones con una nueva fórmula que recién se conocerá el 10 de agosto. La suba ya estaba programada con anticipación, porque el calendario prevé actualizaciones trimestrales. La gran incógnita es el cómo será el cálculo de la suba, por su alto impacto fiscal: unas 18 millones de personas entre jubilados y titulares de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo, asignación de pago único, pensiones no contributivas y la Prestación Universal por Adulto Mayor. 

Massa se reunió el jueves con Fernanda Raverta, pero desde la Anses evitaron a este medio adelantar cualquier información sobre cómo quedará la fórmula, aunque trascendió que habría un aumento del 15,3%, llevando el haber mínimo de $37.500 a $43.300 –bruto–, representando el 40% de una canasta básica familiar, porcentaje que podría achicarse más, ya que hasta el 31 de noviembre no habrá otro aumento y la inflación se estima seguirá en alza. De hecho, la suba acumulada en el año sería hasta agosto del 48,9%, muy por detrás de la inflación esperada: 54,5% incluyendo este agosto, según los privados.

Otro asterisco social, que se conoció un día después de la conferencia de Massa, fue la convocatoria al Consejo Económico Social para que defina un nuevo salario mínimo vital y móvil (SMVM) para el próximo 18 de agosto. Desde este mes el monto ya se preveía que ascienda a $45.540.

La auditoría del Potenciar Trabajo

Blanco de críticas por izquierda y derecha, el Potenciar Trabajo es el programa social más abultado del Gobierno. El pago a los cooperativistas –que trabajan 4 horas diarias por unos $22.000 mensuales, la mitad del SMVM– y los fondos de alimentos para los comedores –que también sostienen las organizaciones sociales– ocupan el 90% del presupuesto total de la cartera, que el año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones. Planillas e informes con esos números le llevó Zabaleta a Massa, cuando lo visitó esta semana en sus oficinas de Av. Del Libertador antes de que asuma en Economía. 

En esa conversación personal, más las que hubo por teléfono –según supo elDiarioAr–, se terminó de ajustar la línea argumental que expresó Massa en público: “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo, permanente”. 

En concreto, el 15 de agosto Desarrollo Social comenzará junto con universidades nacionales una auditoría para relevar a todos los beneficiarios del plan. Será el puntapié inicial del convenio que Zabaleta firmó con su par de Educación, Jaime Perczyk, el 14 de julio para que sean “unidades evaluadoras del Programa” la UBA, la UTN y las universidades públicas de La Plata (UNLP), Moreno (UNM), La Pampa (UNLPAM), de Hurlingham (UNAHUR) y la de los Comechingones, de San Luis. La iniciativa tiene como sustento formal la Resolución 835/2022, publicada en el Boletín Oficial el 4 de julio, solo con la firma de Zabaleta, pese a que Pérsico es el titular de la Secretaría de Economía Social, la autoridad de aplicación del programa. 

Cerca de “Juanchi” reconocen que lo que anunció Massa “fue básicamente la fecha de inicio del programa”, que se está trabajando desde comienzos de año. “Solo que ahora hay más presión política”, explicaron, sobre todo desde que Cristina Kirchner apuntó contra el Evita en uno de sus últimos actos previo al enroque Guzmán-Batakis-Massa. A mediados de este mes, entonces, comenzará el operativo en el que los beneficiarios del programa deberán acercarse a los distintos “puntos estratégicos” que el ministerio, junto con las universidades, las organizaciones y los municipios están acondicionando en los distritos. El conurbano será el radio de acción de la UBA.

En cada punto, las personas deberán responder un cuestionario de casi 50 preguntas tanto sobre cuestiones personales –nivel educativo y habilidades laborales– como información vinculada exclusivamente al Potenciar: qué actividad realizan como contraprestación o bajo qué unidad de gestión –si dependen de una agrupación, el municipio o la provincia–, incluso si quieren continuar realizando esa actividad o si prefieren capacitarse en otra rama productiva. Con una cuadrilla de entre 50 y cien encuestadores, la intención oficial es encuestar en cada lugar a unas mil personas por día.

La información de esos formularios –evitan hablar de “declaración jurada”– será luego cruzada con las bases de la Anses y del propio ministerio, con la posibilidad de que si hay inconsistencias haya sanciones: suspender planes o quitar beneficiarios de una cooperativa. El objetivo que trazó Massa es poder profundizar esa idea albertista de “reemplazar planes por trabajo”. El tigrense dijo que el “reordenamiento” de los planes durará los próximos 12 meses para empalmarlos con trabajo, idea que viene desde el macrismo. 

Así, aquella persona que tenga un plan e ingrese a una empresa podría mantener el beneficio un tiempo fijo; a cambio, el empleador paga la diferencia del salario más la ART y la obra social. “Al año el trabajador tiene que optar si se queda con el trabajo registrado o si vuelve al plan”, precisó el flamante ministro. “Supongamos que tenemos 1500 personas que saben carpintería pero están trabajando en jardinería o albañilería en una cooperativa, quizás podemos ubicarlas en una carpintería de la zona y le damos trabajo formal”, ejemplificó en lenguaje coloquial un vocero. 

