El Gobierno comienza a negociar con las empresas de consumo masivo los precios hasta fin de año y durante 2023

Una semana después de la antológica reunión que convocó el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, por el faltante de figuritas del Mundial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió un tweet alertando sobre los altos márgenes de las empresas de alimentos en medio del alza de la indigencia. Un mes después de aquel encuentro con Panini y los kioskeros, Tombolini se sentará a lo largo de esta semana con los ejecutivos de las grandes empresas de consumo masivo para negociar un nuevo acuerdo de precios no sólo hasta fines de año y sino pensando en todo 2023.

“Los congelamientos dictados por la fuerza o la idea de que el poder del Estado alcanza para congelar precios entiendo que no funcionan, no creo en eso como mecanismo”, declaró el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el fin de semana. “Sí creo en un trabajo acordado sobre todo con las empresas de consumo masivo. Hay entre 20 y 25 que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos. Es clave sentarse a la mesa con las empresas, establecer los mecanismos para que el Estado les dé certidumbre su programa de importación, ampliación de producción, garantías de provisión de insumos y créditos con mejores tasas para aumentar la inversión. Y en esa mesa tiene que haber un trabajo de acuerdo de más largo plazo que Precios Cuidados para arribar a un programa de Precios Justos que le dé a lo largo de varios meses certidumbre en la etiqueta del packaging al consumidor, porque si no, lo que termina pasando es que lo que acordamos con las empresas después no aparece en la góndola y aparecen las frustraciones”, completó Massa. En 2021, la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Español, había intentado que las compañías imprimieran los precios en los paquetes, pero no lo había conseguido, en parte por la dispersión de valores que se ofrecen no sólo en cada región del país sino en cada barrio de la misma ciudad.

“Es algo más amplio que el programa Precios Cuidados”, adelantó Massa, que no sólo planea incluir alimentos, bebidas y artículos de limpieza sino también medicamentos. “Cuando lo pongamos en marcha será con un número de compañías, de productos, con un trabajo acordado con Comercio, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), (la Secretaría de) Industria y una mesa de acuerdo de trabajo entre los gremios de cada actividad y las empresas. Estamos en un tiempo en el que todos tenemos que ceder un poquito y garantizarle al consumidor que el esfuerzo para bajar los precios tiene que contar con instrumentos puestos sobre la mesa de trabajo por todos y cada uno cediendo algo para que eso ocurra”, dijo el ministro, después de que el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se titulara la semana pasada “Ceder para crecer”.

En el equipo económico consideran que no sólo hay que pactar de acá a fin de año sino para todo 2023. “Este es el momento de sentarse con los formadores de precios para ver qué van a hacer el año que viene -cuenta una alta fuente del Gobierno-. ¿Qué van a hacer con el detergente, la leche, la cerveza? Que ganen por aumento de producción, no de precio. Algunas empresas te dicen que necesitan producir un turno más, otras que necesitan invertir en otra línea de producción, lo que demoraría un año, otras que no tienen dólares para importar insumos ni máquinas. Hay que resolver eso. Si no, todo es infructuoso. Lo que no crecen las grandes empresas, lo aprovechan las pymes, pero tampoco tienen la capacidad para responder tan rápido a la mayor demanda.”

“Las grandes son descaradas: te dicen que no suben los precios, pero después mandan las listas con subas”, cuenta un funcionario que participó hace dos meses de un encuentro entre Massa, Tombolini, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y representantes de las firmas de consumo masivo, como Agustín Llanos (Molinos), Carlos Agote (Mastellone), Gabriela Bardin (Procter & Gamble), Esteban Agost Carreño (Coca-Cola), Gonzalo Fagioli (Quilmes), Adrián Kaufmann Brea (Arcor) y Laura Barnator (Unilever). Pero también hay otras empresas que tallan fuerte en sus mercados: Ledesma, Ingenio Tabacal, Molino Cañuelas, Nestlé, CCU, Danone, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Molfino, SC Johnson, Colgate Palmolive, Mondelez, Clorox, Johnson & Johnson, Swift, BRF, Papelera del Plata y Estancia Las Marías. “Queremos que no respondan con subas de precios cuando los sindicatos consigan aumentos. Si desaceleramos alimentos y bebidas, desacelera el resto y bajás la inercia”, explican en el Gobierno.

Precios Justos para una receta ortodoxa

Los Precios Justos complementarán la receta ortodoxa con la que Massa busca doblegar la inflación: reducción del déficit fiscal y promesa, por ahora cumplida, de no financiarlo más este año con emisión monetaria. En su equipo se sorprendieron de que el índice de precios al consumidor (IPC) fuera menor a lo esperado en septiembre, al bajar al aún alto 6,2%, y por eso el Central desistió de subir otra vez las tasas de interés, a pesar de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese sentido. Sin embargo, el costo del dinero permanecerá elevado por mucho más tiempo, tanto en los últimos meses del año, en que el IPC permanecería en torno al 6% mensual por el alza de tarifas, como en 2023, a pesar de que las autoridades cobijan la esperanza de bajar el índice al 4% por mes. “Si el empleo formal crece y la inflación desacelera al 60% en 2023, puede que la economía te ayude a ganar las elecciones”, elucubran.

“Es fácil combatir la inflación bajando los aranceles a la importación, pero ahora no tenemos dólares para importar y además eso te afectaría la industria nacional, como hizo (Domingo) Cavallo para terminar con la inflación en 1991”, analizan en el equipo económico. “Es fácil combatir la inflación metiendo una recesión, subiendo la tasa al 120%, como quiere el FMI. Es fácil combatirla anclando el tipo de cambio, como con la convertibilidad, pero la producción pierde competitividad. Tampoco estamos evaluando por ahora devaluar repartiendo ayudas sociales y haciendo un plan de estabilización que congele después el dólar, las tarifas, los precios y los salarios, como el que quiere (el consultor Emmanuel Álvarez) Agis porque toda devaluación te trae un overshooting (sobrerreacción) con impacto en la economía real”, intentan despejar hipótesis que circulan con fuerza por estos días. El Fondo también presiona por una mayor depreciación del peso. En el Gobierno admiten que sólo dos planes lograron bajar la inflación con rapidez en la historia reciente de la Argentina: el Austral, que funcionó entre 1985 y 1986, y la convertibilidad, que duró entre 1991 y 2002.

Como de momento no planean devaluar, apuestan a terminar 2022 con la liquidación de unos US$ 2.800 millones de los sojeros, ahora que no pueden financiarse más a baja tasa en la banca, y con 2.800 millones más que ingresarían de créditos internacionales, incluidos 1.200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros del Banco Mundial y de China, que está atrasada en la financiación de las represas de Santa Cruz. Con eso, el Gobierno espera alcanzar a fin de año la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI. Confía en que la sequía apenas afectará la cosecha de trigo en diciembre. A su vez, para cuidar los activos del Central, se acaba de prorrogar por otro año la medida por la que las empresas argentinas con deudas en el exterior pueden acceder a dólares al tipo de cambio oficial para saldar el 60% de los vencimientos y deben renegociar el 40% restante. YPF es la que enfrenta mayores compromisos, pero también otra estatal, AySA, además de privadas como Tecpetrol (del grupo Techint) y Pampa Energía. También se espera que se frenen US$ 1.000 millones mensuales de compras externas con el nuevo mecanismo de control, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que a partir de hoy reemplaza al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que fue vulnerado por numerosas cautelares judiciales.

AR