Granjas de cerdos en Chaco: en el territorio qom temen a las inversiones chinas y la justicia pidió informes a Cancillería sobre un acuerdo
Una amenaza recorre el Espinillo. El primer indicio lo detectó Ángel Meza, integrante del pueblo qom de esta localidad ubicada al noroeste de la provincia de Chaco, en Argentina, cuando en los primeros días de abril de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, el gobernador Jorge Capitanich decretó como esencial a las actividades relacionadas con el agronegocio.
La segunda pista fue un video de Facebook. En noviembre del año pasado, Capitanich subió a su página personal una conferencia donde se le veía expectante por el proyecto con empresarios chinos para instalar plantas porcinas en tres puntos de la provincia. El documento se había firmado en octubre pero Carlos Leiva, integrante también del pueblo qom, se enteró un mes más tarde a través de internet. “Vimos en las redes sociales que iba a venir gente china para poder producir banana, mango, y después (ganado) porcino. Así que entre los hermanos nos avisamos del proyecto”, cuenta.
Los spots anunciaban que en cada factoría se criarían 12 mil cerdos. A ellas se le iban a sumar miles de hectáreas de soja y maíz para alimentarlos, y millones de litros de agua para garantizar el funcionamiento de las granjas. “Para producir un kilo de soja se necesitan al menos 2.100 litros de agua y uno de cerdo, 5.900 litros”, dicen diferentes especialistas en el libro sobre los 10 mitos y verdades sobre las megafactorías de cerdos.
El tercer indicio lo escucharon Meza y Leiva a través de la radio local. En distintas entrevistas, entre fines del 2020 y comienzos de este año, el intendente del Espinillo, Zenón Cuellar, anunció que por primera vez llegarían inversiones chinas al pueblo. Decía que los empresarios querían “venir a trabajar la tierra” por veinte años para realizar “actividades productivas”.
En menos de un año, Ángel Meza y Carlos Leiva, junto a otros pobladores de distintos parajes de la zona, fueron testigos de cómo los silencios y rumores le fueron dando forma a un proyecto que está a punto de aterrizar en la puerta de su casa sin ser consultado.
El desmonte avanza en Chacho
En el Chaco, donde los bosques nativos coinciden con los territorios habitados por pueblos indígenas y poblaciones criollas, el pulso de la tala y la deforestación van a un ritmo tan sostenido como acelerado. Así fue que el sistema productivo provincial se transformó de manera violenta a lo largo de las décadas.
Desde 1996, con la instalación del modelo de producción agrario basado en las semillas genéticamente modificadas, el medio ambiente tuvo un punto de no retorno: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que entre 1998 y 2006 se deforestaron en la provincia más de 245 465 hectáreas de bosques nativos. A pesar de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en 2007, los desmontes continuaron. Un ejemplo reciente: entre 2016 y 2019 en Chaco se deforestaron más de 130.487 hectáreas de monte nativo.
A pesar de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en 2007, los desmontes continuaron. Un ejemplo reciente: entre 2016 y 2019 en Chaco se deforestaron más de 130.487 hectáreas de monte nativo.
Incluso durante la pandemia la tala no paró. Un monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace reveló que en el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) —con el cierre de fronteras mediante— entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020 se arrasó en la región chaqueña con 38.852 hectáreas de bosque nativo: dos mil más que durante el primer semestre del 2019.
La doctora en Ciencias Sociales Mariana Schmidt, especializada en el análisis de políticas de Ordenamiento Territorial, conservación de la naturaleza y gestión de cuencas hídricas en el norte argentino, explica que “el avance de la deforestación genera numerosas afectaciones y consecuencias ambientales y sociales. La desertificación, la salinización de los suelos, la pérdida de biodiversidad, así como las inundaciones y sequías son cada vez más recurrentes en la zona, como resultado del avance de la frontera agroindustrial que se instaló en los territorios en las últimas décadas”.
El Espinillo, ubicado en el interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, no es una excepción dentro de la provincia. La antropóloga Luz Vallejos, que trabaja en distintos proyectos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde hace más de una década, recuerda que el esplendor de la tala empezó entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Hoy, aunque el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos haya declarado la zona en 2009 como de tipo II de conservación —es decir, un área con mediano valor de conservación, sobre la cual se pueden hacer actividades sostenibles, turísticas, de recolección o científicas—, la tala ilegal de árboles ancestrales es una realidad que desconoce la legislación.
