Abolicionismo o regulación

— Informe España

El debate sobre la prostitución, mucho más que abolir o regular

Si hay un tema que ha dividido históricamente al feminismo ese es, sin duda, la prostitución. Desde la teoría –cuál es el significado de la prostitución y su contribución al patriarcado–, a la práctica –cómo abordar el asunto con políticas concretas y cuáles pueden ser los efectos colaterales– pasando por los interrogantes y el debate –¿no es también el trabajo doméstico una institución patriarcal sostenida mayoritariamente por mujeres explotadas?, ¿es posible decidir libremente cuando no tienes otras opciones?, ¿hay un sexo bueno y uno malo?–. Lo que sucede en muchos países también pasa en España. La ley del solo sí es sí, primero, y la proposición de ley del PSOE para luchar contra el proxenetismo después, han vuelto a traer a la arena política el debate.

Más allá de la polarización, alimentada por la pugna política sobre la hegemonía de las políticas de igualdad, el debate cuenta también con voces feministas matizadas. Entre el binomio aparentemente inamovible de abolición o regulación hay posiciones que toman ideas y propuestas de ambos lados, que comparten objetivo pero no necesariamente argumentos y medidas o que apuestan por no poner el foco en la división e intentar construir consensos.

Exdirectora del Instituto de las Mujeres y ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno es una de las feministas abolicionistas que más ha investigado y escrito sobre el asunto. Se muestra rotundamente abolicionista y partidaria de la propuesta que ha presentado el PSOE y que ha sido admitida a trámite en el Congreso. Cree, eso sí, que no se le puede denominar una ley abolicionista. “Es una modificación del Código Penal para penalizar el proxenetismo. Una ley abolicionista tiene que ser una norma completa, con medidas de apoyo, con itinerarios reales de salida de la prostitución y que tenga en cuenta que el 80 o el 90% de quienes la ejercen están en situación irregular”, explica. Gimeno pone como ejemplo la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional que ha elaborado la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y que sí incluye todo un capítulo dedicado a medidas concretas para las mujeres.

Gimeno subraya que la abolición debería pasar necesariamente o bien por la derogación de la Ley de Extranjería o bien por una reforma y una regularización que permitiera a las mujeres en situación irregular salir de la espiral de vulnerabilidad y miedo. Es ese punto, el de cambiar la Ley de Extranjería, el que quizá genera más consenso entre distintas posiciones. La socióloga Amparo Lasén, crítica con los postulados teóricos que sostienen las posiciones más abolicionistas, sostiene que no puede descontextualizarse la prostitución de las condiciones en las que se da. “¿Qué posibilidades tienen estas mujeres de hacer otras cosas?, ¿cuál es su situación legal?”, se pregunta. Abordar la Ley de Extranjería es también para ella condición indispensable para mejorar la situación legal y el marco en el que se mueven las mujeres que ejercen la prostitución.

Trata, explotación, prostitución

Lasén afirma que hay que diferenciar fenómenos que, aunque se relacionan, tienen diferencias, como es la prostitución, la trata y la explotación. “Me preocupa la precariedad, la trata y la explotación, pero toda, la que tiene fines de explotación sexual, pero también la laboral, la que se produce para el trabajo doméstico o el trabajo agrícola. Me preocupa la falta de derechos y la vulneración de quienes se dedican la trabajo sexual”, dice. “Al mismo tiempo no puedo obviar que hay una estigmatización de la prostitución que está relacionada precisamente con la precariedad o que está atravesada por la dominación masculina y el género, pero como lo está el resto de la sociedad o de las relaciones laborales. ¿O no están atravesadas por el patriarcado las condiciones del empleo doméstico?”, prosigue.

Para Martina Kaplún, experta en género y trata que se define como abolicionista, la prostitución “atenta contra la mera idea de igualdad entre hombres y mujeres” y no comparte la idea de que pueda ser considerado “un trabajo como otro cualquiera”. En lo que sí insiste es en diferenciar fenómenos, aunque considera “clave” no hacer “una minimización” del peso de la trata en la prostitución. “Son diferentes y confundirlo no es un discurso que ayuda. No es lo mismo una mujer que se ha visto abocada a la prostitución por necesidad que otra que ha sido trasladada de otro país y obligada y forzada”, sostiene Kaplún. Aún así, reconoce que no se puede obviar que “tienen una relación muy estrecha” y que existe la trata donde existe la prostitución. “Los consumidores y el mercado son los mismos. Y esto hay que decirlo claramente”, añade.

Pobreza y machismo

Más de 20 años lleva trabajando la Fundación Cruz Blanca con mujeres en situación de prostitución. Su modus operandi se basa en una primera fase de acercamiento para ofrecerles posteriormente servicios como asesoría jurídica, mediación, talleres, atención psicológica o acompañamiento. Su objetivo fundamental es “dar apoyo” a las mujeres que así lo demanden y necesiten y se abren a hacerlo con organizaciones con las que incluso no comparten posición en el complejo debate sobre cómo abordar la prostitución. No significa que no hayan tomado partido: la fundación se define como abolicionista y considera la prostitución una actividad “incompatible con la dignidad humana” y con “la igualdad o la libertad” y que debe desaparecer porque “no tiene cabida en una sociedad avanzada”.

“Las mujeres que se encuentran en una situación de prostitución están sufriendo una situación análoga a la tortura”, remacha la Referente de Programas de Trata de la entidad, Carmen Martínez-Raposo. Sin embargo, la fundación defiende un abordaje del problema “integral” que vaya “al fondo”, y entre otras cosas, menciona la Ley de Extranjería: “Hay un montón de sistemas que se yuxtaponen y un entramado muy complejo al que hay que dar una respuesta amplia más allá del debate sobre la prostitución. La mayoría de mujeres están invisibilizadas porque están en una situación irregular y se ven abocadas a la prostitución como única alternativa. Y eso hay que atajarlo de raíz”, añade.

