Pequeña anécdota sobre la falta de instituciones

Más de dos millones de casos, 54.000 víctimas fatales, y pocas vacunas podría ser una síntesis de la pandemia de coronavirus en la Argentina. No sorprende que, en este contexto, más de la mitad de los encuestados esté en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno contra la enfermedad, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de diciembre de 2020.  La desconfianza en las instituciones no es un desarrollo novedoso en la política local: según otro estudio de 2019, menos de una cada diez personas confiaba “mucho” en el presidente, el Congreso nacional, la Policía, la Corte Suprema, su municipalidad o los medios de comunicación. Esta desconfianza se extiende a las vacunas contra el Covid: en diciembre, 69 % de los consultados temía que la aprobación fuera demasiado rápida, “sin establecer que fuera completamente efectiva y segura”. 

En enero pasado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció una campaña de vacunación de figuras conocidas, entre las que se encontraban la actriz Moria Casán. Sin embargo, estas personas no fueron convocadas de manera oficial, a través del Ministerio de Salud, sino por medio de contactos informales. A Beatriz Sarlo, por ejemplo, le escribió el director de la Editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, para preguntarle si estaba interesada en participar, y aclaró que lo hacía por pedido de Soledad Quereilhac, esposa del gobernador Axel Kicillof y ex alumna de la escritora. Sarlo contestó que no tenía ningún inconveniente de que se utilizara su nombre expresando su deseo de vacunarse, pero no quería recibir la dosis antes solo por ser un nombre conocido. “Me parece poco ético”, explicó. 

A los pocos días, contó en un programa de televisión que le habían ofrecido darse la vacuna contra el coronavirus “debajo de la mesa” y ella había contestado “jamás, prefiero morirme ahogada de Covid”.  La campaña de vacunación de famosos no se hizo o no se difundió: la publicación en la revista especializada The Lancet de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V, la gran cantidad de personas que se inscribieron para recibirla, y la escasez de dosis la hicieron innecesaria. Pero sí hubo figuras -algunas más notorias que otras- que aprovecharon sus contactos con el gobierno nacional para ser inmunizadas en secreto y sin esperar su turno, como Horacio Verbitsky o Eduardo Duhalde. Cuando se destapó este escándalo, Sarlo fue convocada como testigo en el juzgado que lo investiga. Su declaración indica que, si ella hubiera accedido o la campaña se hubiera hecho, la vacunación hubiera sido pública. 

Como muchos otros acontecimientos políticos, la convocatoria a participar en una campaña de concientización y la negativa de Sarlo por motivos éticos fueron interpretadas en clave partidaria. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quería usar la vacuna para cooptar intelectuales o Sarlo buscaba ensuciar al gobernador y a su mujer. Estas interpretaciones son inevitables cuando todo el proceso de vacunación parece poco transparente. Estos tres meses de campaña de inmunización registran desde potenciales delitos, como allegados a políticos que recibieron la primera dosis antes que el resto de los inscriptos, o el ministro de Salud de Corrientes, que trasladaba un lote de vacunas en su auto particular, hasta opacidad respecto al orden de prioridades. En algunos municipios de la provincia de Buenos Aires 25 % de la población ya fue inmunizada, mientras que en otros distritos solo tres de cada 100 habitantes recibieron la vacuna.

Las múltiples interpretaciones de la comunicación informal de la gobernación, la respuesta de Sarlo, sus declaraciones públicas, las explicaciones de Quereilhac y la réplica de su exprofesora se habrían podido evitar si la campaña de vacunación de famosos se hubiera lanzado de manera oficial, con una lista consensuada de figuras invitadas, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y luego se hubiera explicado por qué no se había llevado a cabo. Más que las intenciones de las personas involucradas estaríamos discutiendo decisiones de política pública. Quienes tuvieran interés en comprender el lanzamiento y posterior abandono de la campaña podrían leer documentación oficial del gobierno provincial en lugar de comunicaciones privadas. 

Esta pequeña anécdota sobre la falta de instituciones condensa, en parte, por qué gran parte de la ciudadanía argentina no confía en el presidente, ni en el Congreso, ni en la Corte Suprema, ni en la policía, ni en la municipalidad. Si estas instituciones fueran más transparentes y rindieran cuentas de sus decisiones tal vez serían más creíbles. La cobertura sesgada de algunos medios masivos de este episodio tal vez explique por qué no son más confiables para sus potenciales audiencias. La desconfianza no solo es una respuesta esperable si el sistema político se percibe como elitista, corrupto e inaccesible, sino que también puede servir para cambiarlo.

EM