Detuvieron al hijo de la viuda de un desaparecido, acusado de ser el asesino de su madre

Esta tarde, cerca de las cuatro y media, una comisión de la Policía de Córdoba al mando del fiscal Juan Pablo Klinger llegó al departamento de Fernando Albareda (53) en barrio Villa Cabrera y lo detuvo en las inmediaciones por el homicidio de su madre, Susana Montoya (74), ocurrido en su casa de Ampliación Poeta Lugones, la tarde-noche del jueves 1 de agosto.

El propio Albareda, ex militante de la agrupación HIJOS, y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había sembrado sospechas que el crimen de su madre había sido cometido por elementos ligados a fuerzas de seguridad y a condenados por delitos de Lesa Humanidad, en el marco de la ola de reivindicación del genocidio por parte del oficialismo de la Casa Rosada. En una de las paredes de la casa donde vivían la víctima y su hijo menor Ricardo, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

El informe de la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Forense concluyó que en la muerte de Susana Montoya “han confluido traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento”. El cuerpo estaba en el patio, semi tapado con hojas y excrementos de perros. Las aberturas de la vivienda no habían sido forzadas. Fernando Albareda denunció el viernes 2, cerca de las 19, que había visto a través de una casa vecina, a su madre tirada en el patio de su casa.

Según reconstruyeron los investigadores de Homicidios en base a las pericias, la noche del jueves 1, Susana Montoya cenó con su hijo Fernando. Y tras cenar, la mujer salió al patio a alimentar a los perros, cuando fue sorprendida por atrás por su asesino, quién la habría ahorcado con un lazo fino. La mujer quedó tirada moribunda y con vida, por lo que inmediatamente el asesino la habría golpeado con una loseta hasta matarla. Y luego le clavó el cuchillo de cocina. No hay huellas en ese cuchillo, y la soga aún no fue hallada. Las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona muestran al sospechoso cuando entraba y cuando salía de la vivienda de Miguel Andrés Caminos 4880 de barrio Ampliación Poeta Lugones.

El pasado domingo 4 a la noche, los investigadores de Homicidios le dijeron al fiscal Klinger: “El cúmulo de prueba objetiva y de indicios sitúan a Fernando Albareda como el autor material del hecho”. El fiscal les respondió que solo imputaría al sospechoso cuando tuviera pruebas concluyentes.

Ese mismo domingo, Albareda había declarado en la Unidad Judicial de Homicidios entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde. Una alta fuente del Gobierno de Córdoba, que monitoreó el caso permanentemente confió a elDiarioAR que “en todas las declaraciones presenta contradicciones”.

La otra hipótesis que seguían ponía como sospechoso a Ricardo Albareda, el hijo menor de la mujer, pero el hombre declaró en la Unidad Judicial de Homicidios que el jueves 1 había estado en Villa Carlos Paz en la casa de su ex esposa, con los dos hijos de la pareja, uno de ella anterior y uno hijo de él. Los detectives comandados por el comisario mayor Claudio Bustamante –jefe del Departamento Homicidios- confirmaron la versión y quedó descartado como sospechoso.

Entre las pruebas colectadas para imputar y detener al mayor de los hermanos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba resaltó, a través de un comunicado: “Se ha llegado a la decisión comunicada, a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense, las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar la participación del nombrado Fernando Armando Albareda en el hecho que nos ocupa.

A su vez, cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las Amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda“.

El MPF señaló además: “Se trata de Fernando Armando Albareda de 53 años –hijo de la víctima- quien fue imputado y detenido en el día de la fecha como supuesto autor del suceso encuadrado legalmente como Homicidio calificado por el vínculo. Se prevé que en los próximos días sea trasladado a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirle declaración con la debida asistencia legal, asegurándole el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes”.

El cruce de comunicaciones del teléfono del detenido, del teléfono de su madre; además de filmaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad, la Policía y las domiciliarias en más de 25 manzanas de la zona norte de esta Capital, ubicaron a Albareda en el lugar del crimen al momento de cometerse el hecho.

Amenazas no investigadas

 En los ’90 Fernando Albareda militó en HIJOS Córdoba, siempre muy ligado a Martín Fresneda, secretario de DDHH del último gobierno de Cristina Fernández y a cargo del área de DDHH del Senado durante el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, el propio imputado declaró a principios de esta semana, después del homicidio de su madre, que iba “a solicitar una audiencia con el gobernador (Martín) Llaryora, porque yo conozco a sus funcionarios, a sus ministros los conozco, porque fueron legisladores cuando yo fui asesor ocho años de Fresneda cuando era legislador”.

Actualmente, el mayor de los hermanos Albareda trabajaba como empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en calle Gato y Mancha de barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”.

Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa había sido investigada por el fiscal Klinger -el mismo que ahora lo detuvo por haber asesinado a su madre-; pero nunca se resolvió. “Si hubieran investigado bien esas amenazas a través de los expertos grafólogos de Policía Judicial, Susana estaría con vida”, se lamentó un dirigente de uno de los organismos de DDHH que a esta hora participa en la plaza San Martín de la ronda de los jueves de Madres de Plaza de mayo, donde se pidió “Justicia por Susana Montoya”.

La detención

Cerca de las 14.30 del día de hoy, Fernando Albareda le dijo al policía uniformado de consigna apostado de custodia en su departamento de Gato y Mancha 1750 de barrio Villa Cabrera, que salía hacia el médico, que ya regresaba. En la vivienda quedaba su hija mayor, una estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Policías de civil le hicieron un discreto seguimiento. Pasadas las 16, cuando estaba en la cuadra de su vivienda, los agentes de Homicidios se acercaron y le informaron acerca de la orden de detención. Y para evitar escándalos acordaron ingresar al departamento de Albareda para formalizar la detención y allanar el lugar en busca de elementos probatorios.

Cuando los policías llegaron al departamento de Albareda le informaron que tenían una orden de allanamiento y que quedaba detenido: “Esto es una injusticia, la verdad va a salir a la luz”, se quejó el detenido, según una fuente que participó del operativo. 

El hijo de Susana Montoya pidió hablar con su abogado y tras comunicarse telefónicamente con el abogado Claudio Juárez Centeno, a los pocos minutos su defensor llegó al lugar y supervisó el operativo comandado por el propio fiscal Klinger.

“Lo tenemos acá en Jefatura, tras ser revisado por el cuerpo médico forense va a ser derivado a Bouwer, esta noche ya va a estar alojado en Bouwer”, detallaron desde la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial, en referencia al complejo carcelario “Padre Luchesse”, ubicado en la vecina localidad de Bouwer, en las afueras de esta Capital.

Una reparación de $ 76 millones

El mismo día de las amenazas, el 8 de diciembre, cuando faltaban horas para que Juan Pablo Quinteros asumiera como ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Fernando Albareda se acercó y le dijo que le resolviera la reparación histórica de su padre, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y desaparecido por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1979. Además de ser policía, el subcomisario Albareda militaba en el PRT-ERP.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021.

Y el 8 de mayo, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución que otorgaba “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín”. 

La decisión administrativa era retroactiva al 7 de marzo de 2024 y autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970.

Se investiga si el homicidio se debió a que Susana Montoya quería dejarle su parte de la indemnización a sus nietos –los hijos de Fernando, Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021-; algo a lo que el mayor de sus hijos se oponía.

DM/GM