La inflación en España subió en julio hasta el 10,8% interanual, récord desde 1984

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró julio en el 10,8%, un máximo desde septiembre de 1984 y seis décimas por encima de la tasa interanual registrada en junio, del 10,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo confirma el dato que avanzó a finales del mes pasado, y la inflación encadena dos meses consecutivos por encima del 10%. Desde febrero no cae del 7%, ejerciendo un fuerte daño al poder adquisitivo de las familias. La mitad de los productos o servicios subieron por encima del 5%.

En esta ocasión, la escalada de la inflación respecto al mismo mes del año pasado se debe, principalmente, a los incrementos de los precios relacionados con la vivienda, de nuevo a la electricidad y, preocupantemente, a los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Estos últimos se dispararon un 13,5%, un récord de enero de 1994, cuando se empezó a calcular esta serie concreta. Un avance que se da en un contexto marcado por las sequías y por el incremento de los costes de la agricultura y la ganadería por el impacto que tiene la invasión rusa de Ucrania en la energía, los abonos, los piensos y los fertilizantes. 

Este golpe es especialmente duro para los hogares con rentas más bajas, que dedican una mayor parte de su presupuesto al carro de la compra, que, además, cubre una necesidad básica que no se puede reducir.

Los cereales sufrieron un encarecimiento del 20,4%, con el precio del pan un 14,7% más elevado este julio que en el mismo mes de 2021. La carne de vacuno subió un 14,5%, la de ave hasta un 16,3%, y los huevos un 22,5%. El avance de los aceites y grasas fue del 28,6%, el de la leche del 22,6% y el de las frutas frescas del 15,1%.

La única buena noticia es que los precios de los transportes cayeron tres puntos en comparación con los datos de junio, hasta el 16,2%, por el descenso del precio los carburantes.

Esta relajación se ha producido coincidiendo con la incertidumbre sobre una caída de la demanda en próximos meses por el riesgo de recesión y con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países como Rusia de aumentar la producción de crudo en 100.000 barriles diarios desde septiembre.

Aún así, el precio de los carburantes sigue siendo especialmente alto. Se puede observa en la comparación con el verano de 2021. Recogiendo el descuento de 20 céntimos del Gobierno, actualmente el precio del litro de gasolina es cerca de un 15% más caro que a principios de agosto del año pasado, mientras que en el caso del gasóleo es un 30% superior.

Más persistencia de la inflación

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó en julio seis décimas, hasta el 6,1%, al ritmo más alto desde enero de 1993, lo que indica una mayor persistencia de las subidas de precios en esta crisis. La última previsión de la Comisión Europea apunta a un avance del IPC en 2022 de media del 8,1%, cerca de la estimación del 8,3% para el conjunto de la Unión Europea (UE).

“El escenario más probable es que se origine una desaceleración del IPC en los próximos meses, especialmente en el cuarto trimestre, con un mayor énfasis en 2023. Desafortunadamente, lo que ocurra sigue dependiendo en gran medida de factores que escapan a nuestro control”, lamenta Eduardo Miranda Sancho, analista económico de Ibercaja.

Los datos son alarmantes y hacen insuficiente el paquete de medidas con el que el Gobierno ha respondido a esta crisis energética y de inflación en general. Este mismo viernes, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó que el Ejecutivo confía en que el IPC “empiece a bajar la curva” a partir del mes de septiembre, al tiempo que indicó que, si no se hubieran adoptado medidas, la inflación hubiera subido 3,5 puntos más.

El Banco Central Europeo (BCE) dio recientemente otro toque de atención a los países que comparten el euro sobre la respuesta. Tras pedir subidas de salarios para compensar la inflación y no aumentar el riesgo de impago de hipotecas, el banco central señala ahora que solo el 12% de las medidas fiscales adoptadas para amortiguar los incrementos de los precios de la energía en 2022 están destinadas a las familias más pobres. Y apenas “un 1% contribuyen a la transición verde”, remata. Mientras que un 54% fomentan el consumo de combustibles fósiles.

“De cara al futuro, en caso de que se requiera apoyo público adicional, los recursos financieros deberían utilizarse de forma eficiente”, concluye la institución que preside Christine Lagarde en un informe reciente, en el que considera que “se deberían intensificar los esfuerzos para que las medidas compensatorias relacionadas con la energía cada vez se destinen más a los hogares más vulnerables”.

“Además, los incentivos deberían dirigirse a reducir el uso de combustibles fósiles y la dependencia energética de Rusia, al tiempo que se mantienen unas finanzas públicas saneadas”, prosigue.

Esta advertencia coincide con la realizada, también en los últimos días, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomendó a los países europeos que abandonen las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía a nivel general (con medidas como el descuento a los carburantes o las bajadas de impuestos) a cambio de centrarse en ayudar únicamente a los más pobres.

Son llamadas de atención que desde hace meses vienen repitiendo los economistas críticos, que han reclamado y reclaman, como han hecho BCE y FMI, que se atienda a los colectivos vulnerables y se actúe con visión a medio plazo.

El FMI pone cifras a una realidad conocida, aunque relativamente ignorada en los planes de choque de los gobiernos: la inflación, y sobre todo la intensificada por la subida de los precios de la energía, eleva más el coste de la vida a las familias más pobres que a las más ricas. Según calcula, en España esta diferencia es de casi 2 puntos porcentuales, respecto al gasto total de los hogares en este 2022. El golpe para el 20% de los hogares con menos capacidad adquisitiva es del 7%, mientras que para el 20% con más renta es del 5%.

La razón es que la quinta parte de los hogares de la eurozona con menos renta disponible dedica un 40% de ella solo a energía y alimentación. Se trata de un consumo del que no se puede prescindir y que para los ciudadanos de renta más alta representa escasamente un 10% de sus ingresos totales, según el propio BCE.