Potenciar Trabajo: El fiscal Marijuan denunció a Victoria Tolosa Paz ante la Justicia por irregularidades

El fiscal Guillermo Marijuan realizó este viernes una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por supuestas irregularidades en el manejo de los planes sociales, particularmente del programa Potenciar Trabajo.

En su presentación ante la Justicia, Marijuan acusa a la funcionaria de no haber dado de baja a los 253.184 inscriptos a dicho programa que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular, y fue abierta una investigación por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia por parte del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 también incluye a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y actual secretario de la Economía Social, sumándolo al otro expediente instruido por el fiscal Eduardo Taiano.

Marijuan imputa a Tolosa Paz y a Pérsico en su demanda por “conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal”.

El documento presentado ante la Justicia Federal señala que el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 beneficiarios (un 18,30% del total) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en sus declaraciones juradas de Bienes Personales. Además, se especificó que 35.398 personas (2,56%) habrían comprado dólares como forma de ahorro en los últimos seis meses.

Según la presentación, se investigaron los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta que las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales son “incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables”.

De la investigación surgió que había 2800 personas fallecidas que continuaban cobrando el plan, un número que el Poder Ejecutivo redujo a 300. Sin embargo, también se verificaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 km, entre otras irregularidades.

Marijuan sostiene que más de un quinto de los beneficiarios no debían estar cobrando dicho programa, que representa un gasto de casi 7000 millones de pesos por mes al Estado Nacional.

En base a dos informes proporcionados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el fiscal pidió la suspensión de esos 253.184 planes. Por su parte, Tolosa Paz, al frente de la cartera hace poco más de un mes, dio de baja a apenas 2243 beneficiarios.

LC