Juicio por la obra pública en Santa Cruz: a las 17:30 se conoce el veredicto y luego hablará Cristina

Doce años de prisión y la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. A las 17:30, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 2 dirán cuanto de cierto hay en la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz y que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta hablará después del veredicto, indicaron fuentes del kirchnerismo.

Sin grandes movilizaciones, el propio kirchnerismo decidió frenarlas, y con un importante operativo de seguridad en los principales puntos de la Ciudad -el centro porteño, el Congreso y los tribunales de Comodo Py-, la vicepresidenta escuchará en su despacho del Senado la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la llamada “Causa Vialidad”. Luego, según informó la agencia Télam, la vicepresidenta se expresará por sus redes sociales.

Se trata del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-.

El caso tiene tal magnitud que los jueces se reunieron este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. Se estima que será una sentencia unánime.

La semana pasada, cuando pudo decir “sus últimas palabras” antes del veredicto, Cristina Fernández dejó en claro lo que pensaba del juicio, que estaba delante de un “pelotón de fusilamiento”.

Aunque no está relacionado con el fallo que se conocerá hoy, el mensaje en cadena nacional que el presidente Alberto Fernández dio este lunes es una muestra de como se vive dentro del oficialismo la decisión del TOF 2. El Presidente anunció que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Uno de los implicados es Julián Ercolini, titular del Juzgado federal 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

La lectura del fallo será virtual y la vicepresidenta, como el resto de los acusados, tendrá la obligación de mantener su cámara encendida al momento de escuchar la sentencia.

Mas de cien testigos pasaron a lo largo de un juicio que lleva más de tres años y medio y abarca a 13 imputados, incluyendo al empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y principal beneficiado de la concesión de la obra pública en Santa Cruz en los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner.

Sin embargo, la columna vertebral de la causa ha sido la prueba documental más que los testimonios. El punto en duda es si la fiscalía logró probar a lo largo del debate la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer a Báez, y hasta que punto corresponde la imputación de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de acusaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Además de la asociación ilícita, la vicepresidenta está acusada por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Aún cuando el Tribunal contemplara ambos delitos y con la pena máxima, Cristina Fernández no irá presa ya que por el cargo que ocupa tiene fueros. Es decir que antes deberá someterse a un juicio político en el que sea destituida. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. Por último, el próximo 19 de febrero, la vicepresidenta cumplirá 70 años, por lo que en caso de ser condenada deberá cumplir prisión domiciliaria.

El fiscal Diego Luciani es quien llevó adelante la acusación. Lleva trabajando en el TOF 2 como fiscal desde hace siete años. En su alegato final, Luciani solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez.

“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el 19 de agosto Luciani en su alegato final que duró nueve jornadas. “La corrupción fue la regla -subrayó en otro tramo-. El estado de derecho quedó rezagado. Este desequilibrio debe restaurarse en este juicio una sentencia justa”.

También pidió decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

El 23 de agosto, Cristina Fernández pudo hacer su descargo en el que aseguró que la sentencia “está escrita” y que “esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”. Un mes más tarde, la vicepresidenta lo denunció por prevaricato, un delito que implica sanciones contra quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

“Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”, dijo entonces Cristina, vinculando el atentado que sufrió el 1 de septiembre con el avance del juicio.

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos, y penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron castigos para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

La sentencia

Los jueces del Tribunal leerán la sentencia de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py, más allá de que los acusados seguirá la última instancia del juicio en forma virtual.

La jornada de hoy comenzó pasadas las 9:30 con las últimas palabras de Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos y presidente de Vialidad de Santa Cruz. Era el único de los imputados que quedaba por hablar antes del veredicto que se conocerá recién a las 17:30.

A persar de que el kirchnerismo decidió no movilizarse, grupos de personas comenzaron a acercarse a los tribunales desde temprano y para la tarde se espera la llegada de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D'Elía, que marcha desde Rivadavia y General Paz, en Liniers.

Quienes sí se expresaron por las redes fueron el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, Andrés “El Cuervo” Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Jamás podrán condenar sus ideas ni su proyecto político. Recuerden lo que dijo, 'No vienen por mí, vienen por ustedes'”. En la misma red, Evo Morales señaló: “Después de sobrevivir a un atentado contra su vida, enfrenta un juicio político armado por la derecha con la complicidad de algunos operadores corruptos de la justicia”.

CC