El subjefe de la Policía de Córdoba quedó preso por encubrimiento y vínculos con el crimen organizado

Cuando los policías llegaron a su casa en La Calera, el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No eran agentes de la Jefatura, sino los comisionados que trabajan bajo las órdenes de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, con especialidad en delitos económicos. El subjefe de la Policía cordobesa quedó inmediatamente detenido por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una investigación ligada a la protección de una “cueva” financiera y a la venta ilegal de neumáticos robados y teléfonos móviles.

A la misma hora en que el comisario general Mercado era detenido en esta localidad ubicada a sólo 18 kilómetros al oeste de esta capital, se realizaron diez allanamientos más en la propia casa de Gobierno cordobesa y en domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba, Arroyito, Río Segundo y la comuna de Lozada, donde además fueron detenidos otros dos policías, un empleado judicial y cuatro miembros de una misma familia que presuntamente integraban una banda dedicada a la venta de neumáticos, teléfonos celulares y lavado de activos provenientes de ese comercio ilegal.

Tras la detención de Mercado —es uno de los tres subjefes de la fuerza de 23 mil efectivos—, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa donde se anunció el operativo: “La detención se produjo a raíz de una investigación que se inició el año pasado, sobre hechos ilícitos de 2022 y 2023, un lugar de venta de telefonía celular donde también funcionaba una financiera y también tendría otro tipo de actividades como venta de neumáticos de origen ilegal”.

El funcionario señaló, además, que “hay funcionarios públicos del área de Investigaciones, un hombre y una mujer que prestaban servicios en esa área y que también están detenidos, un comisario inspector y una subcomisaria si mal no recuerdo sus jerarquías; pero hay ocho detenidos en total, los otros cinco son civiles; creo que también hay un empleado del Poder Judicial que está involucrado y detenido”.

Esta tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a elDiarioAR que, a través de una resolución del propio ministro Quinteros, se pasó a retiro obligatorio al subjefe Alejandro Mercado “atento a la investigación judicial en la que se encuentra involucrado”, “sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa con razón de las resultas del proceso judicial y/o administrativo que se lleve adelante en su contra”.

Además del comisario general Mercado, también fueron detenidos los policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera (asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica); la subcomisaria Verónica Aguilar (asociación ilícita); el empleado judicial Juan José Corzo (falsa denuncia y falsedad ideológica, presuntamente involucrado en el armado de falsas denuncias) y los integrantes de una familia de Arroyito, que tenían el teléfono celular de Lorena Aubán, una joven asesinada en la ciudad de Arroyito en 2007: Roberto Adrián “Coquito” Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge, todos imputados por el delito de asociación ilícita. Mientras que Fiorella del Valle Monge también está imputada y con orden de captura, pero no fue detenida por no poder establecer su domicilio.

De Delitos Económicos a subjefe de Policía

Con 35 años de carrera, el comisario general Alejandro Mercado hizo una meteórica carrera que lo llevó en la última década a ascender de jefe del Departamento de Delitos Económicos a subjefe de la Policía, cargo al que ascendió desde el 10 de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió como gobernador de Córdoba. Polémico y resistido por los cuadros medios de la propia fuerza, varias veces Mercado estuvo a punto de ser desplazado de la Policía, pero la excelente sintonía con dos fiscales muy allegados al poder político provincial, Raúl Garzón y Rubén Caro —que se jubiló hace pocos meses—, le permitieron sobrevivir. Con Quinteros como flamante ministro de Seguridad, el nombre del comisario general Mercado sonó como jefe de Policía, pero finalmente el gobernador Llaryora se inclinó por el comisario general Leonardo Gutiérrez, hasta entonces jefe de la Dirección General Departamentales Sur, como número 1 de la fuerza. Mercado fue nombrado como uno de los tres subjefes y las otras dos subjefaturas quedaron para la comisaria general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marín.

Un oficial en ascenso

Hasta junio de 2015, el comisario inspector Alejandro Mercado estaba al frente del Departamento de Delitos Económicos, y en los medios gozaba de buen trato cada vez que realizaba megaoperativos contra la venta ilegal de teléfonos celulares en la Galería Norte. Eran épocas en que la Policía de Córdoba era manejada con puño de acero por el comisario general Julio Suárez, quien no dudó en amenazar al periodista Dante Leguizamón que investigó el caso de gatillo fácil de Fernando “Güere” Pellico, asesinado en julio de 2014. 

Pero a mediados de 2015 la suerte del jefe de Delitos Económicos cambió para bien: el jefe del Departamento Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Alvarez, fue pasado a situación pasiva —como ahora le ocurre a Mercado—, fue relevado de su cargo, y además fue impedido de desempeñar ninguna función, portar su arma, ni vestir uniforme y se le retuvo el 70% del sueldo. “Alvarez se comió una bronca de arriba, una interna con Mercado”, contaron aquella vez.

Agentes del grupo de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al mando del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, allanaron la Jefatura de Policía y detuvieron al chofer del comisario Alvarez, el cabo de Robos y Hurtos, Franco Ormeño, sospechado de integrar una banda de secuestradores que en abril de ese año había capturado a Carlos Córdoba (73), padre de Daniel Córdoba, un presunto narcotraficante e informante de la disuelta División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, involucrado en el narcoescándalo que en 2013 terminó con los jefes de la División presos por encubrir narcos.

