Sicariato en Córdoba

— Informe

Del asesinato de un arquitecto al crimen de Nora Dalmasso, la sombra de los sicarios sobrevuela los casos históricos de Córdoba

Entran y salen de Córdoba y del país cuando y como quieren. En esta provincia operan principalmente para bandas narcos peruanas, las que paradójicamente, tienen su base en barrio Alberdi, a pocas cuadras de la Central de Policía de Córdoba. El asesinato el martes 26 de enero pasado del cordobés Federico Mazzoni (47) en un exclusivo complejo de Playa del Carmen, puso de nuevo al sicariato en boca de todos. La víctima era muy querida en Córdoba y en Playa del Carmen, donde vivía hace 20 años. El problema del crimen organizado a manos del narco parece una problemática sólo de México y Colombia, lejana a nuestras tierras del cuarteto y la Reforma Universitaria. Pero no lo es tanto.

El sicariato en Córdoba

El crimen ocurrido en la Riviera Maya, a 6.280 kilómetros de Córdoba, no es ajeno a lo que sucede en esta provincia: la última novedad que hubo en Córdoba acerca de la actividad criminal a manos de sicarios, ocurrió el miércoles, cuando la Justicia detuvo a los asesinos del arquitecto Reynaldo Flehr (61), ejecutado la noche del 28 de diciembre del año pasado en su casa cercana al aeropuerto internacional “Ambrosio Taravella”.

Al día siguiente, su hermana, preocupada porque el arquitecto no se comunicaba con ella, lo fue a visitar y descubrió un cuadro macabro: el hombre sentado en una silla, maniatado con precintos plásticos en manos y pies y dos balazos calibre .22 en la cabeza, uno de los cuales le hirió el mentón y el cuello. En la mesa del comedor estaban la notebook, la tablet y el teléfono celular del arquitecto Flehr. El televisor estaba encendido a volumen muy fuerte.

La casa estaba algo desordenada, no revuelta. Y la víctima no tenía signos de haber sido torturado para que diga dónde se encontraba un presunto botín: “Fue un hecho planificado, muy prolijo”, confió un investigador de Homicidios de la Policía de Córdoba a elDiarioAR. Ese mismo día, la fiscal Claudia Palacios centró su investigación en el círculo íntimo de la víctima: el arquitecto había quedado viudo en 2014 estaba en pareja; tenía una hija con la cuál mantenía una relación distante y además, le temía a su yerno.

El miércoles a la madrugada, por orden de la fiscal Palacios fueron detenidos la hija de la Víctima, Irina Flehr (20), su pareja Leandro Moscarello (26), acusados de partícipes necesarios del homicidio. También, en otros operativos fueron detenidos los autores materiales del crimen: Samuel Moscarello (24) –hermano del yerno de Flehr-; David Silvestre (23) y David Suárez (24).

En una rueda de prensa, la fiscal Palacios le dijo a los medios que “la calificación legal es homicidio calificado por el uso de arma de fuego, aunque puede cambiar”. Además confirmó que “tenemos muchos elementos probatorios que nos llevaron a esta medida”, refiriéndose a los allanamientos y detenciones.

El abogado de Irina Flehr, Pablo Loza, le dijo a elDiarioAR: “La noticia de las detenciones nos tomó por sorpresa. Irina es su única hija y no tenían conflicto entre ellos. El tema de la sucesión de la esposa de Reynaldo y madre de Irina estaba solucionado; transitando los últimos pasos judiciales para que se le pudieran inscribir los bienes que formaban parte de la sucesión a Irina y su papá”.

Una alta fuente de la investigación confió a elDiarioAR que Silvestre, Suárez y Samuel Moscarello habrían cometido el crimen, convencidos por el yerno de la víctima, Leandro Moscarello, de que serían recompensados luego de que Irina Flehr se convierta en única heredera de sus padres. 

