Macri obliga a Riquelme a postergar las elecciones en medio de una batalla judicial teñida de sospecha

La audiencia de conciliación de la que nadie esperaba nada, nada ha resuelto. Convocados por la jueza Alejandra Abrevaya tras la denuncia de “irregularidades en el padrón” radicada por la oposición y negada por el oficialismo, representantes de ambas partes se reunieron ayer alrededor del mediodía en Tribunales, con un objetivo en común pero ninguna intención de acercamiento. Tanto la fórmula de Riquelme y Ameal como la de Ibarra y Macri pretendían evitar la postergación de las elecciones en Boca, siempre y cuando se hicieran en sus términos y no en los del otro. 

La situación a esta altura es tragicómica. Recordemos que la fecha original de votación era el sábado 2 de diciembre, y que esa fecha ya se había corrido al domingo 3 por una medida cautelar realizada a partir de un pedido de la DAIA, con el argumento de que los socios de la comunidad judía no podían votar el sábado a causa del Shabat. Esa decisión, a su vez, quedó en el centro de una polémica cuando seis de los ocho firmantes involucrados en el pedido se presentaron en Boca para dejar asentado que se enteraron del mismo por los medios. 

Días después, Ibarra presentó una nueva denuncia en la que acusa al oficialismo de haber violado el estatuto de Boca al incorporar unos 13 mil socios activos al padrón a fines de 2021, motivo por el cual la jueza Abrevaya decidió suspender las elecciones hasta tanto se investigara si eso era cierto. Pero la oposición no quería postergar los comicios sino votar el domingo con un padrón “corregido”, así que pidió una audiencia de conciliación, a la que el oficialismo acudió ayer… para denunciar a la oposición. Es decir: el oficialismo denuncia que la denuncia de la oposición por irregularidades tiene irregularidades. Así de estancada está la situación.

Sobre la cuestión de fondo, Walter Krieger y Ricardo Rosica –abogado y secretario general del club respectivamente– aseguraron que Boca no solo no violó ningún artículo del estatuto al incorporar a esos supuestos 13 mil socios, sino que el mecanismo por el que fueron incorporados fue el mismo que utilizó la oposición para incorporar alrededor de 50 mil socios durante los dos períodos del gobierno de Daniel Angelici (2011-2019). Pero no solo eso, sino que, como para complicar un poco más las cosas, denunciaron que 4mil de esos socios que figuran en la lista de “sospechosos” de Ibarra no fueron incorporados por la gestión actual sino por la de Angelici. Se descuenta que, tras no llegar a ningún acuerdo, hoy Boca apelaría el fallo.

Todo este problema infinito surge porque Boca hace años que tiene más socios que lugares en la Bombonera. En 2009, de hecho, Macri decidió cerrar las inscripciones. En 2012 Angelici las volvió a abrir, bajo la modalidad de “socios adherentes”, que pagan la mitad de la cuota y pueden hacer uso de las instalaciones del club, pero no pueden ir a la cancha. Cada año, a medida que los socios activos mueren o dejan de pagar la cuota, van liberando lugares que son ocupados por los adherentes. Y, si bien el estatuto de Boca señala que la prioridad la tienen los adherentes más antiguos, hay un gris al respecto de si ese es el único criterio a seguir, o si la Comisión Directiva tiene la potestad de hacer socios activos por otros motivos, de manera discrecional. Desde 2012 en adelante, todos los oficialismos hicieron uso de ese gris y todas las oposiciones lo denunciaron, incluso el oficialismo que hoy es oposición y la oposición que hoy es oficialismo. Ninguna de esas denuncias prosperó jamás. Hasta esta semana.

Por eso la única concesión que Krieger y Rosica estaban dispuestos a hacer ayer en Tribunales era ofrecer que los 13 mil socios denunciados por Ibarra y Macri votaran en una urna aparte, lo que eventualmente permitiría corregir de manera sencilla la elección en caso de que la investigación de la justicia diera por cierta la denuncia de la oposición por primera vez en la historia. Javier Medín y Sebastián Silvestri, representantes de Ibarra y Macri en la reunión, no solo no aceptaron la propuesta, sino que, según contó el periodista de TyC Sports Julio Pavoni, pretendían sacar a esos 13 mil socios del padrón e incorporar otros 13 mil que ellos consideran que tienen derecho a votar. Por supuesto, el resultado es que el domingo no se vota.

Pero lo peor del caso es que en este momento nadie tiene la menor idea de cuándo los socios podrán finalmente expresar su voluntad en las urnas. El fin de semana del 10 no se puede porque los organismos de seguridad van a estar abocados a la asunción de Javier Milei. La opción optimista es el 17, pero dependerá de los tiempos de la Cámara Civil una vez que Boca apele el fallo. Si le dan la razón a Boca rápido, podría ser. De lo contrario, ya hay que irse con suerte hasta febrero, porque los dos fines de semana que quedan en diciembre coinciden con los feriados por las fiestas, y luego en enero hay feria judicial.

La pregunta que se cae de madura en este contexto es: ¿qué pasa en Boca si las elecciones no se hacen? Una opción es que la dirigencia actual extienda su mandato. La otra es que la Inspección General de Justicia designe un interventor para que se haga cargo del club hasta que se vote, tal como hizo en 2016 en AFA luego del famoso “38 a 38” entre Marcelo Tinelli y Luis Segura. Curiosamente, el vicepresidente de aquel “Comité normalizador” era Javier Medín, que ayer estuvo en Tribunales en representación de Ibarra y Macri. Ante la sospecha de una estrategia de intervención, hinchas de Boca ya convocaron a una movilización a la Bombonera para este domingo a las 16. 

La palabra oficial del oficialismo en Boca

LG/IG