Ataque a la democracia en Brasil

Ante la amenaza de una “mega movilización nacional”, la Corte Suprema anuncia prisión para quienes ocupen o corten rutas

Jair Messias Bolsonaro volvió a la carga a través de Twitter. “Lula no fue elegido por el pueblo. Fue escogido por la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral”, rezaba el mensaje compartido por el exmandatario, quien permanece en Estados Unidos, adonde viajó el 29 de diciembre con visa presidencial. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras tanto, solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) impedir los “actos golpistas” que fueron convocados por la tarde de hoy.

Alexandre de Moraes, juez del STF (la Corte Suprema brasileña) prohibió para el día de hoy la “interrupción” del tránsito en todo el país. Ordenó, además, que las autoridades nacionales y estaduales adopten medidas para impedir la ocupación de autopistas y rutas, al tiempo que conminó a la detención inmediata de quienes sean encontrados en situación de cometer tales actos.

El tuit posteado ayer por Bolsonaro fue retirado tres horas después, cuando el equipo de asesores del expresidente juzgó que no era conveniente mantenerlo en función la magnitud de las movilizaciones que se avecinan. La publicación incluía un video donde aparece un fiscal de Mato Grosso del Sur (estado amazónico), en el que afirma que la elección del 28 de octubre pasado fue “fraudulenta” y repite que el voto electrónico no es confiable.

Los equipos de inteligencia del Gobierno detectaron las nuevas amenazas por mensajes difundidos a través de las redes sociales, en los que se convoca a una nueva “mega manifestación nacional por la recuperación del poder” para este miércoles, en todas las capitales brasileñas. Para proteger el Palacio del Planalto fueron dispuestos batallones de la Guardia Presidencial, de la Policía del Ejército y del Regimiento de Caballería.

Según el Abogado General de la Unión, Jorge Messias  -que presentó el pedido ante el STF-, “se ve en el posteo de las redes que el país se encuentra en la inminencia de entrar en una grave situación ”después de los trágicos sucesos del domingo 8, cuando el mundo asistió a la tentativa de destruir por completo el patrimonio de las instituciones democráticas“.

En la demanda gubernamental ante la Corte, el funcionario indicó que “es preciso salvaguardar y proteger” los edificios oficiales: Palacio del Planalto, Congreso y Corte Suprema, que fueron saqueados y damnificados durante los ataques del domingo. “Es preciso evitar el abuso del derecho de reunión, utilizado como medio ilegal e inconstitucional que involucró verdaderos atentados”.

Las medidas solicitadas incluyen la prisión preventiva para aquellos que estén involucrados en los actos previstos para hoy. También demanda el bloqueo de cuentas de usuarios de redes sociales que hayan convocado a las movilizaciones. El Gobierno detectó 171 mensajes, publicados en Telegram y WhatsApp.

 Según el Poder Ejecutivo, el llamado a esas protestas configura “una nueva amenaza al estado democrático de derecho, que debe ser preservado”. Del lado del bolsonarismo, los organizadores argumentan que se trata de “fake news” y una “trampa de la izquierda”.

Los líderes del Congreso brasileño se reunieron con el presidente Lula para respaldar en forma contundente al gobierno nacional en un momento en que vuelven a reiterarse las amenazas golpistas. El titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lyra, apuntó a los sectores bolsonaristas que vandalizaron los edificios de la Plaza de los Tres Poderes. Dijo: “Hoy todos tenemos un lenguaje único en la defensa de nuestra democracia. Nuestra casa está de pie en el repudio a los actos de vandalismo”.

El Gobierno tiene bajo estudio un pedido a las Fuerzas Armadas para que auxilien con el envío de batallones a los cuerpos policiales en la protección de los edificios públicos. La participación militar ya había sido tratada, el lunes, en una reunión con la cúpula del Ejército, la Marina y la Aeronáutica.

El decreto que estableció la intervención federal en el sistema de seguridad de Brasilia, aprobado rápidamente por el Parlamento, prevé precisamente que el interventor Ricardo Capelli podrá “exigir a los organismos, civiles y militares, los medios necesarios” para proteger los palacios de los tres poderes, de las “hordas extremistas” que siguen a Jair Bolsonaro. El riesgo latente no es menor. Una de las activistas detenidas el 8 de enero, Ana Azevedo, llegó a publicar un video donde anuncia: “Vamos a colapsar el sistema. Vamos a sitiar Brasilia y tomar el poder por asalto”.

EG