La Ley 26.331 de Bosques Nativos del 2009 estableció que cada cinco años se debían hacer reactualizaciones de las categorías de protección de los bosques mediante consultas participativas. Pero durante la siguiente década, el gobierno provincial no realizó las actualizaciones que establece la ley: gran parte de los bosques catalogados con alto y medio nivel de conservación fueron considerados con el nivel más bajo. Por causa de la falta de fiscalización y de una correcta aplicación de la ley, la provincia permitió la deforestación de miles de hectáreas. Por eso, en octubre del 2020, la justicia chaqueña resolvió la inmediata suspensión de la remoción de bosques hasta que no se realice la actualización del ordenamiento territorial. “Ahora el gobierno está súper apurado en actualizar, pero aún así siguen habiendo desmontes [deforestación]”, cuenta Carla Colombo de la organización Somos Monte.
La falta de actualización de las categorías de protección de los bosques y las idas y vueltas gubernamentales tienen un impacto directo, por ejemplo, en el Espinillo, en la localidad donde las inversiones chinas quieren arribar. “Todo el tiempo se ven camiones en la ruta llevando troncos. El desmonte no paró, nunca se frenó y tampoco hay control de la dirección de Bosques”, denuncia Vallejos.
Carta al gobernador ante la desinformación
Carlos Leiva tiene 40 años y es auxiliar docente de la escuela E.E.P. Nº 855 Cacique General Toba Colompotop en el paraje Olla Quebrada, uno de los tantos parajes del Espinillo. Vive en un territorio comunitario de 150 mil hectáreas, de las cuales diez mil han sido medidas y tituladas en beneficio de varias familias indígenas y criollas. En la zona, un bosque semiárido que incluye sabana, humedales y ríos, se mezclan el monte de xerófilas, las chacras viejas —producto del boom algodonero de los ochenta— y los vacíos que deja la tala.
Cuando Leiva se enteró del proyecto, en diciembre de 2020, nadie en el Espinillo sabía el detalle del convenio. El intendente Zenón Cuellar no precisó quiénes llegarían, ni qué harían ni qué impacto tendría. Cuellar se manejaba con mucha discreción: además de ser el representante municipal —lo cual le permite impulsar el acuerdo—, preside la Asociación Civil Meguesoxochi, es decir, también representa legalmente a las 36 comunidades indígenas del Espinillo. “Primero dijeron que iban a ocupar dos mil hectáreas. Ahora son tres mil. Decían que iban a producir mangos y cítricos. Ahora anuncian que también van a plantar algodón y maíz. Creemos que en la distribución interprovincial del trabajo para la llegada de estos proyectos, acá tocaría producir alimentos para los chanchos”, cuenta Vallejos ante el avance agroindustrial sobre el territorio chaqueño.
Frente al vacío de respuestas de la Municipalidad, Carlos Leiva, Ángel Meza y un sector de la población escribieron una carta al gobernador Capitanich. No querían que las empresas ingresaran a sus territorios sin consulta. Nunca recibieron respuesta. Ante la llegada de más rumores e informaciones cruzadas, la población indígena y criolla decidió manifestarse en contra de cualquier proyecto en la región sin la previa realización de las consultas participativas. “Hicimos seis asambleas en distintos parajes, la última en la Sirena, a 30 kilómetros del Espinillo. Decidimos rechazar por falta de consulta. Hay un montón de cosas que los habitantes queremos saber del convenio, dónde está el acuerdo, si el gobernador sabe”, cuenta Ángel Meza.
La falta de consulta previa libre e informada es uno de los reclamos que las comunidades indígena sostienen hace meses, exigiendo que se respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y distintos instrumentos nacionales e internacionales. “La población tiene que ser consultada siempre sobre cualquier decisión, para cualquier actividad que pueda afectar de alguna manera u otra a la comunidad”, explica Carla Colombo de Somos Monte.
En marzo, Cuellar hizo las primeras reuniones con empresarios de la chino-argentina Feng Tian Food, confirmaron los dirigentes del pueblo qom. Cuentan que en un principio el proyecto se iba a hacer en las tierras comunitarias. Para eso toda la comunidad —es decir, todos sus dueños—, debían estar de acuerdo. Muchos pobladores, sin embargo, se negaron. Entonces los empresarios y el municipio, explicaron Leiva y Meza a elDiarioAR, se interesaron por las diez mil hectáreas que tienen títulos individuales, y por tanto pueden comprarse o alquilarse sin la necesidad del visto bueno de toda la comunidad. Esas hectáreas están ubicadas en Olla Quebrada y es allí donde aseguran intentan hoy aterrizar los capitales chinos.
