Parir una hija muerta o en la clandestinidad: cuando la influencia religiosa obstaculiza el derecho al aborto en Argentina

Luego de seis inseminaciones artificiales fallidas, el sueño de Mónica de conseguir un embarazo se concretó en el séptimo intento y cambió su vida. Sentía felicidad y plenitud al ver que su deseo de ser madre estaba cerca de cumplirse. Hasta que en la semana 20 todo se derrumbó.

“Fuimos con mi marido a hacer el scan fetal. El ecografista empieza a tomar medidas, y a decirnos que todos los valores estaban mal, que todo estaba mal y que el embarazo no iba a prosperar. Que había un retraso de crecimiento intrauterino severo, y que no había chances de nada. Me desesperé y le dije: ‘¿entonces qué voy a hacer?’. ‘Hablá con tu obstetra’, me respondió”. 

El diagnóstico era irreversible. Su pequeña iba a morir. Una ecografía lo confirmaba. “Es terrible pasar por esa situación, realmente es terrible”, recuerda. “Es indescriptible, con todo lo que me había costado llegar al embarazo, no podía pasarme esto. No lo podía entender ni creer, pero la contundencia con la que el médico hablaba fue tan clara que enseguida supe lo que tenía que hacer”. 

Contra todo lo deseado y planeado, en 2019 tomó la decisión más dolorosa y certera de su vida: debía abortar, y la ley la amparaba. Pero no sabía que debía enfrentarse a otros obstáculos.

En Argentina, desde hace más de cien años, el Código Penal (Ley 11.179 artículo 86) establece que el aborto no es punible cuando hay riesgo de vida o peligro para la salud, lo que se conoce como ILE (Interrupción Legal del Embarazo). A esa ley se aferraba Mónica para interrumpir su embarazo. 

Con la decisión tomada buscó contención en su obstetra –parte del sistema de salud privado al que ella estaba afiliada– y se chocó con una orden lapidaria: debía esperar a que la bebé muriera para recién desprenderse de ella. Podía ser cuestión de días, semanas o meses, y en algún momento el corazón dejaría de latir, recuerda Mónica que le dijo su médico. Se negaba a intervenirla. 

“Le pedí por favor que lo hiciera. No me daba el cuerpo ni el alma para sostener un embarazo en esas condiciones. No quería seguir con la panza, avanzando con un embarazo que iba a terminar con mi hija muerta. ¿Qué iba a esperar, que falleciera? No se sabía cuándo eso iba a ocurrir, pero iba a ocurrir. La ecografía era contundente. Clínicamente, él lo admitió, pero me dijo que no podía hacerlo, que era ilegal”, cuenta Mónica.

No me daba el cuerpo ni el alma para sostener un embarazo en esas condiciones. No quería seguir con la panza, avanzando con un embarazo que iba a terminar con mi hija muerta.

Ella le recordó que la ley estaba a su favor, pero él se negó. “Me aconsejó ir a un médico clandestino para que abortara, y luego volver a la clínica con la muerte fetal declarada y continuar con la expulsión. Era una locura. Me negué. La ley me amparaba y, sin embargo, me trataba como si estuviera cometiendo un delito”, dice aturdida. “Era espantoso lo que estábamos viviendo. Nosotros habíamos deseado tanto a esta beba. Pero sabíamos que no había otra opción, que era dolorosísima, pero era la que tenía que tomar”.

El scan fetal fue realizado en la clínica Bazterrica de la ciudad de Buenos Aires, el 7 de febrero de 2019. Allí venían realizando todas las ecografías y análisis indicados en el protocolo de cualquier embarazo. Su médico, también de la misma clínica, demoró cuatro días en volver a verla, les dio el turno para el 11 de febrero. Ante la desesperación y la decisión de abortar, decidieron acudir a otros profesionales en busca de una segunda opinión, y lamentablemente el diagnóstico siempre era el mismo: un embarazo incompatible con la vida. El día que ella y su esposo llegaron al turno con su obstetra estaban convencidos de su decisión de abortar. Sin embargo, el médico se negaba una y otra vez a realizar la intervención. 