La misma fuente agregó que tras la muerte de la esposa del arquitecto, Verónica Berritella de Flehr en diciembre de 2014, la relación entre Irina y su padre se complicó. La chica en plena adolescencia -tenía 13 años- y un padre adulto -54 años- no supieron cómo convivir en medio del duelo. “Con el paso de los años, la relación tenía altibajos, hasta que llegó a la vida familiar el novio de la chica y la relación terminó de romperse”. En el chalé donde fue encontrado asesinado el arquitecto, vivieron padre e hija, luego se sumó Moscarello y la convivencia se hizo insostenible. “El yerno llegó a amenazar al arquitecto diciéndole: ‘Va a haber balas para vos’. El hombre decidió echarlos, pero no los dejó en la calle, con todas las idas y vueltas, era su hija, su única familia tras la muerte de su esposa. Además tenía un bebé recién nacido. Por eso, les dijo que se fueran a vivir a una de sus propiedades, ubicada frente al chalé familiar”, detalló la fuente a elDiarioAR.

Pequeña Lima

En los últimos años, el narcotráfico cordobés fue copado por bandas llegadas de Perú, que primero proveían de pasta base de cocaína a sus socios locales y después, decidieron desembarcar y manejar ellos el negocio. 

Estos grupos narcos se instalaron en barrio Alberdi y Alto Alberdi, a pocas cuadras de la Central de Policía, una zona que en los ’90 fue bautizada como Pequeña Lima: durante el menemismo, gracias a la convertibilidad del 1 a 1 y huyendo de la violencia política de Alberto Fujimori y Sendero Luminoso, miles de peruanos se asentaron en Alberdi, la mayoría de ellos, dedicados a la agricultura, la construcción y el comercio minorista. Tras la crisis del 2001, muchos regresaron a su patria. Y en los últimos años hubo una nueva migración, más puntual y ligada al delito.

Hace ocho meses, en junio de 2021, los cordobeses se estremecieron al enterarse de la detención de Didier Sabino Hurtado Riascos, un sicario colombiano conocido como “El Morao”. El colombiano Hurtado Riascos fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Constitución, y los investigadores del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba sospechan que antes estuvo guarecido en la Villa 31.

“El Morao” está acusado de haber secuestrado y torturado en diciembre de 2020 a un ciudadano peruano, que nunca se animó a denunciar el hecho ni a aportar datos a la Justicia. Por el mismo hecho, ya había sido detenido unos meses antes, un sicario peruano, Alan Huaytaya de la Cruz, imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, robo calificado y daño. Ambos delincuentes están detenidos en el complejo carcelario de Bouwer, una pequeña ciudad ubicada al sur de Córdoba capital.

En septiembre de 2019, el joven peruano Jonathan Sánchez (21), fue asesinado de tres balazos en Córdoba, en medio de una disputa entre dos grupos de narcotraficantes. Días después fue detenido un compatriota suyo, Alcides Joner Ariza Ríos (27), ligado al crimen, pero acusado formalmente del delito “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

En diciembre de ese mismo año, en la ciudad peruana de Chimbote fue detenido el sicario Tony Anghelo Luera López (26), acusado de haber asesinado a Jonathan Sánchez.

Pero el fenómeno del sicariato en Córdoba no está ligado sólo al narcotráfico, como lo exponen las decenas de series y películas que normalizan estas prácticas criminales a manos de capos como el colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria o el mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.

Hagan juego, señores

La noche del 6 de septiembre de 1991 cuatro disparos conmocionaron a la sociedad cordobesa: cuando llegaba a su casa de calle Larrauri 3.695 de barrio Residencial Vélez Sarsfield, el ingeniero Regino Maders (45), ex senador provincial por la UCR, fue asesinado por dos sicarios.

Uno de ellos disparó dos veces con un arma calibre .22 y las balas rebotaron en la vereda. El otro, Hugo Oscar Síntora, un ex policía cordobés dio en el blanco las dos veces: Maders murió desangrado por una herida en la aorta.

