Fernández negó las acusaciones y pidió al juez que se aparte de la investigación por el caso de los seguros

El expresidente Alberto Fernández fue indagado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. El exmandatario negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

Fernández fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratas a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

ED/MG