Las críticas de las organizaciones y la trama política

El objetivo sobre los planes sociales es más ambicioso por la falta de información oficial –por eso la auditoría– y la complejidad y necesidad social que hay. En marzo pasado, Zabaleta se mostró en la planta de Toyota de Zárate donde se incorporaron diez beneficiarios del Potenciar Trabajo. Apenas una gota en el mar. La situación es más acuciante si se tiene en cuenta lo que el Evita y la UTEP consideran la “economía popular”: un universo de unas 7 millones de personas que –con planes o sin planes– viven de tareas informales, haciendo changas, como vendedores ambulantes o recolectando cartones, entre un sinfín de actividades que, según el gremio piquetero oficialista, al sistema económico actual “no le interesa incorporar”. 

Por eso en las organizaciones aún hay expectativa, y hasta bronca, tras los anuncios de Massa. “Para nosotros la salida es una ley de monotributo social para blanquear a todos los compañeros de la economía popular”, dijo Pérsico, que también pidió por el salario básico universal, bandera de Grabois.

Dentro del oficialismo, el dirigente del MTE fue más contundente en sus críticas y amenazó a través de su fuerza política, el Frente Patria Grande, de armar un bloque y hasta romper con el Frente de Todos en Diputados, poniendo en riesgo la delicada posición de primera minoría en el recinto. Habiendo negociado con el propio Massa –según supo elDiarioAR–, Grabois esperaba que aunque sea el tigrense anunciara una propuesta de ayuda social más acotada, como el de la senadora cristinista Juliana Di Tullio, para alcanzar a las 4 millones de personas indigentes. 

La izquierda a través de la Unidad Piquetera ya le marcó la cancha a Massa: le exigió una audiencia y este sábado organizó un “plenario piquetero obrero” en el aula magna de la facultad de Sociales, con dirigentes de distintas protestas en el país, como la de los neumáticos –ya hicieron más de 11 paros–, los docentes riojanos, los mineros de Yamana Gold, y los estatales y docentes mendocinos.  

Incluso la auditoría al Potenciar Trabajo fue cuestionada desde la Unidad Piquetera, que suma unos unos 170 mil beneficiarios del plan, mientras que solo el Evita maneja unos 300 mil y el MTE, 60 mil. “La auditoría es un planteo remanido que ya ocurrió en el gobierno de Macri y con las universidades, que solo encontraron lo mismo que van a encontrar ahora: hambre y falta de trabajo”, cuestionó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero a elDiarioAR. Dijo que hay controles permanentes a las organizaciones opositoras y denunció que la intención oficial es sacarles beneficiarios a las agrupaciones –como unidades gestoras– para que pasen a ser manejados por los municipios del PJ.

Este medio accedió incluso a comunicaciones que, desde dependencias públicas, recibieron en los últimos días en agrupaciones piqueteras de izquierda para que envíen información personal para no perder el plan. “Te piden hacer una actualización de datos y con engaños te hacen el cambio de unidad gestora”, denunció un dirigente social que mostró chats de WhatsApp y mails.

“Obvio va a generar ruido, todo lo que ordena hace ruido”, admitieron en Desarrollo Social sobre la auditoría. La polémica ya viene de hace rato. El 29 de diciembre pasado, una resolución de Desarrollo Social habilitó la posibilidad que cualquier beneficiario del Potenciar pueda cambiar de unidad ejecutora, medida a la que –al 1 de junio– se habían acogido unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. Los argumentos para pasarse eran distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. De ese universo, unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, según los datos oficiales, como el pedido de un porcentaje del beneficio para la agrupación, un hecho que despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Por ahora, Massa no se hizo eco de los reclamos ni de Grabois ni de la izquierda. Para pisar sobre seguro pese a la falta de medidas concretas, como anticipó este medio el domingo pasado, el tigrense pactó cierta paz social con el Evita –y más allá también, si hasta Andrés Larroque, de La Cámpora, lo felicitó por su nuevo cargo. Hasta la auditoría fue parte de la negociación. “Acá todo se conversa con Pérsico”, confió una fuente en Desarrollo Social. En la jura en el Museo del Bicentenario, estuvo el “Chino” Navarro y también Daniel Menéndez, del oficialista Somos-Barrios de Pie. La expectativa es que haya otros anuncios pronto, entendiendo que el ministro no puso “toda la carne en el asador” el miércoles pasado. “Veremos qué onda en estos días”, expresó otro funcionario del riñón del Evita. 

En ese marco, este domingo la UTEP saldrá por San Cayetano para exigir “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”, pero sin pronunciarse públicamente contra el Gobierno. El MTE sí podría manifestarse en los próximos días, incluso con la izquierda. Muchos ven a Grabois como un átomo suelto, incluso actuando por fuera de la venia de Cristina Kirchner. Con todo, el viernes pasado el dirigente social se mostró en un debate sobre la economía popular con Mariel Fernández, intendenta de Moreno, referente del Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP. Ribetes de la intrincada política oficialista.

MC/CC