Al momento del asesinato, Maders, un militante alfonsinista del Movimiento de Renovación y Cambio, era directivo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a la vez que era decano de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Entre 1986 y 1989, Maders había sido senador provincial y como técnico en EPEC se había opuesto a que la Central Bazán, la más moderna de la compañía eléctrica cordobesa fuera concesionada a Fiat para su mantenimiento y explotación, como proponía el gobernador Eduardo Angeloz. 

También se había opuesto a la concesión de máquinas de videojuegos y su crimen quedó ligado a ambas cuestiones: corrupción EPEC y en el juego.

En 2005, 14 años después de su asesinato, la Cámara 1ª del Crimen de Cruz del Eje condenó a prisión perpetua al ex policía Oscar Hugo Síntora, por ser el autor material de los dos disparos mortales calibre 9 milímetros que acabaron con la vida de Maders. A su cómplice nunca lo encontraron. Síntora había sido detenido en 2002 y en 2019 recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora escribe un libro donde, promete contar los detalles del asesinato de Maders, del que él, afirma, es inocente.

¿Quién mandó a asesinar a Maders? Esa pregunta sigue sin respuestas tres décadas después. En 2005, en el llamado “Caso Maders II”, fue imputado como autor intelectual del asesinato, el ex diputado provincial radical, Luis Medina Allende, a quién absolvieron en 2008.

En diciembre de 1995, Medina Allende fue condenado a ocho años de prisión por estafa: en 1992, utilizando sus relaciones e influencias políticas –el diputado provincial de la UCR había ido al colegio con el entonces gobernador Angeloz-; el dirigente radical junto al empresario español Nelson Santiago Moreno García y el empresario noruego Jan Eric Moe convencieron al millonario alemán Martin Thesing para invertir en negocios inmobiliarios y la explotación de juegos de azar en la provincia de Córdoba.

Mediante un ardid, Medina Allende logró venderle a Thesing la vieja cárcel de mujeres del Buen Pastor, enclavada en el corazón de barrio Nueva Córdoba, para instalar allí un casino. Fue condenado en 1995 como coautor de estafa y falsificación de instrumento público; y autor de uso de documento privado falso“. Doce años después, en agosto 2007, el gobernador José de la Sota y la primera dama Cristina Fernández en su rol de candidata presidencial inauguraron un paseo de compras en el edificio de la ex cárcel de mujeres. 

También, durante el gobierno de De la Sota, se habilitaron las tragamonedas fuera de la Capital, y el empresario Miguel Angel Caruso a través de la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET) fue el beneficiado con las licitaciones del gobernador cordobesista. Luis Juez era intendente y se opuso a la instalación de casinos en la ciudad de Córdoba.

En la sentencia por el juicio contra medina Allende, Caruso fue nombrado más de una veintena de veces. Incluso el juez de Faltas, Miguel Torres, encargado de combatir el juego clandestino a nivel municipal, declaró que Caruso era “propietario de máquinas de video póker” y que estaba vinculado con el poder político nacional y provincial de la época.

Torres también declaró que mediante un anónimo le sugirieron que viajara a EE.UU. con su familia con todos los gastos pagos, que en un casino de Las Vegas, su esposa ganaría una cifra millonaria, que sería blanqueada al regresar a Argentina. En el expediente consta que la condición para ese pago era que “el declarante (Torres) permitiera instalar diez locales en distintos puntos de esta ciudad (Córdoba) donde funcionarían las máquinas”; y que “de esos locales, nueve podían ser allanados por el juez, pero el restante debía abstenerse de hacerlo, debiendo siempre comunicar cuál de los restantes locales iba a ser objeto de un allanamiento”.