Para esos días de marzo, Carlos Leiva y cien vecinos organizaron una reunión bajo el Cristo tallado en madera que está en la entrada del Espinillo. “Salimos para reclamar y protestar: es peligroso porque no sabemos qué convenio se está trayendo. No sabemos en qué consiste el proyecto porque a nosotros nunca nos llegó una propuesta”, dijo Leiva ante la mirada de los pobladores qom. Después de la reunión decidieron manifestar su rechazo y cortaron el acceso a través del puente La Sirena y los ingresos al pueblo. A pesar de ello, ninguna autoridad se hizo cargo del reclamo.
Ángel Meza dice que hasta mayo el municipio organizó varias reuniones a puertas cerradas con los titulares de las tierras, que tienen entre 50 y 100 hectáreas. Aunque su padre ya fallecido era propietario de uno de los lotes, a él no lo llamaron. A los convocados, sostiene Meza, les prometieron dinero y mejores posibilidades a cambio de los títulos. Sin intérpretes o traductores indígenas, los más ancianos —quienes son legalmente los propietarios— quedaron expuestos a firmar documentos “que ni ellos entienden”, denuncia Carlos Leiva. Y asegura que muchos dejaron a disposición los títulos de propiedad en dependencias gubernamentales: “Algunos entregaron fotocopias de título y otros entregaron directamente el original. Yo creo que cada dueño del lote debería poder decidir, pero no a través de Zenón Cuellar”.
Como el proyecto siguió avanzando sin consentimiento de buena parte de parte de los habitantes del Espinillo, ese mismo mes un grupo de pobladores qom viajó a Resistencia para hacer una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos. Les tomó nota un funcionario de dicho organismo, quien labró un acta donde los miembros de la comunidad indígena expresaban su disconformidad. Lo primero que les llamó la atención fue la falta de intérpretes indígenas que pudieran hablar el idioma qom. Lo que siguió fue peor, cuando el funcionario les mostró el escrito de su declaración y leyeron la primera página: “Nosotros habíamos declarado ‘no queremos a los chinos’, pero resulta ser que pusieron ‘queremos a los chinos’. Al revés”, contó un integrante del pueblo qom del Espinillo en un conversatorio virtual organizado por la Campaña en Defensa del Agua.
Hoy, las inversiones parecen cada vez más próximas, aunque al hablar con los funcionarios del gobierno provincial nadie expone la misma información. A mediados de agosto, el Ministro de Industria y Producción de Chaco, Sebastián Lifton, aseguró a Carbono News que los tres complejos de producción de cerdos integrados por cinco granjas se instalarán en tres zonas de la provincia: entre La Leonesa y General San Martín (norte); entre Presidencia La plaza y Roque Saenz Peña (centro), y entre Charata y Gancedo (sudoeste). Cuando comiencen a funcionar, Lifton calcula que la producción de cerdos en la provincia se incrementará en un 73%. Aunque para Sebastián Bravo, Subsecretario de Ganadería, que depende del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Gobierno de Chaco, las cosas no están tan claras, según lo precisó en una entrevista concedida para este reportaje.
—En ninguna de las tres zonas las localidades están definidas. La zona norte va a abarcar San Martín, ahí ya hay un frigorífico en la localidad de Vedia. Pero en la zona centro puede que se instalen en Plaza, Machagai o Quitilipi y Sáenz Peña. Y en el sudoeste puede ser Campo Largo, Charata o Las Breñas. En ningún caso hay algo concreto.
—¿Todos los proyectos se van a hacer con inversiones chinas?
—No, no está nada confirmado.
—Entonces, ¿el acuerdo que firmó el gobernador no tendría vigencia?
—No, con China no se firmó nada. No hay nada cerrado. Se comunicará cuando se oficialice.
—¿Los proyectos de la instalación de granjas contemplan Consultas Previas Libres e Informadas o evaluación de impactos ambientales? ¿Se están llevando a cabo las medidas correspondientes?
—Todo eso está hecho. Hoy cualquier productor, sea o no de China, tiene que tener autorizaciones de distintos organismos para poder llevar a cabo su proyecto.
Al respecto, elDiarioAR consultó por posibles iniciativas con la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que depende de la Secretaría de Ambiente y Biodiversidad del Gobierno de Chaco. La respuesta fue que “no estaban al tanto” del tema, ya que estaban trabajando específicamente en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Debido al lugar que el tema ocupó en la agenda pública, el Defensor del Pueblo de Chaco, Bernardo Voloj, envió un pedido de informe al Gobierno de la provincia para solicitar información sobre los modelos de producción de los proyectos, los planes de gestión ambiental y tratamientos de afluentes. Al cierre de esta nota todavía no había recibido una respuesta.
