“Lo que muestran los datos es que los femicidios no disminuyen”, concluye una jornada sobre acceso a la justicia

Reformar los Códigos Penales no es suficiente para disminuir los delitos de mujeres por razones de género. Lo muestra la experiencia de los países de América Latina que sancionaron leyes nacionales de femicidio o feminicidio (se llama de distintas maneras en los diversos países) para incorporar este delito, ya sea como figura autónoma o como un agravante del homicidio. “En los últimos diez años, casi veinte países de la región aprobaron esta legislación y sin embargo lo que muestran los datos es que los femicidios no disminuyen”, dijo Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), y agregó: “Hacen falta otras políticas y promover otros cambios para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En un encuentro regional realizado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, aquel que es ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se desarrolló un debate enfocado en las estrategias para luchar contra el femicidio, en particular desde el acceso a la justicia como pieza clave para prevenir, sancionar y erradicar la violencia femicida. El evento estuvo organizado por el MESECVI, el organismo de la OEA creado para evaluar la implementación de la Convención de Belém Do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, junto con la Oficina de la Mujer de la CSJN, la Corte Suprema de México y ELA. El paso de un enfoque punitivo a un abordaje integral de la problemática fue planteado como uno de los principales desafíos en la región.    

A la jornada de trabajo fueron convocados los poderes judiciales de las provincias de Argentina, y la casi absoluta participación de mujeres fue una de las llamadas de atención recurrentes en los distintos paneles. El dato no pasa desapercibido en un evento en el que se abordó la urgencia de incorporar la perspectiva de género en las sentencias para deconstruir conceptos como el de pareja, ya que, según explicó Gherardi en base a estudios realizados, en algunos casos se lo limita únicamente a las uniones matrimoniales, en lugar de reconocer los vínculos de confianza de otra naturaleza que deben dar lugar a estándares de protección agravada, lo mismo ocurre con la interpretación del concepto de violencia de género, su contexto y características. “Eso muestra la forma limitada en que las mujeres feministas llegan a los espacios de decisión de la justicia”, dijo la representante de ELA.

El MESECVI es un mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Mujeres para darle seguimiento a los Estados que forman parte de la Convención de Belém Do Pará y generar una plataforma de cooperación internacional para evaluar su implementación. Luz Patricia Mejía, la secretaria técnica del organismo, explicó que el acceso a la justicia es el corazón de la implementación de las obligaciones del Convenio y que el intercambio entre Estados resulta clave en una región profundamente violenta como América Latina. Mejía destacó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y la Oficina de la Mujer de la CSJN como ejemplos positivos, sin embargo, dijo en diálogo con elDiarioAR: “Argentina es un país de luces y sombras. Tiene un movimiento social importantísimo, la sociedad civil es fuerte y formada, es activa y tiene impacto. También tiene leyes muy importantes, pero hay un sistema patriarcal que sigue funcionando con mucho peso en la cultura, en las normas sociales. Las periodistas argentinas feministas han tenido un rol protagónico también en el levantamiento de una manera distinta de ver la violencia contra las mujeres, pero definitivamente la cultura patriarcal sigue arraigada en la institucionalidad, en espacios de poder y de decisión”, y como parte de los desafíos que atraviesa el país, agregó: “Hay una arremetida conservadora que busca desmantelar, desinformar, generar dudas respecto de estos procesos de avance en el repensamiento de las relaciones desiguales de poder, que en definitiva es parte también del corazón de la discriminación y la violencia”. 

La formación es un eje clave pero pendiente

En Argentina, la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Sin embargo, un informe publicado meses atrás por organizaciones feministas relevó que hay un retraso en el inicio de las capacitaciones y que sólo el 25% de las jurisdicciones de todo el país ha completado la capacitación enmarcada dentro de la Ley. “En la medida que haya institucionalidad de género fuerte, profesionalizada, financiada, con capacidad política para exigir, probablemente sea un facilitador para la aplicación de esa norma. Me parece que el monitoreo social, del activismo, de la academia y de otros poderes del Estado respecto del cumplimiento de las obligaciones son elementos que favorecen ese cumplimiento”, dijo al respecto la Natalia Gherardi. Y, en el marco del carácter regional del evento, indicó: “El MESECVI periódicamente pide a los Estados información acerca de cuál es el grado de cumplimiento de sus normas, programas y planes y, en definitiva, del cumplimiento de los estándares internacionales a los que se comprometieron al suscribir a la Convención de Belém do Pará”. 

Durante el evento en la CSJN la formación en perspectiva de género fue mencionada como uno de los componentes claves en la prevención de los femicidios. En el panel “Desmontando estereotipos para una justicia de género” se advirtió sobre la falta de capacitación del funcionariado del Poder Judicial como una barrera de acceso a la justicia, y que la presencia de estereotipos de género en los procesos de investigación invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos. Como parte de las oradoras de ese panel, la jueza Analía Monferrer, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal, citó algunos estudios de casos relevados por la Oficina de Violencia Doméstica: “Al inicio muchas mujeres hacían la denuncia y en el mismo día, o esa misma semana, intentaban levantarla. En el 100% de los casos ese ir a levantar la denuncia era una coacción o amenaza por parte del agresor. Hay que tener en cuenta esa característica de las víctimas de violencia para saber cómo avanzar”, y sumó: “Las contradicciones en el relato pueden deberse a los hechos traumáticos que atravesaron. La mujer está dispuesta a decir que mintió porque no quiere que su esposo o ex esposo vaya detenido porque es el padre de sus hijos”. Los datos más recientes de la Oficina de Violencia Doméstica informan que en el segundo trimestre de 2022, las denuncias de violencia doméstica en CABA crecieron un 36%. Según el Informe estadístico de ese periodo, de las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica, 8 de cada 10 son mujeres y niñas.  

Las representantes de los organismos que convocaron al evento coincidieron en la necesidad de avanzar en los desafíos y las estrategias de prevención más allá de la cuestión meramente punitiva para lograr una transformación social. Gherardi destacó la importancia de aplicar una perspectiva interseccional que considere factores y circunstancias -como características socioeconómicas, origen migratorio, identidad de género, discapacidad- que tienen un impacto en las posibilidades de ejercer derechos y que deben ser consideradas en el análisis de los hechos, en la recolección de las pruebas y en la aplicación de las figuras penales a los casos concretos: “En un momento en el que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y para pensar en el futuro porque claramente no hay democracia sin vidas libres de violencia”. 

JLC