Medina Allende murió en noviembre de 2019: la cárcel de mujeres de El Buen Pastor se convirtió en un centro comercial; el interior de Córdoba se llenó de máquinas tragamonedas y el empresario del juego Miguel Caruso, nombrado en la causa por el crimen de Maders, quiere revancha y suena como uno de los jugadores en la nueva y polémica Ley de Juego impulsada por el macrismo cordobés y aprobada por el schiarettismo el 29 de diciembre de 2021.

“Sicario al fiado”

El 17 de noviembre de 1998 las radios informaban en la primera mañana que el panadero Héctor Corradini, presidente de la Cooperadora Policial del Precinto 36 había sido secuestrado la noche anterior de su casa de barrio Los Naranjos y su cadáver fue encontrado a la madrugada. Días antes, Corradini, un militante radical que quería ser concejal había amenazado con denunciar la corrupción policial en la cooperadora por parte del jefe del Precinto 36, comisario Oscar Aguilar, quién recaudaba unos US$ 15 mil al mes y no rendía cuentas.

Ni bien ocurrió el asesinato, la fiscal Liliana Sánchez realizó una prolija investigación que apuntó a la mafia policial: Corradini fue secuestrado de su casa, su esposa Mercedes “Pirucha” Segalá no había llegado aún de la panadería, los dos sicarios tomaron un café con la víctima, tuvieron un trato amigable y después, cuando se complicó la situación, Corradini tranquilizó a sus hijos pequeños, diciéndoles que se trataba de un juego. El cadáver apareció horas después con tres balazos en la cabeza, esposado en la espalda, envuelto en su cubrecamas, en el asiento trasero de su VW Gol rojo, a sólo once cuadras de dónde lo capturaron. El arma asesina, un revólver calibre .32, salió del depósito de la comisaría del Precinto 36, donde estaba secuestrada por el suicidio de un anciano; y cuyo jefe era, precisamente, el comisario Aguilar.  

El asesinato del panadero Corradini es uno de los casos emblemáticos de la historia delictiva cordobesa, por el tiempo transcurrido hasta la sentencia –entre el crimen y la sentencia pasaron 18 años- y porque contiene todos los ingredientes de una novela negra: la víctima habría vendido autos robados y cobrado seguros de vehículos que habría autorrobado en complicidad con el comisario Aguilar; el matrimonio de Corradini y Segalá estaba en crisis, y la panadería acumulaba innumerables deudas.

Una fuerte embestida contra la fiscal Sánchez logró apartarla del caso. Otro fiscal apuntó a un complot de la viuda, los policías del Precinto 36 y de al menos, un sicario: “Mandrake” Quinteros: “Sin la participación de Aguilar, el crimen de Héctor no podría haber ocurrido. El comisario le dio el arma a Quinteros y liberó la zona”, acusó a fines de los ’90, Blanca Arolfo, madre de la víctima. Y su otro hijo, Oscar Corradini sumó sospechas: “Una mujer comisario le dijo a Héctor, días antes de que lo maten, que Pirucha (Segalá) le era infiel con Aguilar. Y que corría riesgo su vida”.

En julio de 2011, la viuda de Corradini, Mercedes “Pirucha” Segalá; el comisario Aguilar, el policía Mario Onainty y el sicario Mario “Mandrake” Quinteros fueron absueltos por la Cámara 9ª del Crimen. Esa vez, Quinteros, fue condenado a 7 años de cárcel por el secuestro del panadero.

A fines de 2016, Segalá fue juzgada nuevamente por la Cámara 3ª del Crimen y condenada a prisión perpetua, acusada de haber contratado a Quinteros para asesinar a su esposo. En ese juicio, “Mandrake” también fue condenado a perpetua; mientras que los policías Aguilar y Onainty fueron absueltos.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó la pena impuesta a la viuda y al sicario y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar la condena: la viuda fue condenada por codicia. Y los jueces cordobeses y los supremos coincidieron en culpar a Segalá, porque dos años después de que Corradini fuera asesinado, la viuda cobró dos seguros de vida de su marido por US$ 300 mil; y según la investigación, Mercedes Segalá utilizó parte de ese dinero para pagarles US$ 100 mil a Quinteros y un cómplice para que secuestraran y asesinaran a s esposo.