Mientras tanto, en las últimas semanas ocurrieron otras novedades. A las jornadas del 25 de agosto en rechazo a un acuerdo porcino con China, se sumaron la desmentida del gobernador Capitanich sobre cualquier tipo de convenio al respecto y la decisión de la Justicia Federal de ordenar a Cancillería que informe si firmó un memorándum con el país asiático.
A las jornadas del 25 de agosto en rechazo a un acuerdo porcino con China, se sumaron la desmentida del gobernador Capitanich y la decisión de la Justicia Federal de ordenar a Cancillería que informe si firmó un memorándum con el país asiático.
La falta de agua, una constante
Además de resistir la llegada de estos proyectos, Carlos Leiva debe afrontar otros conflictos de la comunidad. De manera recurrente, él y otros pobladores indígenas y criollos de distintos parajes se quedan sin agua en sus aljibes. Tampoco pueden juntar agua de precipitaciones: hace meses que no llueve en la zona. A pesar de estar rodeada de los ríos Bermejito y Teuco, el Espinillo es seco y no tiene lluvias constantes. El acueducto más cercano pasa por la ruta provincial N.° 3 y sólo llega a algunas escuelas porque nunca se realizaron conexiones domiciliarias. “Tenemos que llevar bidones, carretillas y baldes para sacar agua de ahí. Pero a veces tampoco responde, o tira poco, una sola vez a la semana. A veces hasta se paraliza un mes”, dice.
Lo que cuenta Leiva es común para los habitantes del Espinillo y otras localidades rurales de Chaco. En estos lugares, donde existen Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en parte por la ausencia de fuentes de agua, cloacas, baños y saneamiento, sus integrantes pierden hasta 6 horas por día en el acarreo de agua. “Y aun así tampoco sabemos las condiciones del agua, muchas veces contaminada”. agrega Carla Colombo.
El agua es uno de los mayores problemas de la región, junto con el avance de la deforestación de bosques nativos y la situación de tenencia de la tierra por gran parte de las comunidades indígenas y campesinas. Mariana Schmidt, enumera al menos tres puntos críticos sobre el agua. “A la falta de acceso a infraestructura básica de servicios hay que sumar los prolongados y persistentes periodos de sequía-cuyos impactos se ven potenciados por la falta de cobertura vegetal: las deforestaciones”- la vez, Schmidt sostiene que debemos tener en cuenta la calidad del agua, en muchos casos degradada o contaminada, “por el uso de agroquímicos en la producción agroindustrial o por razones naturales. Por ejemplo, los altos niveles de arsénico en algunas zonas de la región”.
¿Qué cambios trae el modelo del agronegocio actual en las comunidades?
El pueblo qom habita ancestralmente las zonas del centro y meridiano del Gran Chaco, es decir, es anterior a la llegada e instalación de la colonia y a la posterior conformación del Estado argentino. En estos siglos, sea a través de ocupaciones españolas o del avance del ejército argentino, la violencia, la muerte y las imposiciones socioculturales fueron una constante para estas poblaciones, víctimas de la usurpación de territorios que luego se utilizaron para explotaciones agroindustriales. La historia de los últimos cien años no deja dudas.
En las décadas de 1930 y 1940, la industria del agro creció, avanzó sobre los territorios indígenas y aquellos que no pudieron continuar con un modo de vida cazador-recolector se incorporaron progresivamente a la industria del algodón y el azúcar. Desde entonces, la sedentarización forzada, la práctica agrícola y la afluencia de ganaderos se fue haciendo cada vez más presente. Hoy, ¿qué cambios trae la nueva oleada de los agronegocios?
La que responde es Francisca González, una integrante del pueblo qom: “Nosotros ahora estamos acorralados: no tenemos un territorio amplio, como el que tenían nuestros ancestros. Desde que llegó la gente de afuera ocuparon por lotes, por manzanas, por barrios. Entonces empezamos a estar privados de poder ir al monte y hacer recolección de medicina, de frutas, de agua, animales, de leña”.
Mientras agentes estatales y empresarios del agronegocio ven el territorio como un espacio con recursos para extraer y explotar, las comunidades locales lo viven de otra manera. La territorialidad indígena está atada al uso de los comunes que provee la tierra, pero también a todos los seres que viven en ella, a la naturaleza de la que es parte y a los seres espirituales que la habitan.