Con mucha razón, el desplazado Alvarez se había quejado por su desplazamiento: “Yo no puedo saber qué hace un policía de mi área cuando no está en funciones”. 

Así fue que de facto, el comisario Mercado se hizo cargo de Robos y Hurtos y, al poco tiempo, de Sustracción de Automotores; además de seguir comandando Delitos Económicos.

Ricos y famosos

En diciembre de 2015, cuando Juan Schiaretti sucedió como gobernador a José Manuel de la Sota, también hubo cambios en la plana mayor de la Policía y el comisario general Gustavo Vélez reemplazó como jefe al polémico Julio Suárez, quien fue pasado a retiro.

En mayo de ese año, delincuentes robaron una cantidad nunca precisada de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía de Córdoba, y trascendió que el propio Suárez, al enterarse del robo, le ordenó a Mercado recuperar las armas. Finalmente, la Justicia computó el faltante de 67 pistolas Bersa Thunder, de las cuales fueron apareciendo “por goteo” algunas, en distintos allanamientos “al voleo”.

Mercado cayó en el ostracismo y fue desplazado a una dependencia del interior. Pero la suerte volvió a salpicarlo, gracias a la buena muñeca y la buena llegada con los llamados “fiscales del poder” —Caro y Garzón manejaron causas de alto impacto mediático—.

La víspera de la Navidad de 2016, la noche del 23 de diciembre, en la vivienda de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, en un coqueto caserón donde estaba reunida la flor y nata de la política, la Justicia y el empresariado cordobés. Esa noche, un grupo comando copó la vivienda de Faustino Allende 410, esquina Sucre, y se alzó con un botín nunca declarado, tras maniatar a 22 invitados.

Siempre sobrevoló la sospecha de que el asalto en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Hermann Karsten, ligado al poder político de De la Sota y Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente ni bien ocurrió el hecho.

En esa fiesta estaban la dirigente peronista disidente Olga Riutort —ex esposa de De la Sota—, el juez federal Luis Rueda, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña, el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, el yerno de Panetta y exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el dirigente radical y docente universitario José Ignacio Cafferata Nores y el reconocido penalista Carlos Hairabedian —todos con sus esposas— quienes agasajaban al polémico empresario y lobbista Hermann Karsten, investigado en Argentina y Guatemala por diversos hechos de corrupción.

A las mujeres les robaron joyas y a los hombres relojes y plata. A todos les sacaron sus teléfonos celulares para evitar que alertaran sobre el robo, los metieron en una bolsa y los abandonaron en barrio Pueyrredón en un canasto de residuos.

Horas después del atraco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Víctor Barrionuevo, un subcomisario de Villa Allende, y cinco cómplices. En enero de 2017, con la causa paralizada, fue desplazado el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, comisario mayor Calixto Luna, y en su reemplazo fue nombrado como jefe Alejandro Mercado, rescatado del destierro por el fiscal Garzón.

En diciembre de 2018, casi dos años después del atraco, Barrionuevo y los cinco sospechosos fueron absueltos. En ese fallo, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen, Eduardo Valdés (presidente), Ítalo Vitozzi y Gustavo Ispani, ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Garzón, al juez de Control 5, César Lezcano, al comisario general Mercado y a otros policías, quienes están sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a Barrionuevo y los otros detenidos.

El crimen de la farmacéutica 

Los allanamientos de hoy ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se desprenden de un caso juzgado en la Cámara Octava del Crimen, en el cual aparece un teléfono celular involucrado en el homicidio de Lorena Aubán, una farmacéutica de la ciudad de Arroyito, asesinada el 22 de junio de 2007. La joven de 28 años fue hallada en el baño del local por su padre, Oscar Aubán. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, el torso semidesnudo, los pantalones bajos y las manos atadas. La autopsia reveló que fue estrangulada y violada. En la ropa había manchas húmedas de semen y, bajo sus uñas, restos de piel y sangre de su asesino. Le habían robado su teléfono celular, entre otras cosas de poco valor.

En abril de 2012, por el crimen de Lorena Aubán fue condenado a 14 años y seis meses de prisión Yonatan Arias, un adolescente que, cuando ocurrió el ataque mortal, tenía dieciocho años y serios problemas de adicción a las drogas. El principal sospechoso, el viudo Cristian Bizone, fue absuelto en un polémico juicio realizado en los Tribunales de San Francisco, donde dos de los jurados populares denunciaron que les cambiaron su voto.

Además de Arias, en ese juicio fue condenado por encubrimiento Alberto “Calmao” Flores, un hombre que trabajó de seguridad privada de políticos en campaña cuando visitaban esta ciudad del este cordobés.

A Flores lo vinculan directamente con el teléfono celular de Lorena Aubán: el seguimiento del chip del aparato permite ubicarlo en Córdoba. Lo estaba usando una mujer. Al ser interrogada, la mujer declaró que lo había comprado en un local de la Galería Norte, cuyo dueño es Adrián “Coquito” Monge, uno de los detenidos esta mañana.

En 2007, cuando la Policía interrogó a Adrián “Coquito” Monje, este declaró: “Me lo vendió ‘Calmao’ Flores, como era de confianza ni le borré el IMEI”.

La Galería Norte, el lugar donde al comisario general Alejandro Mercado, le gustaba encabezar operativos para la prensa.

GM/JJD