Después empezó a entender lo que pasaba. “Todo estaba dentro de un contexto. La clínica y mi obstetra actuaban bajo las órdenes de Omint, mi cobertura médica, que tiene vínculos estrechos con el catolicismo, con el Opus Dei. Ellos son objetores de conciencia. Era imposible que me practicaran el aborto”, explica Mónica. Su marido la ayuda en el relato contando que veladamente les sugerían hacer el procedimiento por fuera, diciéndoles algo como: “Hacé lo que tengas que hacer y después cuando ya esté resuelto el tema biológicamente, vení que nosotros continuamos”. También –dice su pareja– los médicos daban a entender que de acceder, sus empleos corrían peligro. “Es como la obediencia debida”, dice, haciendo una comparación a una situación social en la cual una persona o un grupo de personas tiene la obligación jurídica de obedecer a otra; el subordinado sería un instrumento de las órdenes del superior. 

Omint, a la cual Mónica estaba afiliada, es una de las principales empresas de medicina privada en Argentina, que ofrece una amplia variedad de servicios y asistencia médica a sus clientes, a través de planes de salud y seguros de vida. Su relación con el Opus Dei no es pública, pero es un secreto a voces.

El Opus Dei es una de las instituciones más nuevas –y también conservadoras– de la Iglesia católica. Nació en 1928 y la creó el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, hoy santo del catolicismo. “La idea era restaurar de alguna manera algo que se ha perdido en los estados democráticos donde existe una separación entre la iglesia y el Estado, y ellos proponían la unión entre ambos, es decir que la religión ya no sea sólo de los religiosos, sino que penetre y llegue a toda la sociedad”, explica Paula Bistagnino, quien investiga a esta organización desde hace más de una década. “Es decir, que la religión no sólo se circunscriba a las iglesias o a enseñar catequesis en las escuelas, sino que forme parte de un todo, de la forma de vida, de las leyes y demás”.

Según el Opus Dei, de sus 87.000 miembros en el mundo, el 98%, entre célibes y no célibes, son laicos. Sólo hay un 2% de sacerdotes, una especie de élite que además es necesaria para pertenecer a la iglesia. Esas personas laicas viven con compromisos y fidelidad a la institución, ocupando cualquier rol en la sociedad civil. Pueden ser jueces, legisladores, presidentes, médicos, profesores, empresarios, teniendo una gran injerencia en la sociedad. “Se han dedicado a penetrar en las estructuras del Estado y en las estructuras de poder para cumplir con lo que ellos creen que está bien. Y para ello se han servido del poder de la Iglesia católica”, opina Bistagnino. 

De la opción de la clandestinidad al hospital público

La clínica privada, la prepaga y el médico se negaron a practicarle la ILE a Mónica y le recomendaron un médico obstetra, supuestamente conocido, para que, pagando de manera particular, pudiera acceder a la muerte fetal y luego volver a la clínica para realizar la expulsión. Se trataba de una práctica clandestina, con riesgos para su salud, a un precio elevado, teniendo ella una obra social (estar afiliada a Omint) obligada a interrumpir el embarazo porque en Argentina es ley.  

El mismo día de la cita con su médico, el 11 de febrero, y con las puertas de la medicina privada cerradas, Mónica y su marido empezaron a investigar y se encontraron con otras parejas en situaciones idénticas en las que sus prepagas les habían negado el derecho a abortar. En esa búsqueda contrarreloj dieron con Casa FUSA, una clínica integral de salud en la ciudad de Buenos Aires. Allí, su directora Sandra Vázquez les dio la orientación en el momento justo: el hospital Argerich, dependiente del sistema público de salud porteño, era el lugar para terminar con su calvario. Allí hicieron el ingreso el 13 de febrero.

