Con Castillo preso y pese a protestas masivas, el Congreso de Perú no aprobó el adelanto de las elecciones

La compleja situación socio-política de Perú, con una veintena de muertos en protestas desde la semana pasada, amenaza con agravarse por el rechazo del Congreso al proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores.

Mientras tanto, persisten las masivas protestas cuya represión generó dos renuncias en el gabinete de la flamante presidenta Dina Boluarte. Aunque parecía que existía consenso al respecto, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones porque implica una reforma constitucional.

Antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo, José Williams. En medio de cruces y gritos afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso, una Asamblea Constituyente.

Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que es preciso modificar la carta magna para que un futuro Poder Ejecutivo no le ocurra lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.

Los bloques de Perú Libre, Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Cambio Democrático sostenían esa postura reformista. Sin embargo, la cuestión generó tanta polémica que únicamente el fujimorista bloque de Fuerza Popular votó unido, y las demás bancadas, en cambio, sufragaron divididas.

Una reforma constitucional como la que implica adelantar comicios exige una mayoría de 87 votos en dos periodos legislativos consecutivos o 66 votos y un referendo de ratificación. Para llevar a cabo la primera opción, Williams había extendido ayer jueves el periodo ordinario hasta el 31 de enero, para abrir uno nuevo en febrero y encarar la segunda votación de la iniciativa ahora frustrada.

El Congreso había escuchado ayer a José Tello, el ministro de Justicia; y a los responsables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que aportaran a la viabilidad del adelanto desde un punto de vista técnico.

El reclamo de elecciones cuanto antes es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia. Actualmente, el país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamento. Además, rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos y anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.

Al mismo tiempo que se realizaba la sesión parlamentaria, hicieron públicas las renuncias de dos integrantes del gabinete de Boluarte por la represión a las protestas: la ministra de Educación, Patricia Correa y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, señaló la titular de Educación en una carta.

Por su parte, el ministro de Cultura indicó: “Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo. Los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”.

Ambos funcionarios se referían al accionar de militares y policías, a quienes se los acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que hoy alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones aumentan esas cifras a 20 o 22.

En la jornada del jueves en Ayacucho, grupos locales intentaron tomar el aeropuerto con un saldo de ocho muertos, marcando un momento bisagra en el accionar de las fuerzas militares y en el estado de emergencia dictado hace apenas días, el cual restringe derechos.

A los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y una denuncia del Ministerio Público para que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad, se sumaron denuncias constitucionales del congresista Alex Flores Ramírez contra los ministros de Interior, César Cervantes; y de Defensa, Luis Alberto Otárola, por homicidio calificado y lesiones graves.

Al no existir un registro centralizado de víctimas, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.

En otro intento de llamar a la calma, la presidenta Boluarte anunció un viaje al interior del país andino para atender los reclamos de las protestas y conformar mesas de diálogo con líderes de iglesias y gobernadores regionales. “Quiero informar que he convocado a los líderes de las iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado con el apoyo de los gobernadores, a quienes ya hemos convocado”, aseguró la mandataria en la ciudad de Chorrillos.

Asimismo, explicó que pretende abrir espacios para “llamar a los líderes que encabezan las marchas” y escuchar sus demandas. “Todos estos esfuerzos con un claro objetivo: la paz social del país”, destacó.

Mientras tanto, el expresidente Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori. El recientemente destituido mandatario estará cumpliendo allí la prisión preventiva por 18 meses que ayer la justicia dispuso en su contra.

Desde su destitución, el 7 de diciembre, Castillo estaba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, es conocido como “la cárcel presidencial” por la condena a 25 años de prisión que cumple ahí es donde Fujimori.

LC con información de agencia Télam