El Gobierno busca convertir en ley una nueva moratoria previsional antes de que cierre el año

En el marco de la agenda parlamentaria extendida hasta fin de año, el Frente de Todos buscará convertir en ley una nueva moratoria previsional que le permitiría jubilarse a 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte reglamentarios. El 31 de diciembre vence el decreto presidencial que prorrogó la vigencia del plan de regularización de deuda jubilatoria iniciado en 2014, por lo que el Ejecutivo espera poder concretar la gestión antes de esa fecha para “garantizar una continuidad del derecho”. 

La norma en discusión, de autoría de Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, obtuvo media sanción del Senado el 30 de junio de este año, con 38 votos a favor –del Frente de Todos y sus aliados–, 18 abstenciones y seis en contra. La oposición tiene cuestionamientos vinculados, sobre todo, con la sostenibilidad del sistema previsional. Este nuevo esquema pendiente en la Cámara Baja reemplazaría a la moratoria previsional que venció el 23 de julio y que el Presidente prorrogó por decreto hasta el 31 de diciembre de 2022. 

En Diputados se intentó avanzar con el proyecto recibido del Senado, pero solo se concretó una reunión de comisión antes de que entrara en una pausa. Con la fecha límite ya sobre la cabeza, en el despacho de Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, señalaron a elDiarioAR que probablemente esta semana se retome la discusión en comisión, aunque todavía no está convocada. La mayor presión proviene del sector más alineado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher, que durante sus mandatos le dio una gran centralidad a las políticas de inclusión al sistema nacional de cobertura. 

“Estamos en la búsqueda de los consensos para dictaminar en comisión, creemos que podremos antes de diciembre, y ahí el desafío es llevarlo al recinto”, dijo a este medio la diputada mendocina Marisa Uceda, que preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En esta línea, el viernes pasado Moreau se reunió con la diputada Paula Penacca y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta (ambas identificadas con La Cámpora), justamente para avanzar en el tratamiento de esa iniciativa. “En Argentina solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, escribió luego del encuentro en sus redes.

En efecto, gran parte de la población en edad de jubilarse se ve obligada a recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri que otorga un 80% del haber mínimo, o a ingresar en un esquema de moratoria para garantizarse un ingreso durante su vida pasiva. Actualmente, el 53% del universo de jubilados y pensionados entró al sistema gracias a esa última modalidad (son 3,6 millones sobre un total de 6,7 millones). 

“Se está trabajando en tratar de encontrarle las condiciones para aprobarla”, dijo este lunes Germán Martinez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, en declaraciones a Futurock. Según apuntó, hay dos puntos claves en la norma sobre los que gira la discusión: la extensión del plazo de la moratoria y la modalidad de los beneficiarios para afrontar los pagos de la deuda pendiente. 

“Estamos trabajando para poder garantizar una continuidad del derecho y también hacer un mecanismo que permita no solo afrontar los pagos por parte de los argentinos y argentinas que quieren jubilarse sino también garantizar que estén los recursos públicos para poder mantener ese esquema”, precisó. 

El Plan de Pago de Deuda Previsional está destinado a personas que están cerca de la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aportes exigidos por la ley. Es para mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años, que pueden empezar a regularizar los períodos faltantes. 

Este segmento podrá regularizar su situación previsional hasta diciembre de 2008, inclusive. Para eso, deben pagar en cuotas la cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración.

Según la Anses, entre lo que queda de este año y 2023 podrán jubilarse por este plan unas 800.000 personas que no pudieron adherirse a las moratorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016.

DT