Inflación, pobreza, deuda, desempleo, reservas del Banco Central: la economía que recibirá Javier Milei

En una entrevista al pasar con varios periodistas, el futuro ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, subrayó que el gobierno de Javier Milei recibe “la peor herencia de la historia” y que, por ende, van a “dejar la vida para que esto salga bien”.

El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exsecretario y ministro de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, se refirió al estado de un conjunto de variables e indicadores macroeconómicos y sociales que se han ido deteriorando durante los últimos cuatro años de gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo son esos números?

El gobierno del Frente de Todos, en términos generales, no ha cumplido con la principal expectativa de un gobierno peronista, tal cual los mismos peronistas la señalan: mejorar la calidad de vida de los sectores populares.

Una de las variables que más ha contribuido a la erosión de los ingresos generales fue la alta inflación. En este sentido, la aceleración en el incremento generalizado de los precios durante los últimos 4 años ha sido, quizás, el indicador más icónico del fracaso de la gestión económica.

Al mes de octubre de este año, la inflación interanual —medida contra octubre 2022— alcanzó el 142,7%, el mayor índice desde septiembre de 1991, es decir previo a la Convertibilidad. A su vez, durante los primeros diez meses del 2023, el acumulado es de 120% y el último informe sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA —un promedio de las consultoras que releva el organismo— ubica la inflación interanual de diciembre 2023 en torno del 185%.

Si bien, los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) responden a una canasta de bienes, cada grupo de productos y servicios tiene un impacto desigual en la calidad de vida de la población. Es decir, no es lo mismo que la alta inflación esté mayoritariamente compuesta por grandes incrementos en el precio de los servicios ligados a “Restaurantes y hoteles” que a alimentos y servicios básicos. En este sentido, la inflación relacionada al segmento “Alimentos y bebidas no alcohólicas” acumula en lo que va del año un incremento del 134%, o sea 14 puntos porcentuales más que la inflación general. Esto ha traído consecuencias directas en términos de pobreza e indigencia.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó el 44,7% durante el tercer trimestre del año. Por su parte, la indigencia (es decir las personas cuyos ingresos no les alcanzan ni siquiera para comer) llegó al 9,6%. En números, esto significa que hay casi 20 millones de argentinos pobres.

Si bien las mediciones de la UCA no son oficiales, sí muestran un incremento en la pobreza e indigencia respecto al mismo trimestre del año pasado y también respecto del primer semestre del año. No solo esto sino que el mismo informe muestra que el 62,9% de los niños y adolescentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En una de sus últimas apariciones públicas, el presidente Fernández admitió tener “un enorme pesar por no haber podido resolver el problema de la pobreza”.

Cómo anduvo la actividad económica

En términos de actividad económica, la Argentina se encuentra en un período de estancamiento tendencial desde 2013. Esto quiere decir que el Producto Bruto Interno (PBI), con sus marchas y contra marchas, no ha logrado continuar con el sendero de crecimiento que se inició en 2002, con la salida de la Convertibilidad.

Según el último dato oficial disponible, durante el segundo trimestre del 2023 el PBI ha retrocedido un 2,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. Por otro lado, en el REM de octubre los analistas proyectaron un PBI real 2% inferior al promedio de 2022.

Si bien el estancado nivel de actividad, que, a su vez, convive con un régimen de inflación elevada —estanflación— deteriora la salud de la situación macroeconómica, la tasa de desocupación no parece ser una de las variables más afectadas.

Durante el segundo trimestre de 2023, el desempleo se situó en el 6,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), el nivel más bajo desde 2015. Sin embargo, la baja desocupación no se traduce en un incremento en el poder adquisitivo de los ingresos generales. Tal es así que, según el último índice de salarios publicado por el INDEC, durante los primeros nueve meses del año, la evolución del conjunto de salarios se ubicó alrededor de 7 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Si bien en los casos del sector registrado privado y público la merma oscila en torno del 3%, diferente es el caso del sector privado no registrado: su deterioro supera el 25%.