La fundamentación de los jueces provocó la ironía del defensor de la viuda, Miguel Ortiz Pellegrini: “¿Cómo una empleada de panadería, que vende bollos de pan y sólo sabe el precio de las medialunas, puede pagar un asesinato, convocar al jefe de una comisaría y a otro policía para que entreguen un arma a los sicarios? Por primera vez, escucho que un sicario comete un asesinato mafioso al fiado. Corradini fue muerto por un problema mafioso y el mafioso era él”.

A 23 años del asesinato del panadero, sólo están en prisión su viuda “Pirucha” Segalá y “Mandrake” Quinteros, el sicario que cobró a los dos años del crimen.

La última cena

Nora Dalmasso fue encontrada estrangulada y desnuda el domingo 26 de noviembre al mediodía en su chalé de Villa Golf, un barrio abierto con aires de country. Pablo Radaelli, su vecino de 72 años de edad entró a la casa de la familia Macarrón luego de que lo llamara por teléfono Delia Grassi, “Nené”, la madre de Nora, preocupada porque su hija no contestaba los llamados. La mujer sabía que Nora iba a estar sola el fin de semana: su yerno, el traumatólogo Marcelo Macarrón había viajado a Punta del Este, Uruguay, a disputar un torneo de golf con otros 15 golfistas, entre los que se encontraba el actual ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera. Su nieto Facundo, de 19 años, vivía en Córdoba, donde estudiaba Derecho; y su nieta Valentina, de 16 años, estaba en un intercambio estudiantil en EE.UU.

La última vez que madre e hija se habían visto, fue el mediodía del viernes 24 de noviembre, cuando almorzaron juntas: “Nené” había cocinado pescado con puré y huevos, sin saber que sería el último almuerzo que le serviría a Nora.

Como una paradoja del destino, Nora Dalmasso fue asesinada un 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por orden del dictador dominicano Leónidas Trujillo en 1960.

Más de 15 años después del crimen, el fiscal Luis Pizarro, el quinto que investigó el caso, imputó al viudo Marcelo Macarrón por el crimen de su esposa: lo acusa de haber contratado uno o más sicarios para asesinarla, mientras él estaba en Uruguay.

La lluviosa noche del viernes 24 de noviembre, Nora Dalmasso y un grupo de amigas que se llamaban a sí misma como “las congresistas” se reunieron a cenar en un coqueto restaurante ubicado a dos cuadras de la plaza Roca, la principal de Río Cuarto. Luego de cenar, un grupo de amigas siguió la reunión en una casa de Villa Golf, donde bebieron champagne Pommery. Cerca de las 3 de la madrugada del sábado 25, bajo una lluvia torrencial, Nora cruzó a su casa.

El sábado 25, Nora no dio señales de vida, ni contestó mensajes, ni llamados. El domingo 26 de noviembre a la siesta, su mamá, preocupada, llamó a un vecino y unos minutos después, Villa Golf se llenó de policías, vecinos y amigos de las familias Macarrón y Dalmasso y hasta el cura párroco y confesor familiar, Jorge Felizzia, vio el cadáver desnudo de la mujer. 

El primer fiscal del caso, Javier Di Santo, investigó una muerte accidental durante un juego sexual, hipótesis alentada por allegados al viudo Macarrón. Luego se sumaron al caso dos fiscales, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo, y los tres pusieron bajo la lupa al mismo tiempo al pintor Gastón Zárate y al hijo de la víctima, Facundo Macarrón, imputándolos del crimen, pero bajo circunstancias distintas.

