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Informe

Faltan 24 mil aulas para garantizar la cobertura en salas de 3, 4 y 5 de jardín de infantes

El Jardín de Infantes Rural y de Islas de Matrícula Mínima (JIRIMM) n°7 del municipio de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

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Aunque en los últimos años se avanzó en la construcción de jardines de infantes, aún se necesitan al menos 24.202 aulas nuevas para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Estos datos surgen del informe “Importancia del nivel inicial: evidencia, costos y desafíos pendientes”, de Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El documento, el primero de una serie de informes que destacan buenas prácticas educativas, ofrece una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial. Además, analiza el costo que implicaría la cobertura total de las salas de 3, 4 y 5 a nivel nacional.

Los autores determinaron que el mayor déficit se encuentra en sala de 3, donde faltan 17.399 aulas; mientras que en las salas obligatorias la deuda es menor: hacen falta 5.144 aulas en sala de 4 y 1.659 en sala de 5.

Esta cuenta pendiente impide que los niños y niñas argentinas aprovechen los múltiples beneficios del nivel inicial. Los autores aseguran que la educación temprana lleva a mejores rendimientos en Lengua y Matemática en la primaria, mayores tasas de permanencia, el incremento del número de años escolares completados, reducción de las tasas de abandono, mejoras en la probabilidad de graduarse de la secundaria y mayores probabilidades de matricularse en la universidad.

Para estimar el costo de construcción de las aulas necesarias, los autores plantearon dos escenarios. El primero prevé que solo es necesario construir aulas, mientras que el segundo supone escuelas completas. El primer caso representaría 2,13% del gasto anual en educación entre Nación y las provincias para el año 2021, mientras que el segundo costaría el triple: 6,66% (2.118 millones de dólares). Esto equivale e la incorporación de alrededor de 521 mil alumnos al sistema educativo por año. 

El coautor Martín De Simeone dice que “la educación inicial es un derecho, pero sabemos que eso, lamentablemente, no suele ser suficiente para promover inversiones en el sector”. Explica que “si bien el costo de expandir la oferta de educación inicial no es menospreciable, se trata de una inversión que, con el tiempo, se paga sola”. 

La evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardín de infantes marca una diferencia sustantiva en el futuro de cada niño y niña. Los datos muestran que garantizar el acceso al nivel inicial de todos los niños y niñas redunda en mejores trayectorias educativas, aprendizajes más robustos y habilidades sociales más desarrolladas. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial”, afirma Melina Furman, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés.

Si bien el acceso temprano a la educación tiene múltiples beneficios, algunas investigaciones señalan que una expansión demasiado ambiciosa podría afectar su calidad. Es por eso que recomiendan un “balance” entre la ampliación de aulas disponibles y la atención a la calidad educativa. Por otro lado, los estudios recomiendan focalizar la expansión del acceso en los niños de familias desfavorecidas, aquellos más se beneficiarían de una educación temprana de calidad.

“El informe evidencia la importancia de la educación y cuidados en la primera infancia, así como su interés político creciente, con datos alentadores sobre el aumento de la cobertura. Sin embargo, su impacto positivo radica no solo en el acceso sino en la calidad del servicio, dependiente especialmente de su institucionalidad y profesionalismo. Tres cuestiones pueden puntualizarse más allá de la construcción de aulas: la escasez y fragmentación de la oferta de 0 a 3 años, la consideración del rol de las familias en esta etapa y la imperiosa atención a la cualificación del personal en cuanto a formación y condiciones laborales”, concluye Gabriela Fairstein, docente de UBA y FLACSO.

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LC

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