“Se sentaron a destruir el sector”: entre el reencuentro social y el activismo político, el sector cultural marchó en el Congreso

Entre la desazón de tener que salir a las calles para evitar el desmantelamiento de una decena de organismos que posibilitan o regulan la actividad cultural y la alegre sorpresa por la inmensa convocatoria lograda, representantes de más de 120 agrupaciones e instituciones culturales argentinas se dieron cita ayer en el Congreso, alrededor de una inmensa bandera blanca con la inscripción CULTURA coronada por los logos de la CGT, la CTA y la CTA autónoma. 

Músicos, actores, documentalistas, vestuaristas, trabajadores de la televisión, titiriteros, libreros, escritores, escenógrafos, sonidistas, estudiantes de carreras artísticas, cineastas, bailarines, trabajadores de museos, gestores culturales: el enorme abanico de personas que conforman el ecosistema cultural de la ciudad de Buenos Aires y del país se congregó desde el mediodía en la esquina de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, en medio de la movilización impulsada por la CGT. La decisión de agruparse en un solo bloque para dar mayor visibilidad al reclamo del sector –consensuada en una asamblea convocada por la CGT el 16 de enero pasado– surtió efecto y fue festejada por muchos: miles de autoconvocados se concentraron en la esquina sur de la Plaza del Congreso, conformando una suerte de corredor colorido que nucleó a todas las clases sociales del campo cultural. 

Desde personajes públicos como Mercedes Morán, la escritora Claudia Piñeiro o el director Emilio García Wehbi hasta trabajadores culturales del Estado y técnicos independientes de una enorme cantidad de áreas artísticas bastante menos visibles, el centenario gomero de la placita Mariano Moreno fue testigo de abrazos y saludos entre personas que, con sus diferencias, comparten un desafío: vivir del trabajo cultural en Argentina. Por allá, un actor se saludaba con un técnico con el que trabajó en una serie. Más acá, las vestuaristas se fundían en un abrazo catártico con viejas compañeras escenógrafas. Los músicos se ponían al día con bailarines que no se habían cruzado en años. Aunque por momentos las escenas podían confundirse con una fiesta de fin de rodaje, todos estaban congregados con un mismo fin, bastante menos celebratorio. 

O, mejor dicho, con los mismos fines. El principal: manifestar un unánime repudio a la Ley Ómnibus, que en su proyecto original contemplaba la derogación de leyes vitales para el sector, y cuyas posteriores modificaciones tampoco traen un alivio sustancial, porque si bien dan marcha atrás con el cierre  o rotundo desfinanciamiento de organismos públicos de larga trayectoria que se había enunciado en una primera instancia (Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Instituto Nacional de la Música, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), insisten en medidas que dificultarán su accionar aunque garanticen una subsistencia inocua. Porque, se sabe: que una institución exista no es sinónimo de que tenga capacidad de fomento y pueda agregar valor a la comunidad para la que trabaja. “Muchas de las modificaciones que se hicieron proponen un tope de gastos administrativos para las instituciones. En el caso del Instituto Nacional de Música (INAMU), que ya de por sí tiene una estructura bastante pequeña, eso implica que finalmente deje de cumplir su función”, explica Gustavo Rodenburg, de la Unión de Músicos Independientes (UMI). 

Además del capítulo exclusivamente dedicado a la cultura, hay quienes ven un enorme riesgo en uno de los incisos del nuevo proyecto, que establece la posibilidad de “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente”. En otras palabras: delegar al presidente la posibilidad de eliminar o modificar Institutos que hoy gozan de autarquía. 

Y, aunque la Ley Ómnibus ataca de manera directa al sector, quienes se movilizaron ayer lo hicieron abrazando un reclamo más global: el rechazo al DNU 70/23 también está a la orden del día, porque incluye varios puntos que indirectamente impactarían de forma negativa en el sector. “Ninguna librería independiente sabe qué va a pasar cuando tenga que renovar sus contratos de alquiler sin la existencia de una Ley de Alquileres”, explica Cecilia Fanti, vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI). Sin repetir y sin soplar, Fanti puede citar más casos concretos de ataques indirectos: “Congelar los sueldos universitarios o no promover el surgimiento de nuevos investigadores académicos, a quienes las librerías les vendemos muchísimos libros, son golpes que también atentan contra nuestro trabajo, más allá de la derogación de la ley 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros, que nos pone en una situación de desventaja absoluta frente a las cadenas”. Para Fanti, la derogación del precio de venta parte de un gran desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado librero: “Te gritan andá a competir como si nosotros no fuésemos competitivos. Nosotros ya competimos entre nosotros por ofrecer el mejor servicio, por conseguir libros difíciles de conseguir, por tener las mejores presentaciones, por ofrecer talleres, por tener un mejor catálogo. Que no compitamos en precio no significa que no estemos compitiendo, todo el tiempo”. 

Otro gran tema que el sector percibe como un ataque tiene que ver con la desregulación de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual (artículo 350 del capítulo II): si la Ley se aprobara, SAGAI, SUTEP, Argentores, SADAIC, CAPIF y otras instituciones de gestión de derechos perderían su unicato y por ende, mucho poder. “El unicato les permite a las sociedades de gestión de derechos tener más fuerza a la hora de negociar nuestros derechos y amparar a los que menos espalda tenemos frente a un estudio grande o una plataforma”, explica Federico Pozzi, del Colectivo de Cineastas. Y cierra: “Es verdad que hay cosas para mejorar. Hace años que la cultura viene perdiendo financiamiento. Pero nadie con ganas de mejorar las instituciones culturales escribió esta ley. Se sentaron a destruir al sector. Es imposible leer todo esto de otra manera”.  

NL/NS