La silla en disputa para el Consejo de la Magistratura no le corresponde ni al kirchnerismo ni al macrismo

Primero, una aclaración. Quien firma esta nota no tiene el privilegio de ser abogado, por lo cual, aspira a argumentar sobre la base del sentido común que se desprende del texto de la ley que regla el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sin pretensiones de reemplazar la sabiduría jurídica.

La norma reimpuesta mediante un fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado establece que corresponden cuatro sillas en el Consejo a la Cámara de Diputados y otras cuatro, al Senado. Junto al representante del Poder Ejecutivo, esos nueve integrantes completarían la representación política en un cuerpo de veinte miembros.

El inciso 3 del artículo 2 de la ley determina que cada una de las cámaras designará a cuatro legisladores, dos de ellos correspondientes “al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.

A causa de la división de alianzas, la dispersión en monobloques, las denominaciones provinciales de las coaliciones (Juntos por el Cambio tiene un nombre distinto en muchos distritos) y el transfuguismo, no queda tan claro a quién le toca la silla de la segunda minoría, pero hay algo seguro para lo que se puede interpretar como “el espíritu del legislador”, por tomar prestada una definición de los expertos. Un abordaje honesto de la “segunda minoría” indica que no es ni el oficialismo peronista ni la oposición de Juntos por el Cambio (JxC).

En Diputados, ese sitial podría dirimirse entre el peronismo disidente que ingresó en la lista de Roberto Lavagna y sus sucedáneas, o el PJ cordobés, los libertarios o el Frente de Izquierda, según cómo se haga el poroteo. En el Senado, la representación del tercer espacio recaería en alguno de los monobloques provinciales como Juntos Somos Río Negro o Hacemos Córdoba. Hay otros provinciales que, en realidad, están integrados a los dos bloques mayoritarios.

La foto actual señala que el Frente de Todos del Senado está representado por la chaqueña María Inés Pilatti de Vergara y el porteño Mariano Recalde, y Juntos por el Cambio, por la jujeña Silvia Giacoppo. El fallo de la Corte habilitó una cuarta silla.

Así las cosas, el oficialismo ya tenía sus lugares ocupados, por lo que una tercera representación mediante la división del bloque Frente de Todos entre el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana contraviene la intención de dotar al Consejo de mayor pluralidad política. Si a ello se suma que fue una separación ad hoc concretada casi a la medianoche del día previo a la presentación de los consejeros, la maniobra adquiere ribetes grotescos.

El martes, mientras la oposición se indignaba y los medios predominantes alertaban sobre el fin de la República, en filas cristinistas y albertistas prevalecía un ánimo de satisfacción. Por una vez, se había logrado el objetivo. Es cierto que el resultado llegó mediante un ardid del que nadie negaba su finalidad, pero lo sentían justificado como aquéllos que empatan un partido sobre la hora con un gol ilegítimo después de padecer a un referí que los bombeó durante 89 minutos, y cuando los rivales ya estaban distraídamente festejando.

La justificación de las incorrecciones propias porque el otro actúa peor no es válida desde el punto de vista ético ni ayuda a fortalecer las instituciones. En el plano de la real politik, la historia es otra. Una mayoría calificada en manos de JxC serviría para abroquelar y hasta potenciar el entramado diseñado por la mesa judicial del macrismo en Comodoro Py, y ello podría ocurrir a partir de mañana, a las puertas del recambio presidencial de 2023.

Antecedentes

Es cierto que el macrismo no tolera repreguntas en la materia, si existieran. Pesa en su mochila la formación espuria de una mayoría en 2016 para quedarse con una silla en el Consejo que correspondía al entonces Frente para la Victoria como bloque mayoritario. Eran tiempos en que Pepín Rodríguez Simón dibujaba una Constitución por día y designaba supremos por decreto (Rosatti y Rosenkrantz), y el resto acataba. Entonces, para nominar al todavía consejero Pablo Tonelli, Cambiemos transó con los hoy indignados Margarita Stolbizer y Martín Lousteau, más peronistas amigables y el Partido Socialista. Todos ellos acababan de competir con el macrismo en las elecciones de 2015 y confluyeron para inventar una mayoría artificial e imponerse al número del Frente para la Victoria. Ni hablar cuando Ricardo Lorenzetti le hizo el favor al Gobierno conservador de retener a un diputado kirchnerista en la antesala de su despacho para que el Consejo de la Magistratura pudiera remover a un juez quizás corrupto, pero seguro molesto para Mauricio Macri.