El daño sostenido del poder adquisitivo de los ingresos hizo que el salario real se encuentre en los niveles más bajos desde 2006, según un informe publicado por el Observatorio Social de la CTA.

Por otro lado, el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), refleja un salario promedio, durante octubre, de $420.706, lo cual se traduce en un monto de US$494 tomando como referencia el dólar MEP promedio del mes de octubre. En diciembre de 2015 el monto superaba los US$1.000 y en diciembre de 2019 había descendido a US$826.

En términos de variables macroeconómicas, una de las situaciones más comprometedoras para el gobierno entrante está relacionada con las reservas del BCRA.

Este miércoles 6 de diciembre, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$21.168 millones. Sin embargo, si a estos activos se les resta el pasivo, surge lo que en la jerga económica se conoce como reservas internacionales netas, que es el verdadero poder de fuego que tiene el BCRA a la hora de intervenir en el mercado cambiario, ya sea para hacer pagos de deuda o bien para vender moneda extranjera en caso de una corrida cambiaria.

En base a diversas estimaciones privadas se calcula que el monto de reservas netas se encuentra alrededor de los -US$12.000 millones. Esto significa, básicamente, que, en términos de moneda extranjera —y oro— los pasivos superan a los activos, con lo cual, en caso de liquidación del BCRA —o cierre— habría que rescatar esos pasivos.

En términos de Deuda Pública Bruta, a partir de 2011 se cortó con un proceso de descenso que había comenzado en 2004 y, a partir de 2015, la evolución de la deuda pública fue en marcado ascenso hasta alcanzar el 88,4% del PBI durante el segundo trimestre del 2023.

La composición por acreedor de dicha deuda es la siguiente: del total, el 42,2% está en manos de agencias del Sector Público, el 29% es deuda con privados y el 16,7% es con organismos multilaterales y bilaterales. En este sentido, la deuda en moneda extranjera representa el 64,7% del PBI, cuando en 2019 representaba el 77,8%.

En el caso puntual de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —un desembolso de US$44.500 millones durante la gestión de Macri— habrá que esperar ya que Milei aseguró en público que el acuerdo con el FMI “está caído”.

Un detalle interesante es que, durante 2018, cuando Caputo asumió como presidente del BCRA, la discusión con el FMI se centraba en la utilización de las divisas obtenidas en el stand by (crédito) para intervenir en el mercado cambiario. En este sentido el FMI fue muy riguroso en su negativa. Por este motivo, Caputo, en 2018, presentó su renuncia al frente del BCRA y el FMI accedió a renegociar los adelantos restantes durante el mes de octubre.

Por otro lado, y según el último informe de política monetaria publicado por el BCRA, la deuda por importaciones de bienes alcanza los US$43.000 millones, representando el 42% de la deuda como porcentaje de las importaciones.

La comparación con 2001 y el “vamos hacia la peor crisis económica de la historia”

En reiteradas oportunidades, Milei aseguró con su énfasis característico que “vamos hacia la peor crisis de la historia económica argentina” y que su prioridad es “evitar la hiperinflación”.

Frente a esta circunstancia es inevitable preguntarse si el país se encamina hacia un nuevo 2001 o si la situación comprende diferencias significativas. En este sentido, es importante hacer un análisis comparativo de las principales variables económicas y sociales.

Si bien la Convertibilidad trajo numerosos beneficios en términos de estabilización de precios, también generó diversos problemas productivos y financieros, cuyas consecuencias aún siguen vigentes.

Entre 1999 y 2001, la Argentina entró en un período de deflación de alrededor del 1% habiendo estado en 0% desde 1996. Si bien la estabilidad de precios es condición necesaria para una economía sana, no parece ser condición suficiente. 

