Se espera el veredicto en el juicio más voluminoso del norte argentino: juzgan a nueve represores por 70 crímenes

El secuestro de una bebé de 11 días, el nacimiento en cautiverio de un niño, decenas de detenciones arbitrarias y torturas, constituyen la extensa lista de crímenes de lesa humanidad que se están juzgando en Corrientes y que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977. Se esperan condenas de cuatro a 25 años, contra los represores imputados. 

Este lunes es clave. A las 17 horas y tras varias dilaciones, está previsto que el Tribunal Oral Federal de Corrientes de a conocer su veredicto para los nueve represores que están siendo juzgados por más de 70 causas en el juicio más amplio de la historia provincial. El proceso, que tendrá su veredicto de primera instancia, empezó en agosto pasado con el juzgamiento de 104 causas que fueron decantándose. No obstante, aún es considerado el más voluminoso de los juicios de lesa humanidad en el norte argentino. 

Tras decenas de testimonios que se sucedieron desde los primeros días de agosto y hasta fines de septiembre, la presentación de un amplio caudal de pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los alegatos de la defensa y las palabras de las partes, se espera la condena o absolución de los acusados. 

El veredicto será seguido de cerca por las organizaciones de derechos humanos de la región que convocaron a una movilización en la ciudad de Corrientes. 

La fiscalía, a cargo de Flavio Ferrini, y el abogado querellante, Manuel Brest Enjuanes, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron al tribunal que los nueve imputados, exintegrantes del Ejército y de la Gendarmería Nacional, sean condenados a penas de entre cuatro y 25 años de prisión por crímenes cometidos contra las víctimas en centros clandestinos de detención de la provincia.

En la audiencia de cierre solicitaron, 25 años de prisión para el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y los coroneles Raúl Harsich y Horacio Losito. Reclamaron además 15 años de prisión para el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; 12 años para el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón; 10 años para el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y cuatro años para el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

La fiscalía también pidió tres medidas de reparación hacia las víctimas, sus familiares y que posibilitarían nuevas instancias de enjuiciamiento. 

Directivas de la dictadura en el NEA

A lo largo del juicio se buscó esclarecer las directivas secretas del gobierno de facto, y también del gobierno previo, para la división territorial argentina, recuperando la idea de que el país estaba dividido en cuatro zonas y estas a su vez en sub-zonas. Se apuntó contra los responsables de distintas fuerzas de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Los testimonios de sobrevivientes, testigos ocasionales y familiares de las víctimas, que se sucedieron a lo largo de las distintas audiencias, indicaron con más o menos certeza las características de los operativos de secuestros que se realizaban por la madrugada en la calle o en domicilios particulares entre 1975 y 1977. Señalaron también los centros clandestinos del Regimiento 9 y el predio del Ejército en Santa Catalina, como lugares de tortura sistemática, junto a las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, en el corazón de la ciudad de Corrientes. 

El mapa de los lugares de detención incluyó también al Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería y la Policía Federal, todos sitios donde permanecieron alojados de manera ilegal e incomunicados hombres, mujeres y niños. 

Se buscó establecer que, quienes estaban al mando de estos operativos de secuestro y tortura, integraban un grupo de tareas conformado por oficiales de inteligencia del Ejército o de Gendarmería de civil, acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo Ejército. Esta colaboración interfuerzas es una de las claves del proceso que está llegando a su fin, indicaron a elDiarioAR.

Diego Vigay, del equipo de la fiscalía, explicó en una entrevista que a través del juicio se pudo reconstruir que un número importante de las víctimas eran estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), especialmente de las carreras de Medicina, Derecho, Veterinaria, Agronomía, Arquitectura, Ciencias Exactas y Humanidades. También se detuvo de manera ilegal a estudiantes de colegios secundarios, que tenían alguna participación en agrupaciones como la Juventud Universitaria Peronista o en Centros de Estudiantes. En este proceso, se identificó también como víctimas de la represión a periodistas, sacerdotes tercermundistas, intendentes de extracción justicialista, gremialistas, productores de las Ligas Agrarias y profesionales médicos y abogados. 

Uno de los aspectos que cobró carne en el proceso fue el mecanismo empleado en la detención de familiares de militantes políticos, como forma de atormentar y amenazar. Ese fue el caso de Guadalupe Arqueros, la última testigo del juicio, que estuvo presa con su madre a los 11 días de vida.  

A la espera 

Este lunes, finalmente y luego de casi un mes de demoras, se espera conocer el veredicto del TOF integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias, contra los imputados que llegaron al proceso. Este es, aún con las causas desestimadas, el juicio de lesa humanidad más grande del norte argentino. 

Originalmente había 21 personas acusadas de formar parte o de operar con la VII Brigada de Inteligencia en Corrientes. En el transcurso de la investigación, murieron cinco de los acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. En tanto, fueron apartados por incapacidad Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü (quien además fue interventor de la provincia), Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola, todos del Ejército. En tanto, el último apartado de la causa fue el responsable del cuerpo, el ex jefe de Inteligencia de la IIV Brigada, José Emilio Mechulán, por demencia.

Este recorrido judicial tendrá hoy un capítulo de cierre, cualquiera sea el veredicto. Tanto los sobrevivientes como aquellos niños, hoy adultos, que vivieron sus primeros días como detenidos de la dictadura militar, fueron escuchados. Resta aún conocer si el plan sistemático del gobierno militar en la región del NEA, en su clave local, que fue explicitado durante los últimos meses en el TOF, adquiere la certidumbre de la verdad jurídica. 

ADR/DTC