Pandemia, pobreza y cómo distribuir los recursos, el debate en el gobierno detrás de la Tarjeta Alimentar

Cuando se efectivice, en dos semanas, la ampliación de la Tarjeta Alimentar que anunció Daniel Arroyo el 11 de mayo será un paliativo para las madres de casi 4 millones de chicos y chicas de hasta 14 años. Con el 45% de la población bajo la pobreza, según el dato que el INDEC difundió hace unos días para el último trimestre de 2020, el aumento de la transferencia de ingresos que decidió el ministro de Desarrollo Social busca impedir que el continente de personas que no cubren sus ingresos mínimos se siga expandiendo pero choca con dos obstáculos: en lo económico, un nivel de inflación descontrolado que acumula 17,6% en cuatro meses y 46,3% interanual; en lo político, las críticas de los dirigentes de los  movimientos sociales alineados con el Frente de Todos, incluidos los que son funcionarios del Gobierno. 

En lo que pretende instalar como marca de su gestión, Arroyo anticipó que la Tarjeta Alimentar llegará a un universo que es el doble del que hoy la recibe: de 1,9 millones de personas a 4 millones, resultado de la ampliación de lo que hasta ahora llegaba sólo a las madres con hijos de hasta 6 años. Son 130 mil millones de pesos adicionales a lo que se estaba destinando.   

Durísimos, los cuestionamientos frenaron en seco lo que parecía ser una de las contadas buenas noticias que el Presidente tiene para dar y anularon el impacto positivo del anuncio en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Comenzaron con el video que difundió Emilio Pérsico a través de las redes sociales y continuaron con la nota que escribió Juan Grabois en elDiarioAR, “La Tarjeta Alimentar no es Justicia Social”. La objeción de una transferencia que es “pan para hoy y hambre para mañana” y la necesidad de apuntalar la creación de empleo en el caso de Pérsico; las críticas al asistencialismo, a la “incomprensible ceguera” del Gobierno y al “desconocimiento de la realidad” de los funcionarios que se dejan llevar por los focus group en el caso de Grabois. 

De fondo, hay un debate -uno más- que el oficialismo no dio o no pudo saldar de manera virtuosa y tiene varios componentes. El primero es a dónde se destinan los fondos del área social en un contexto de pandemia y aumento de pobreza; el segundo es a través de qué canales se distribuyen esos fondos; el tercero es si se trata de un paliativo transitorio o definitivo. Paralelo al ritmo de la crisis, el ministerio de Desarrollo Social viene ampliando su presupuesto en un marco de licuación general de los ingresos. Cuando Alberto Fernández asumió como presidente, Arroyo tenía un presupuesto inicial de 82 mil millones de pesos. El COVID-19 obligó a reforzar partidas y llevó a más de 243 mil millones los fondos de Desarrollo Social en 2020, el 3,39% del Presupuesto ejecutado. Para este año, las partidas ascenderán a 500 mil millones de pesos y puede ser más si es necesario apelar a nuevas restricciones, según dijeron a elDiarioAR dos funcionarios que responden al ministro. Creada por Arroyo, la Tarjeta Alimentar representa la mayor del Presupuesto y repartirá este año un mínimo de 250 mil millones de pesos para apuntar a la emergencia alimentaria con el consumo de leche, carne, frutas y verduras. A eso se suman otras políticas alimentarias que abastecen comedores, merenderos y el servicio alimentario escolar. En 2020, esas partidas tuvieron asignados unos 40 mil millones de pesos, la mitad de lo que tuvo la Tarjeta Alimentar. 

El programa que promueven los movimientos sociales es el Potenciar Trabajo, una creación de Arroyo en base al Salario Social Complementario que había inaugurado Carolina Stanley: equivale a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, una variable que se derrumbó en los últimos tres años y quedó muy por detrás de la inflación. Con el último aumento -en 7 cuotas- que se acordó en el Consejo del Salario hace dos semanas, el SMVM que hoy está en $21.600 y llegará en febrero de 2022 a $29.160. Todavía en $10.800 pesos, el Salario Social Complementario es el componente central que debería ser estimulado ahora, de acuerdo a lo que plantean los movimientos sociales que forman parte del Gobierno. Hoy las partidas para ese programa rondan los 100.000 millones de pesos, la tercera parte de lo que representan las transferencias directas.

Una madre con tres hijos hoy cobra 12 mil pesos de la Tarjeta Alimentar y casi 10 mil pesos más de la AUH. Es apenas un paliativo para un escenario en el que el INDEC acaba de fijar la Canasta Básica Total en $62.957, el umbral mínimo para que una familia tipo quede apenas por encima de la línea de pobreza. Arroyo apunta a que la Tarjeta genere un efecto en el corto plazo y logre impedir que la pobreza siga creciendo. 