El disciplinamiento de la inflación durante la década del 90 —que desembocó en la crisis del 2001— estuvo marcado por la convertibilidad, el uno a uno, y la apertura comercial y financiera indiscriminada. En este sentido, la imposibilidad de devaluar la moneda elimina la posibilidad de hacer correcciones cambiarias con el objetivo de preservar la competitividad de las industrias locales. Si, además, esto está acompañado de una política aperturista en términos comerciales, el ingreso de productos importados a menor costo hace que esa menor competitividad se traduzca, efectivamente, en menos ventas, menos producción y menos empleo, con sus lógicas consecuencias en términos de pobreza y calidad de vida de la población.

La tasa de desempleo alcanzó el 18,1% durante octubre de 2001 para llegar a su máximo histórico, luego del estallido de la crisis, en octubre de 2002: el 23,6%, lo cual se tradujo entonces en 3,7 millones de personas sin empleo.

Al respecto, Mariana González investigadora de FLACSO-CONICET y CIFRA-CTA comentó que “si bien hoy tenemos una situación bastante crítica en materia social, no es comparable con la crisis 2001/2022”.

“Por un lado, la desocupación en aquel momento rondaba el 20%, es decir 1 de cada 5 personas que querían trabajar no conseguían trabajo. Eso es una diferencia muy importante respecto de la situación actual en la cual. Si bien hay un problema de poder adquisitivo y persiste la informalidad en el mercado de trabajo, no hay un problema generalizado en términos de empleo. Por otro lado, incluso las remuneraciones son superiores a las que estaban vigentes en la crisis final de la convertibilidad”, sostuvo González.

Estos niveles de desocupación fueron acompañados con un sustancial incremento en la pobreza e indigencia. Durante el segundo semestre del 2001, la pobreza alcanzaba al 45,6% de la población mientras que, un año después, ese número alcanzaba el 60,1%.

Consultado sobre la situación actual, en comparación a la crisis del 2001, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA aseguró que “en 2001 y 2002 teníamos una situación de pobreza mayor y una economía que no estaba tan recalentada con el consumo, lo que permitió una devaluación del 300% y solamente se fue un 40% a precios”.

“Después se estabilizó y por muchos años tuvimos inflación estable. Hoy no está esa ventaja ya que hay una elevada elasticidad de precios respecto del tipo de cambio, lo cual desordena aún más los precios relativos y afecta mucho a la capacidad de compra”, completó Donza.

Sostuvo que, “por otro lado, el pasar del uno a uno $3,16 por dólar, generó, automáticamente, una barrera de protección a la industria nacional —que estaba completamente deprimida por las políticas comerciales aperturistas— y una reactivación muy importante porque tenían mucha capacidad ociosa” y que “toda esa desocupación comenzó a bajar a medida que comenzaba a reactivarse la industria”.

“Por último, hoy por hoy tenemos una sociedad más golpeada, con más cicatrices. Según nuestros datos, la pobreza nunca bajó del 27%. Nosotros estimamos que un 22% es un núcleo duro de pobres en la población, con lo cual, estamos hablando de una tercera generación de pobres, algo que en 2001 no pasaba, y por ende era una sociedad más resiliente”, concluyó el investigador.

En términos de deuda pública bruta, el incremento durante el estallido de 2002 fue exponencial ya que, con la devaluación de la moneda, la deuda total escaló al 166,7% del PBI después de haber declarado el default con los acreedores privados.

En la crisis del 2001 el rol del Estado era mínimo. En este sentido, no tenía capacidad de despliegue de diversos instrumentos para la protección de los sectores desfavorecidos a través de políticas de transferencias de ingresos. La cobertura social durante la crisis de inicio de milenio era nimia en comparación a los mecanismos que rigen en la actualidad.

Al día de hoy, a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), programas de pensiones no contributivas para adultos mayores y discapacitados, programas como el Potenciar Trabajo, el Estado cumple un rol importante a la hora de mitigar los efectos de la gran crisis económica que el país está atravesando.

IC/JJD