Luego de dos entrevistas con responsables del área a cargo del protocolo ILE, donde cotejaron la documentación y los estudios médicos, les comunicaron que Mónica debía internarse para aplicarle el protocolo de aborto. En pocas horas, un equipo médico se puso al hombro su historia. Sin reparos harían la ILE. Luego de ecografías, chequeos médicos y psicológicos la llevaron a una habitación apartada para cuidarla. Le hicieron elegir una canción y le pusieron música. Sin embargo, desde allí pudo escuchar a las otras mujeres dar a luz. “Es muy fuerte el contraste. Muy doloroso. Fue un espanto vivir todo eso, físicamente inclusive. Escuchaba el llanto de otros bebés recién nacidos, y yo paría a mi hija muerta. Aun así, siempre supe que era el mejor camino”, rememora Mónica, reviviendo con mirada triste lo ocurrido hace cuatro años.

“Me llevó mucho tiempo de reconstrucción, ahora lo vuelvo a hablar, y es como que se me remueve adentro”. La ILE la llevó a cabo el 14 de febrero, dos días después le dieron el alta. Mónica resalta que en el hospital nunca la dejaron sola ni la hicieron sentir culpable. Ella y su marido pudieron despedir a su hija tan deseada. Mónica es católica y creyente, y siente que se encontró con las personas indicadas para ayudarla en una decisión tan difícil.  “El trato que recibí en el (hospital) Argerich no lo olvido más. La situación era de mucho dolor físico y emocional. Sin embargo, estaba la contracara: el amor con que me trataron. Me sentí absolutamente protegida, cuidada y comprendida siempre, y no en la clandestinidad”.

Allí, en el Argerich, nace FUSA entre 1990 y 1991, precisamente en el área de Servicio de Adolescencia del hospital. Un grupo de médicos se unieron para trabajar la reducción de riesgos y daños para el acceso a la ILE, para brindar consejería en métodos anticonceptivos, y dar talleres de capacitación, focalizándose en los derechos del paciente. Con los años la fundación fue creciendo y se convirtió en Casa FUSA, uno de los espacios pioneros en la práctica de la ILE, y blanco de protestas de los sectores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos. Ellos tienen muy presente el caso de Mónica, al punto de que se volvió un símbolo de otros casos similares. 

La historia se ha repetido varias veces: médicos que se oponen a practicar abortos y con la misma cobertura médica, Omint. “El contrato que tenemos con esta prepaga nunca tuvo problemas de ninguna índole hasta la aprobación de la ley 27.610, en diciembre de 2020, que valida la intervención voluntaria del embarazo (IVE). Allí nos dijeron claramente que no van a aprobar estas intervenciones”, explicó Sandra Vázquez, directora de FUSA. 

Como Mónica, Vázquez cree que quien está detrás de los obstáculos es la línea ultraconservadora de la Iglesia católica, el Opus Dei. Sostiene que es una manera silenciosa de accionar que tiene Omint cuando en realidad el Opus Dei sería el que toma las decisiones. “La prepaga ya tuvo muchos juicios por esta negativa a la ILE/IVE. De hecho, el Programa de Salud Reproductiva de la ciudad de Buenos Aires tiene registradas llamadas de las pacientes a las que se les niegan las intervenciones. Así, buscan la manera de que terminen en el sistema público de salud”, agrega la directora de FUSA. 

Más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a IVE de personas con cobertura privada de salud se resolvieron en el sistema público

Los organismos para denunciar son tres, y cada uno tiene su modo de reclamo, explica Martín Trifone, de la oficina de prensa del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Los casos de las obras sociales van a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN); los de las prepagas, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa al Consumidor a nivel país; y en la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores.

