“Reemplazar la 'temática de género' por 'violencia familiar' es retroceder tres décadas en avances conceptuales”

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizó ayer una nueva jornada de debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contó con la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.

En ese marco y en relación con la Ley Micaela, esta norma establece que solo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

Vale recordar que la Ley Micaela postula que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca de perspectiva de género y violencia de género. Las capacitaciones son obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 27.499, lo que se propone es lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, expresó su preocupación sobre los posibles cambios que podrían limitar el alcance y la efectividad de esta ley, cuyo objetivo es transformar la manera en que los agentes del Estado abordan diversas problemáticas.

Según Gherardi, la intención de restringir la ley únicamente a la violencia familiar y limitarla a ciertos organismos específicos, sería contraproducente. En sus palabras, “es no entender para qué existe”. La directora ejecutiva resaltó que el propósito real debería ser mejorar lo que ya está en marcha, sin necesidad de reformar leyes existentes. Además, enfatizó que la Ley Micaela cuenta con un recorrido de cinco años, durante los cuales se han elaborado materiales y llevado a cabo capacitaciones que han contribuido a su implementación.

“Reemplazar la ”temática de género“ por ”violencia familiar“ es retroceder tres décadas en avances conceptuales. No hay crisis económica que justifique borrar a las mujeres de lugares de representación política. Por eso solicitamos que se rechacen esas reformas”, dijo en su exposición Gherardi.

También se refirió a la reforma de la Ley de 1000 días y el impacto de la reforma política sobre la paridad.

Por otro lado, ayer también expuso el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó, quien cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus y advirtió: “Si se desregulan todos los órdenes de la vida social y económica va a haber menos y peor mercado”.

Y sobre los cambios en el sistema de salud, Leandro Cahn expuso la posición de Fundación Huésped. “El sistema de salud atraviesa una crisis. ¿Cuál de sus múltiples problemas resuelven esta ley y el DNU? Ninguno. Por el contrario, los agrava”, dijo el Director Ejecutivo.