Reglamentan la ley Bases
Sturzenegger detalló la reforma del Estado para “acelerar la motosierra” e implementar mecanismos “anti-ñoquis” y “anti-coimas”
El Gobierno reglamentó este lunes el primer tramo de la Ley Bases que se refiere al Título II de Reforma del Estado, que avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.
Para explicar el decreto 694/24, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, utilizó la red social X para explicar de qué se trata lo publicado este lunes en el boletín Oficial. Según el funcionario clave en la elaboración de la ley Bases, se trata “en particular de aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas”.
De acuerdo al ministro, “la explicación requiere detallar los cambios registrados en tres instrumentos: las facultades delegadas, la ley de empleo público y la ley de procedimientos administrativos” y le dedica un posteo a cada ámbito que toca la desregulación del Estado, con “los cambios e implicancias fundamentales en cada uno”.
Para fundamentar los artículos reglamentados, Sturzenegger consideró la ley Bases “constituye la respuesta del Presidente Javier Milei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional”. Y detalla punto por punto:
MOTOSIERRA
“El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos. Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la ley 23.696. Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación”.
ANTI-COIMAS.
“La Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano. Veamos:
- Se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
- ¿Por qué es un mecanismo anti-coimas?: porque antes el funcionario podía “cajonear” el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve.
- ¿Por qué los cambios son también anti-extorsiones?: porque se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece.
- Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el Kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante las arbitrariedades del Estado.
- El borrador en el que se basó la Ley Bases para los cambios a la ley de Procedimiento Administrativo fue redactado por Paula Omodeo de JxC y luego fue enriquecido por aportes de todos los bloques. Fue un verdadero trabajo en equipo del Ejecutivo y el Congreso“.
ANTI-ÑOQUIS
“Se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado.
Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo.
Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte.
De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de “minar” al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana.
El régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro.
Las adscripciones por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional. Se termina el dislate de las adscripciones a otros poderes a costa del contribuyente.
Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses.
Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores“.
Y cierra Sturzenegger su explicación: “Lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre la reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos”.
IG
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