Las usuarias pueden acudir a esas vías si, por ejemplo, enfrentan una denegación de la práctica de aborto, si le dilatan el trámite, si no le brindan información clara, completa y accesible, si enfrentan malos tratos, si le deniegan la medicación, si no se realiza la derivación correspondiente, o si se le cobra indebidamente la medicación o algún aspecto del tratamiento, entre otros motivos. Desde que se realiza la denuncia, el prestador debe cumplir con su obligación dentro de los 10 días de iniciado el reclamo.

En el informe “El derecho al aborto a través de obras sociales y empresas de medicina prepaga”, la organización Amnistía Internacional analizó el acceso al aborto de pacientes en estas instancias e identificó “numerosos desafíos que enfrentan mujeres y personas gestantes para acceder a la interrupción del embarazo en tales sectores”. Entre ellos detalló la falta de políticas de información, dilaciones y obstáculos indebidos que han hecho que muchas personas con cobertura privada o social de salud enfrenten gastos indebidos o acudan al sistema público, aumentando el colapso y cuello de botella en ese sector.

“Más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a IVE de personas con cobertura privada de salud se resolvieron en el sistema público”, detalla.

El informe, que va desde la sanción de la Ley 27.610 en el 2020 hasta abril de 2022, recoge información pública de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores, y señala que el principal obstáculo denunciado ante dichos organismos fue la denegación del aborto. Un 35% de los reclamos ante la SSSN y un 54% de los reclamos ante la Dirección Nacional denunciaron la negativa a brindar la práctica. 

Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en febrero de este año, la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores acusó a la empresa de medicina prepaga, Omint, por incumplimiento de sus obligaciones legales hacia una de sus socias, pero en esa oportunidad hubo acuerdo conciliatorio de reparación económica. Es la misma empresa a la que estaba afiliada Mónica.

Los “tentáculos” del Opus Dei

Desde hace más de una década, Paula Bistagnino viene investigando al Opus Dei, pero nunca logró obtener una entrevista ni visitar la organización. Sí mantiene comunicación vía mail. Para este reportaje también buscamos contactarlos para hablar sobre su relación con empresas de prestación de servicios de salud. En un correo, la vocera del Opus Dei, Josefina Madariaga, negó la relación con Omint. “El Opus Dei es una institución de la Iglesia católica que busca contribuir en la misión evangelizadora de la Iglesia, difundiendo la llamada universal a la santidad a través del trabajo y de las ocupaciones familiares y sociales. Como tal, la Prelatura del Opus Dei sólo establece relaciones, por fines espirituales y apostólicos, con proyectos de evangelización e iniciativas educativas y solidarias de la sociedad civil, nunca con empresas”, dice la respuesta. “Por tanto, no tiene ninguna relación con Omint”, añade.

Bistagnino lleva años entrevistando a ex miembros de esta organización, y ha podido confirmar que no sólo tienen colegios, universidades, hospitales, clubes, propiedades y casas de retiro, sino que sus “tentáculos” también llegan subrepticiamente a la salud y al tema antiaborto. Según Bistagnino, Omint –la prepaga que le negó la ILE a Mónica– figura en ese entramado.

“La familia Villa Larroudet, fundadora de Omint, tiene afinidad con el Opus Dei. Es así, tanto que algunos de sus miembros reciben atención médica en esta prepaga. Esto está confirmado por testimonios de exmiembros, que he obtenido durante todos estos años”, sostiene la investigadora.

Fuentes muy cercanas al Opus Dei, exintegrantes que hablaron con la condición de proteger su identidad, informaron que miembros supernumerarios (personas no célibes) forman parte de la prepaga, es decir, trabajan allí ocupando cargos muy altos, en el directorio, inclusive entre los accionistas del grupo. Y donde hay miembros, ejercen gran influencia, y así extienden su poder a esos lugares. 