Coincide con ella Kaplún, que se niega a pensar que los habituales bloques en los que suele separarse el debate sean irreconciliables. “Debemos intentar construir acuerdos poniendo a las mujeres en el centro y dejarnos de grandes eslóganes que no construyen, sino que generan vacíos. Para mí, el abolicionismo es un camino al que debe ir la sociedad y aquí y ahora, en nuestro contexto, pasa sobre todo por construir políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres”, sostiene la experta, que ve “muy interesante” el debate en términos teóricos, pero cree que “en la práctica” es “útil” intentar llegar a consensos.

Kaplún apunta a un abordaje que se centre en la conexión “enorme” que se da entre “prostitución y pobreza y prostitución y machismo” y llegue a “atacar las causas estructurales que lo posibilitan”. Por eso, para ella, la aproximación al abolicionismo pasa por “plantear un enfoque de derechos humanos real en cuestiones como la salud o la vivienda. ¿Cuántas de estas cuestiones estaríamos cerca de resolver si hubiera un parque público de vivienda social disponible para mujeres en situación de pobreza? ¿O una renta básica, por ejemplo?”, se pregunta.

Esa conexión es la que también apunta María José Barrera, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “Nos sacan esta ley sin el plan de inserción para prostitutas que han pregonado. Las puertas de la prostitución son los servicios sociales. La mayoría de prostitutas no accedemos a ayudas ni a medidas de estas porque no cumplimos los requisitos. Y, además, ¿de todo esto que prometen se podrán beneficiar las inmigrantes sin papeles? Nosotras también queremos abolir todo el sistema y ojalá la prostitución no existiera, pero reivindicamos que las trabajadoras sexuales tengamos derechos. Esta ley no va a hacer que la prostitución desaparezca, como no ha sucedido en otros países”, critica. Barrera señala las contradicciones de la situación actual, como que el Congreso debata esta ley mientras “han dado licencias a los empresarios para sus clubes” o la prostitución cuente para el PIB.

Endurecer el Código Penal

La propuesta presentada por el PSOE, que fue admitida a trámite con el apoyo del PP y el voto dividido de Unidas Podemos –los siete diputados de En Comú Podem se desmarcaron del sí del resto del grupo confederal–, propone endurecer el castigo del proxenetismo no coactivo, multar a los clientes e introducir la figura de la tercería locativa para perseguir a los dueños de los locales y clubes. Todo ello sin necesidad de que exista explotación de la prostitución ajena, como exige actualmente la ley, e independientemente del consentimiento de las prostitutas

Beatriz Gimeno se muestra a favor de estos cambios: la sanción al cliente no acabará con la demanda, aventura, pero sí tendría “una función pedagógica” y en cuanto a las otras dos medidas considera que ayudan a remover obstáculos para perseguir el proxenetismo. Sin embargo, no todas las voces abolicionistas los ven con buenos ojos. Desde la Fundación Cruz Blanca, Martínez-Raposo sí piensa que cuestiones como las multas a los clientes “pueden ayudar a desincentivar el consumo de prostitución”, pero “hay que tener mucho cuidado” porque “si no lo acompañamos de la garantía de que estas mujeres tengan otras alternativas y que sean reales, estaremos sumiéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Es algo así como: no te doy alternativas e imposibilito que puedas tener un sustento. Y esas alternativas debemos pensarlas bien. Por ejemplo, un programa de empleo, que sabemos que va a tener acceso un número limitado de mujeres porque muchas están invisibilizadas o en situación irregular”.

Kaplún, que defiende un enfoque “preventivo” y no “punitivo”, reconoce que “uno de los pilares del combate contra la prostitución tiene que ir por combatir a la industria proxeneta”, que es el objetivo que tiene la iniciativa que se está debatiendo con la reforma del Código Penal. “Los dueños de los clubes explotan a las mujeres”, zanja contundente la experta. Pero al mismo tiempo cree que este tipo de medidas “deben ponerse en cuarentena” porque “pueden acabar generando vulneración de derechos” al fomentar “que las mujeres sigan ejerciendo pero en condiciones de mayor clandestinidad debido a la falta de recursos sociales disponibles para ellas”.

La socióloga Amparo Lasén no está de acuerdo con que las políticas tengan que ir en esa dirección porque duda de sus efectos: “Hay que poner en el centro qué efecto van a tener esas políticas sobre las mujeres que ejercen la prostitución”. María José Barrera asegura que estos cambios “apenas rozarán una miajita” a los grandes empresarios de clubes, que cuentan, legalmente, con licencias de hospedaje. “Dicen que con esta ley no van a por nosotras pero la ley es interpretable y puede que se aplique a las putas organizadas o a las que dejan de serlo y montan sus pisos”, advierte.

Un largo camino le espera ahora por delante a la norma que ha abierto el melón sobre cómo encarar la prostitución en España, que ha estado políticamente relegado y que se escenificó durante el bronco debate en el pleno de esta semana. Fuera del hemiciclo, quienes trabajan cada día en ello, reclaman un trámite sosegado en el que se escuche a las propias mujeres. “A todas”, dice Kaplún. Para que en el laberinto sin salida en el que suele convertirse el debate cuando adopta la forma de dos bloques inmutables, se atisben salidas a través del consenso. “No se trata de no defender nuestro discurso, pero al final estamos aquí para buscar soluciones reales, no para discutir si somos más o menos feministas”, zanja Martínez-Raposo.

ARA/MB