Marcha a Lago Escondido: denuncian a funcionarios de Río Negro por inacción ante los ataques a manifestantes
La abogada y ex senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, denunció penalmente a empleados de Joe Lewis y al gobierno provincial tras los ataques a manifestantes en el camino de Tacuifí. Los funcionarios afectados son la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y el jefe de Policía, Osvaldo Tellería. “Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas”, expresó.
El pasado miércoles, 9 manifestantes y una fotoperiodista de Télam fueron retenidos durante 2 horas y recibieron ataques de parte de peones rurales de Joe Lewis, el magnate británico contra el que se movilizaban organizaciones sociales, sindicales y políticas en la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La columna encabezada por el dirigente peronista, Julio Urien, había intentado el pasado lunes ingresar al Camino de Tacuifí, pero se encontraron con el acceso cerrado por un portón y 30 peones rurales a caballo.
Los manifestantes volvieron a intentar circular por el pasaje dos días más tarde y fueron agredidos por allegados a Lewis que custodiaban la entrada. El diputado y jefe del bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, resultaron heridos por los ataques.
“No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro a garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión”, explicó Odarda.
No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. En 2022, en el marco de la Sexta Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los manifestantes también fueron agredidos por más de 40 personas a caballo armadas, comandadas por Nicolás Van Ditmar. El año pasado, quienes participaron de la movilización también denunciaron el bloqueo del Camino de Tacuifí, que se encontraba vallado con alambre de púas y custodiado con cámaras de seguridad pese a que la cámara de Bariloche había ordenado habilitar el acceso.
Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de la Justicia, lo que, para los manifestantes, implicó complicidad con Joe Lewis. Esta presunción fue revalidada por la falta de escolta policial para quienes se movilizaron la semana pasada.
Odarda también denunció, el pasado 26 de diciembre, a los jueces del Tribunal Superior de Río Negro Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian por mantener una relación directa con el poder político de la provincia encarnado en magnate inglés. “La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, aseguró.
ACM con información de Télam
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