El Gobierno advirtió sobre la inconstitucionalidad en la reforma de la Constitución provincial de Jujuy

El rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada esta madrugada en una convención marcada por los desacuerdos, cobró volumen con un paro general de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos.

Este viernes, la ministra Raquel Olmos adelantó que el Gobierno, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña que sancionan y restringen la protesta social.

“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, apuntó la funcionaria en declaraciones a Radio Provincia. Remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.

“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó la ministra.

En el marco de la Convención Constituyente, la reforma tuvo un acelerado tratamiento, ya que solo llevó dos sesiones ordinarias durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes: seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, a raíz de su desacuerdo con el texto.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas, se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de reclamos sociales y gremiales. Entre otros puntos aprobados en la reforma figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de Justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

Mientras en la noche del jueves se desarrollaba el debate en la Convención, una multitudinaria marcha de antorchas se realizó por las calles de San Salvador de Jujuy, encabezada por gremios docentes que presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y cumplen dos semanas de paro por tiempo indeterminado bajo la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

Ahora, el Gobierno provincial aspira a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18.

Desde las primeras horas de este viernes, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta. “Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, indicaba su lema central, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Grupos de manifestantes llegaron temprano a la capital provincial desde diversos puntos del territorio para movilizarse hacia la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local. Durante la mañana, la policía intimó a los manifestantes para que levanten los cortes, pero las protestas persistieron.

Por otra parte, pobladores de distintas comunidades indígenas iniciaron una marcha denominada “Tercer malón de la paz” contra la reforma, y llegaron también esta mañana a San Salvador y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino. “Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá”, expresaron miembros de las comunidades.

Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espera que “el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo” y consideró que Jujuy perdió una “oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos”.

El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla “absolutamente antidemocrática”. “Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI”, expresaron desde la organización.

Ayer jueves, en la sesión de la Convención, frente a los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), Morales defendió su proyecto de reforma: “Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Morales reiteró que su gestión “no va a volver atrás” con estas modificaciones y volvió a cargar contra las organizaciones sociales, al plantear que “el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, planteó.

Las protestas y movilizaciones se replicaron en varias localidades jujeñas: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín. En tanto, el paro general en la provincia consiguió el apoyo de azucareros y de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla “antidemocrática y autoritaria” y convocaron al paro que sigue vigente este viernes. En un comunicado, firmado por la secretaria general Sonia Alesso de Ctera, y el secretario general adjunto Roberto Baradel de la CTA, también advirtieron que la reforma “viola derechos humanos, sociales y sindicales”.

LC con información de agencia Télam