Omint es uno de esos casos. Y es sólo un eslabón. También la cadena incluye los centros de salud y llega a los médicos objetores de conciencia. Justamente, uno de estos centros es la Clínica Bazterrica, donde a Mónica le negaron su derecho al aborto. En el caso del médico, cabe recordar que la ley contempla que puede negarse, pero siempre y cuando –como dice el artículo 10 de la Ley 27.610– informe sobre el derecho a la ILE/IVE a la paciente y haga una derivación en legal forma. Es decir, debe registrar en la historia clínica por qué se niega, y derivar de buena fe a otro profesional que garantice la práctica.

A dos años de lo ocurrido, Mónica y su marido, ambos abogados, decidieron iniciar un juicio a la prepaga, a la clínica y al médico, por “daños y perjuicios por incumplimiento del Protocolo ILE”. La demanda fue presentada en 2021 en el Juzgado Civil y Comercial Federal, en Buenos Aires. El juicio aún continúa. El juez está por decidir qué prueba considera pertinente para que se produzca en el juicio y desestimar aquella que no sea conducente para esclarecer el caso.

Hasta el momento no hay antecedentes de otros juicios, este sería el primero que ha llegado a la Justicia contra Omint. Los demás casos, que son varios, quedaron en denuncias. De ser favorable el resultado para Mónica –lo que ella más ansía y espera– sentaría un precedente para las situaciones de negación y obstaculización de la interrupción del embarazo dentro del sistema de salud de Argentina.

Nos comunicamos vía telefónica y correo electrónico con la empresa de medicina privada Omint. Les consultamos por su relación con el Opus Dei, y su postura frente al aborto, y sólo se limitaron a adjuntar información genérica de la empresa, donde dicen que “ha cumplido con todas las normas y regulaciones legales (…) los casos de ILE e IVE no han sido la excepción”.

Renacer

Creyente, como aquellos que obstaculizaron su camino y le negaron la ILE, Mónica siente que su hija sigue de alguna manera con ellos. “Más allá de estar de acuerdo con el aborto, yo soy católica, creo en Dios y para mí esa bebé me acompaña, más allá de la decisión que tuve que tomar”.

Siente que lo que les pasó tuvo una razón que los preparó para una etapa nueva y feliz que están viviendo desde febrero de 2021 cuando recibieron un llamado para adoptar a un niño. “Pude concretar mi deseo de ser mamá. Imaginate que eso también hace que reversione esta historia de otra manera. Me estaba esperando este chiquitín. ¡Menos mal que me fortalecí! Mi hijo cambió todo. Es una locura hermosa”.

A pesar de su catolicismo, en general contrario al aborto, Mónica dice que siempre estuvo a favor incluso pensando que jamás sería una opción para ella hasta lo que le ocurrió. “Cada uno tiene un camino distinto y hay que respetar el camino del otro, entendiendo que tal vez sea el tuyo o no”, dice.

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que establece los parámetros para un aborto legal, seguro y gratuito. Con esta ley, todas las personas gestantes pueden acceder a un aborto hasta la semana 14 (inclusive) de gestación. No es necesario exponer ningún tipo de causal, sino simplemente la manifestación libre de la voluntad, sin que haya razones o justificaciones que acreditar.

Ese día histórico para la lucha de las mujeres argentinas, Mónica lo celebró, y desde su lugar, no sólo como víctima sino como abogada, da pelea para que la ley se cumpla. El juicio que lleva adelante junto a su marido es para sentar precedentes y lograr que no vuelva a ocurrir lo que a ella le pasó. No quiere para otra mujer lo que ella atravesó. “Yo pude encontrar personas que me abrieran el camino y que me atendieran bajo el amparo de la ley, y no en la clandestinidad. Me parece que es importante acompañar en libertad las decisiones de los demás”.

Antes de despedirse, cierra el cuadernillo que contiene las 30 páginas de la demanda, 30 páginas de una historia muy dolorosa que aún le cuesta recordar. Y no duda en decir que no es por ella que lo hace: no es algo individual, es algo colectivo. 

El nombre de la protagonista fue cambiado para proteger la identidad de la fuente.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas.

VP/DTC