Un cuarto fiscal puso al viudo en la escena del crimen al momento del crimen: lo inculpaba el abundante rastro genético suyo en el cuerpo de la víctima y la cama donde ocurrió el asesinato. Una chicana judicial por parte de la defensa de Macarrón, lo expulsó del caso.

En diciembre de 2006, el viudo dio una conferencia de prensa en Río Cuarto, donde dijo que perdonaba a su esposa asesinada, y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un crimen por encargo, respondió: “Yo creo que sería ridículo matar a la mujer amada. Encargo mío, no”.

Ayer, viernes, se sortearon los jurados populares que desde el 14 de marzo participarán del juicio contra Marcelo Macarrón, acusado formalmente de haberle pagado a sicarios para asesinar a su esposa.

Por un puñado de dólares

“Hay casos donde nunca se van a descubrir a los asesinos. Y cuando hablo de asesinos, no me refiero a los sicarios, a los autores materiales del hecho; sino a quiénes ordenaron el homicidio. Todo depende de cuánto esté dispuesto a pagar el patrón para que se cometa el hecho. Hay una imagen idealizada del sicario, que se ve en las películas y series, pero en Córdoba hay vidas que valen dos pesos”; detalla el ex comisario mayor y licenciado en Seguridad, Ariel Avila.

Este ex jefe policial que estuvo al frente de la División Antisecuestros y de la Dirección de Análisis Informático y Comunicaciones (DAIC) y ayudó a resolver el asesinato de Facundo Rivera Alegre, conocido como “El Rubio del Pasaje” -lo asesinaron mientras compraba cocaína en febrero de 2012- contó que “cuando estábamos investigando ese hecho, nos decían ”si lo buscan al Rubio en el cementerio de San Vicente, van a encontrar otros muertos, narcos que vienen de Bolivia y Perú, que los matan y los entierran en tumbas. Y también hay otras muertes que las hacen pasar como accidentes de tránsito y son ajustes de cuentas“.

Avila advirtió que “muchos casos los resolvimos porque los autores intelectuales contrataron a amateurs que dejaron rastros por todas partes. Y otros no se van a resolver jamás, porque lamentablemente fueron ejecutados por profesionales”.

Entre los primeros, está, por ejemplo, el caso del abogado Pedro Salvador Chirino (68), secuestrado, asesinado y desaparecido el 1 de febrero de 2007. Hugo Zuliani, un ex empleado del Poder Judicial fue condenado en 2010 a 12 años de prisión acusado de haber contratado al remisero y albañil Raymundo Oscar Carnavale (51), para secuestrar y asesinar a Chirino. Zuliani le debía $ 15.000 a Chirino, que era prestamista. El 31 de enero, Carnevale fue a hacer inteligencia al barrio donde vivía Chirino, se equivocó y tocó timbre en la casa de una vecina de la víctima. Por eso lo reconocieron y fue detenido. Zuliani y Carnevale fueron condenados por secuestro coactivo, no por el homicidio. Nunca apareció el cadáver de Chirino.

En el caso de los crímenes sin resolver se encuentra el asesinato del empresario Carlos Antonio Lorenzo (50), ocurrido en abril de 2007, quien fue encontrado por un guardia privado que trabajaba para él desde 2004: la víctima estaba tirada en su propio charco de sangre, degollada y con más de 30 puñaladas en el pecho, en un pasillo de su casa de Santa Rosa de Río Primero, 90 kilómetros al noreste de esta Capital. Además, le habían provocado tajos en los párpados.

“El Gallego” Lorenzo era muy conocido porque había amasado una importante fortuna gracias a varios locales de supermercados, estaciones de servicio y campos que tenía en el este provincial. Además había participado en la obra pública durante los gobiernos radicales.

Casi 15 años después de la muerte de Lorenzo, el caso está impune: “Fue un trabajo hecho por encargo”, confió un ex jefe policial a elDiarioAR. Nunca hubo sospechosos, ni imputados y menos, detenidos.

GM