HRW sobre Argentina: “Reformas al sistema de justicia podrían socavar la independencia de tribunales y fiscales”

La organización Human Rights Watch destacó en su informe anual publicado hoy que en Argentina que las reformas judiciales impulsadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández “podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales” y añade que el mandatario, “la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del Gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente”.

Aunque la mayor parte del informe se centra en la actual gestión del Gobierno, también tiene una mención a Mauricio Macri relacionada a la libertad de expresión por la causa sobre espionaje ilegal durante su presidencia. Así, señala que “un tribunal federal continuó la investigación de un exdirector y una exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por cargos de conspiración en relación con el espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri”.

HRW señala además otros problemas de derechos humanos en Argentina como “el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres”. “La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza”, subraya en el informe.

En el apartado “Independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal”, el texto señala: “Autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.

“El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales”, sostiene.

“En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte”, añade.

En cuanto a la violencia endémica contra las mujeres, el documento señala que “a pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 6 condenas”.

Por otra parte, hace hincapié en que la crisis económica se profundizó durante la pandemia de Covid-19, lo que “afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”.

El informe destaca que el 36,5% de la población vive debajo de la línea de pobreza pero que la situación económica es sobre todo más agresiva con la población infantil: “Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia”.

En diciembre pasado, el informe de pobreza de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que el índice de personas que viven en esta situación se ubica en torno al 43,1% de la población y afecta a 17 millones de argentinos.

También critica lo que llama “retórica hostil contra periodistas y medios independientes” empleada por funcionarios de alto nivel, incluido el presidente.

El informe destaca además que “hubo 233 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2021, y 117 casos entre enero y junio de 2022” y que “el Ministerio Público reportó la muerte de 43 personas detenidas en cárceles federales durante 2021, incluidas 9 muertes violentas y 9 muertes ocasionadas por Covid-19”.

“Las fuerzas de seguridad en ocasiones incurren en abusos y uso excesivo de la fuerza. En junio, una mujer murió en una dependencia policial en la localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires. Cinco policías fueron detenidos por presuntamente haber asesinado a la mujer y presentado su muerte como un suicidio”, señala en referencia al caso de Daiana Abregú.

Entre los logros del país, destaca que continúan los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura - “desde 2006 y hasta septiembre de 2022, se registraban 3.631 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo 1.088 condenadas y 165 absueltas”- y la sanción en el 2020 de la ley que legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación.

CRM