El debate se da en el marco de una segunda ola que alteró los planes del Gobierno camino a las elecciones. La convicción de Arroyo es que cuando el Estado pone plata en el bolsillo de los más necesitados las cifras de la marginalidad se reducen fuerte. Sin embargo, después el serrucho de la inflación vuelve a activarse y se come los ingresos en un espiral siempre desfavorable para los pesificados. Quienes defienden la linea Arroyo-Fernández sostienen que fue la pandemia la que obligó a cambiar de prioridades, en una especie de retorno al asistencialismo más básico, casi prekirchnerista, que tiene el apoyo de gobernadores, intendentes, organismos como UNICEF y curas villeros como el padre Francisco “Paco” Olveira. “Esta tarjeta está destinada en un 90 por ciento a las madres pobres con hijos y sé también que el objetivo final es la creación de trabajo en todo el país, pero no es tan fácil dar ese paso hoy por hoy”, dijo sacerdote del Grupo Opción por los Pobres en una entrevista con Radio Cooperativa. Esos avales contrastan con los cuestionamientos de los movimientos sociales. Secretario de Economía Social del ministerio que dirige Arroyo, Pérsico mantuvo hasta hace algún tiempo diferencias con Grabois por la ubicación dentro del Frente de Todos y el modo de dar la discusión sobre el rumbo del gobierno. Sin embargo, este debate los encontró unificados: tanto el líder del MTE, más cercano a Cristina Fernández y La Cámpora, como el dirigente del Movimiento Evita, identificado como parte del albertismo, cuestionaron la política de Arroyo. 

Según le dijo a elDiarioAR uno de los funcionarios que forma parte del Gobierno y es dirigente de una organización social, las alternativas eran tres: el anuncio que hizo Arroyo, el planteo de Pérsico en función de incrementar el Salario Social y la alternativa que proponía la agrupación de Máximo Kirchner, que la transferencia se hiciera vía AUH, que está aprobada por ley, se paga a través de la Anses y es un derecho que se mantuvo vigente incluso durante el gobierno de Cambiemos. Contra la doctrina de Martín Guzmán, La Cámpora plantea la necesidad de reactivar el Ingreso Familiar de Emergencia, el programa que 9 millones de personas cobraron en 2020, cada dos meses y también a través de la Anses. De esa discusión que se da puertas adentro, salió un resultado intermedio. En junio, la ampliación de la Tarjeta Alimentar para casi 2 millones de personas se hará efectiva a través de la Anses para los que todavía no tienen el plástico disponible. Más adelante, se supone que Arroyo logrará distribuir las tarjetas y cargarlas, como hace con el primer grupo de beneficiarios, el tercer viernes de cada mes. 

El tercer punto de la pulseada que se da en el Frente de Todos tiene que ver con el carácter de la Tarjeta. Cerca de Arroyo afirman que tiene un carácter transitorio y que el ministro no quiso ni siquiera sacarse una foto haciendo entrega del plástico para no utilizar políticamente. Todo lo contrario consideran los que cuestionan a Arroyo y dicen que una política de emergencia, destinada a un sector que ya es atendido por la AUH, aparece como nave insignia de la política pública y busca ser consagrada como una marca de la gestión. Otra vez, de fondo juega la crisis recurrente y la constante de políticas sociales de emergencia que se cristalizan después como operativos permanentes de reducción de daños. Por eso en el Frente de Todos, se discute también si la Tarjeta tiende a cumplir un rol similar al que tuvo la AUH -lo cual obligaría a ratificarla por ley del Congreso- o si adopta una vigencia temporaria como la que tuvo el IFE en 2020. Los críticos de Arroyo sostienen que vino para quedarse y por eso cuestionan con más fuerza los anuncios. 

En un ensayo de gobierno en el que las diferencias se discuten en público y la tensión dentro de la alianza es permanente, el ministerio de Desarrollo convocó el sábado pasado a un encuentro con los movimientos sociales cuyo saldo fue positivo. Participaron Pérsico, el secretario general de la UTEP Esteban “Gringo” Castro, el presidente del Mercado Central y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Nahuel Levaggi, la dirigente Natalia Manini, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y el director ejecutivo de Caritas Nicolás Meyer. Arroyo hizo propia la consigna del líder del Movimiento Evita y dijo que el foco pasa por cómo generar trabajo y fortalecer la economía popular. El debate sigue abierto, en un contexto difícil: vienen las elecciones, apura el crecimiento de la marginalidad y la presión de las organizaciones sociales, que ganan la calle con críticas a los Fernández y una política opuesta a la de los movimientos que son parte del Gobierno.

WC