Tampoco es excusa que Rosatti, ese eximio jurista que cincela su busto mediante fallos y acordadas que lo tienen como recurrente beneficiario, haya sido el artífice de un galimatías institucional del que hoy se ven las consecuencias.

No es una cuestión del macrismo puro ni del pasado. La autoridad de Horacio Rodríguez Larreta al respecto tiende a cero. El gobernante de la Ciudad de Buenos Aires hace y deshace mayorías con los Roy Cortina que tiene en sus inmediaciones para quedarse con cuanto lugar le toca a la oposición, sea en la Legislatura o en los estamentos judiciales. ¿Qué decir del armado judicial de la UCR en Jujuy?

Tampoco es excusa que Rosatti, ese eximio jurista que cincela su busto mediante fallos y acordadas que lo tienen como recurrente beneficiario, haya sido el artífice de un galimatías institucional al reestablecer una ley derogada del que hoy se ven las consecuencias. Lo dicho: los pecados ajenos no justifican los propios, salvo en las peleas infantiles entre hermanos.

La cuarta silla

Corresponde, entonces, volver al texto de la ley vigente sobre la conformación de los veinte miembros del Consejo de la Magistratura. La cuarta silla del Senado en el Consejo no le toca al elegido por Cristina Kirchner, Martín Doñate, porque el bloque ya tiene dos representantes y sumaría un tercero. Tampoco le pertenece al cordobés Luis Juez.

El estruendo de la queja por la designación de Doñate pasa por alto que Juntos por el Cambio tiene el lugar que le corresponde en el cuerpo que designa y acusa a jueces: Giacoppo. No es muy distinto el ardid atribuido al oficialismo considerar que la senadora jujeña ocupa el puesto en nombre de la UCR y que la siguiente silla recaería en el PRO, como “segunda minoría”. Hasta donde se sabe, el PRO y la UCR conforman una alianza electoral desde 2015, votan juntos en ambas cámaras, se reparten cargos y, de hecho, defienden al unísono la designación de Juez. El siempre encendido senador cordobés sumaría para su espacio una segunda silla que no está así estipulada en la ley que reimpusieron Rosatti, Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

En Diputados, se da la paradoja de que, a partir de ahora, el Frente de Todos tendrá una representante en el Consejo de la Magistratura (Vanesa Siley, la ley le asigna dos al bloque más numeroso), JxC sumará dos (Pablo Tonelli y la ingresante Roxana Reyes, la ley le asigna uno), y la tercera minoría, esta vez sí, tendrá sentada a Graciela Camaño, producto de pactos preexistentes. La todavía no explicada premura de Sergio Massa por consagrar a Reyes el martes pasado coronó la anomalía.

Seguramente habrá argumentos, interpretaciones y antecedentes para que los expertos en leyes lleguen a conclusiones diferentes, pero la ley es clara: dos representantes para el bloque mayoritario, uno para el segundo y otro para el tercero.

Si es una cuestión de que el PRO, la Coalición Cívica y la UCR componen un interbloque, por lo cual son escindibles como segunda y tercera minoría, la división del Frente de Todos cobra validez y sólo se diferencia en el momento en que fue anunciada; detalle poco relevante.

El sustrato de esta disputa tiene raíces que se ciernen como una trampa recurrente a la hora de dar pelea por una institucionalidad transparente y sólida. El relato más difundido dice que los sectores no peronistas —UCR, liberales, conservadores y desprendimientos progresistas— tienen mayor preocupación por la República que los pragmáticos peronistas. Que el pragmatismo peronista estira la ley más de la cuenta, no caben dudas. La vulgata del republicanismo de los liberales argentinos y sus aliados choca de lleno con la historia argentina desde 1810 hasta 2022, pero eso lo pueden explicar mejor los politólogos, el segundo privilegio del que carece quien escribe.

SL