Un informe de Estados Unidos señala a la Argentina como un país con “grave corrupción gubernamental”

En un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en diferentes regiones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos describieron a la Argentina como un país con una “grave corrupción gubernamental” y donde todavía existen “torturas” y “ejecuciones ilícitas”.

En el apartado sobre Argentina, el informe señala que aún existen “ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.

Si bien comienza destacando que las elecciones que llevaron a la presidencia a Alberto Fernández fueron “libres y justas” y que el poder civil es el que mantiene el control sobre las fuerzas de seguridad, el informe destaca que “el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”.

El “Informes de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022”, es elaborado cada año por la oficina de Demoracia, Derechos Humanos y Trabajo en base a los parámetros establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Este lunes fue el secretario de Estado, Antony Blinken, quien lo presentó durante una conferencia de prensa en Washington.

Bajo el título de “Privación Arbitraria de la vida y otros homicidios ilícitos por motivos políticos”, el informe incluye diferentes casos de asesinatos por parte de miembros de fuerzas de seguridad, y entre otros destaca las muertes de Lucas González -por su crimen están siendo juzgados tres efectivos de la Policía de la Ciudad-, de Daiana Abregú -muerta en una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires-, y de Jonatan Romo en La Falda, Córdoba. “Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”, señala y detalla que en un año se registraron al menos 117 casos de abuso o maltrato por parte de fuerzas de seguridad.

También hace referencia a las condiciones carcelarias, en particular a las bonaerenses: “Las condiciones de reclusión fueron duras y amenazaban la vida a causa del hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones antihigiénicas. Hubo denuncias de traslados repetidos y arbitrarios, traslados a lugares distantes y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.

Además, toma como referencia los datos de la Comisión por la Memoria que dan cuenta de “7.795 casos de negligencia en la salud durante 2021” en la cárceles bonaerenses. Esta situación derivó en la muerte de 199 presos. “Aproximadamente el 80 por ciento de las muertes de presos en la provincia se debieron a problemas de salud, y las muertes restantes se debieron a homicidios y suicidios. De enero a agosto, el CPM reportó 137 muertes en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De enero a junio, la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional reportó 17 muertes en el sistema penitenciario federal”.

“Instituciones débiles y un sistema politizado”

El informe hace hincapié en los niveles de corrupción y afirma que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.

Sobre las causas que afronta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se limita a describir que fue condenada por la causa de la adjudicación de la obra pública y que aún tiene otros juicios pendientes.

“La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, describe.

El informe destaca la libertad de expresión, la garantía de elecciones limpias, el acceso a Internet sin censura, el asilo político para los refugiados y las garantías de acción que tienen los grupos defensores de los derechos humanos. También destaca que los femicidios tiene un castigo más grave que el homicidio y la obligación de los empleados estatales y judiciales para capacitarse en cuestiones de género.