De realizarse el emprendimiento en el Espinillo, se sumaría a las divisas e inversiones en la provincia generadas por proyectos productivos. Esta vez, sus promotores dicen que la china Feng Tian Food dejará 129 millones de dólares en el Chaco argentino. Para alcanzar esta y otras inversiones, Argentina debió sumarse en el año 2000 a la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y, más adelante, en el 2009, a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y planeamiento (COSIPLAN).
El objetivo fue insertarse en proyectos de desarrollo productivo regional. Para conectarse y comercializar con mercados internacionales el gobierno construyó y pavimentó rutas viales e hidrovías, y reparó líneas de ferrocarriles. Una de estas obras se ubica sobre la ruta provincial N.° 3 y está financiada por organismos de crédito internacional como el Banco Mundial. Esta ruta conecta al Espinillo con otras rutas provinciales y nacionales de gran importancia para el traslado de diferentes productos.
“Hace dos meses empezaron a construir. Hay aplanadoras, obrajeros: el proyecto ya tiene su base. Ya están pisando el suelo”, dice Luz Vallejos. Para la antropóloga, lejos de promover mejoras en sus condiciones de vida, intensifican las actividades extractivas abaratando los tiempos y costos del transporte de productos como la madera y la soya.
Cuando se termine de asfaltar, esa ruta se conectará con otros circuitos que desembocan en los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este corredor fluvial conecta y facilita el transporte de productos desde Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia a mercados internacionales. Tiene una extensión de 3442 kilómetros y un área de influencia de 720 mil kilómetros cuadrados. Para Argentina es central ya que a través de ella se exporta el 80% de lo producido en el país, fundamentalmente soja y sus derivados. Se inauguró en 1996, mismo año en que se instaló la soja transgénica en Argentina, cultivo que ocupa 542 973 hectáreas de Chaco.
Con este tipo de iniciativas, las promesas de crecimiento económico en la provincia vuelven a florecer. Pero lo cierto es que cerca del 70% de los hogares chaqueños está hoy bajo la línea de pobreza y su capital, Resistencia, es la ciudad más pobre del país. Esta foto se ramifica y recrudece hacia cada resquicio de monte.
Proponen análisis de evidencias antes del proyecto
“Lo que nosotros vemos es que estas plantaciones para el medio ambiente no convienen, porque van a generar un impacto en la zona. Nosotros protegemos el medio ambiente y los recursos naturales”, dice Carlos Leiva.
Cualquiera de los proyectos en danza —ya sea las factorías de cerdos o las hectáreas dedicadas a la producción de cultivos—, implican diferentes formas de extractivismo, con la amenaza de un alto nivel de impacto social y ambiental. Para debatir y evaluarlos, Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas, propone analizar cuatro grupos de evidencias. El primero: las consecuencias en la salud. En un segundo grupo menciona las afectaciones ambientales: algunas vinculadas con los desechos de los animales; otras relacionadas con lo que éstos consumen —tanto agua como granos— porque implican una fuerte presión sobre las formas de deforestación involucradas, y unas últimas dadas por los químicos que requieren estos de emprendimientos.
El tercer conjunto de evidencias está relacionado con los efectos sociales que provocan este tipo de iniciativas. Lejos de favorecer a los sectores menos beneficiados, dice Folguera, reproducen formas de concentración que acrecientan las desigualdades y terminan por expulsar a la población nativa de sus territorios. Por último, el cuarto grupo está asociado a las percepciones sociales, es decir, “con la forma en la cual las comunidades aceptan o rechazan este tipo de proyectos”.
A principios de junio, Ángel Meza y otros pobladores se reunieron con el Defensor del Pueblo del Chaco Bernardo Voloj. Después de escucharlos, Voloj se reunió dos veces con Cuellar. En la primera, el intendente no hizo referencias concretas al proyecto. En la segunda, realizada en agosto, dijo que trabajarían “en un sistema frutihortícola y agrícola a partir de acuerdos con propietarios individuales”. Hasta el momento, la documentación respaldatoria sigue sin aparecer.
Mientras tanto los pobladores qom del Espinillo esperan. Conjeturan frente al silencio de lo que puede venir. En los últimos días de agosto escucharon nuevos rumores: “A los que arreglaron con los inversores les van a alquilar las tierras o dar en comodato. También comentaron que los chinos volverían para entregar algo de dinero. Pero esos son comentarios de boca en boca. Después, no sabemos mucho”, explica Leiva. Y anticipa: “Cuando llegan personas que no son del lugar, primero empiezan por poco y después se terminan adueñando del territorio. Ese es el miedo que más tenemos. Y más cuando empiezan a alambrar. Eso es un peligro”.
MC/EFB
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