Gobiernos de Panamá y de Chile y principal estudio implicado rechazan información de los Pandora Papers

Los gobiernos de Panamá y de Chile así como el principal estudio de abogados implicado en las filtraciones, Alcogal, reaccionaron este domingo a las informaciones y documentos difundidos en los Pandora Papers, un trabajo periodístico que reunió a 150 medios en 117 países, entre ellos elDiarioAR, que indaga en los patrimonios y negocios de jefes de Estado, expresidentes, funcionarios, empresarios, artistas, deportistas y fugitivos de la justicia. 

Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el gobierno de Panamá, país implicado en el supuesto blanqueo de billones de dólares, señaló: “Sin menoscabo a la libertad de prensa e información que respetamos decididamente, y con la intención de evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño, estamos trabajando de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país”.

El comunicado añade que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó al equipo directivo de la ICIJ “que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país”. El principal bufete que ha sido blanco de la filtración global tiene sede en Panamá.

Por otra parte, el gobierno panameño sostiene que la Superintendencia de Sujetos no Financieros “hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”. Además, la Dirección General de Ingresos (DGI) “iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas”.

El estudio de abogados ALCOGAL, uno de los principales implicados en estos supuestos blanqueos, rechazó lo que llamó “conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones”, basadas en los documentos del propio bufete.

En un comunicado de prensa, los abogados afirman: “Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos”.

“La publicación del ICIJ está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma. En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros. En otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas por ALCOGAL”, añade. “Se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es decir, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares aplicables han evolucionado”.

El estudio de abogados agrega que siempre colaboró con las autoridades y actuó de conformidad con las normas. “El ICIJ desconoce que antes de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas permitían que las firmas de abogados confiaran en la información de debida diligencia obtenida por los intermediarios profesionales (bancos, proveedores de servicios corporativos, fiduciarias, firmas de abogados, etc.), de quienes son realmente clientes directos los beneficiarios finales”.

Finalmente, ALCOGAL asegura que sus actividades son “exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa”. “Nosotros no prestamos servicios financieros, ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos

internacionales“.

El gobierno de Chile, en tanto, desmintió que el presidente Sebastián Piñera hubiera participado en 2010, durante su primer mandato presidencial, en la venta de una empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, mientras parlamentarios de oposición estudiaban iniciarle una investigación. Piñera y esa operación conforman una de las principal revelaciones de la investigación.

“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017, y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, precisó el Palacio de La Moneda en un comunicado. “La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”, detalló, según la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, parlamentarios de oposición iniciaron conversaciones para realizar una investigación a Piñera.

“Lo que hizo el presidente es gravísimo, haremos todas las investigaciones al respecto e incluso estamos analizando con la bancada la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema”, afirmó Gonzalo Winter, según la agencia Sputnik. “Constantemente nos enteramos de las irregularidades de los negocios del presidente Sebastián Piñera, quien no separa su rol político de su rol de empresario, haciendo negocios con nosotros, los chilenos”, agregó.

Según Pandora Papers, Piñera y algunos familiares eran los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones, que junto a las de su amigo Carlos Délano sumaban 56% de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En diciembre de 2010, Délano compró por US$152 millones el porcentaje de todos los socios de Dominga y la operación se concretó con un acta firmada en Chile por US$14 millones y otra en las Islas Vírgenes Británicas por US$138 millones, según los documentos revelados.

El pago se efectuaría en tres cuotas: la primera el 10 de diciembre de 2010 por 106,8 millones de dólares, la segunda por 21 millones de dólares el 18 de enero y la tercera por 9,9 millones de dólares el 31 de diciembre de 2011.

“Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero. El pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o no se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional”, lo que impediría el desarrollo del proyecto Dominga, reveló ICIJ junto a Ciper y LaBot.

CRM