Lula y Marina Silva en la COP27: “Nuestro objetivo es tolerancia cero con la deforestación” de la Amazonía

Especialmente invitado por el gobernante egipcio Abdel Fatah al-Sisi, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva llegó anoche al país africano para participar de la Convención de las Naciones Unidas para el cambio climático. En el balneario Sharm El-Sheikh, disertará este miércoles en la conferencia “Carta del Amazonas, una agenda común para la transición climática”. Y el jueves se reunirá con el secretario general de la ONU António Guterres. Allí lo aguarda la diputada Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente (2003-2008), y una aliada muy activa en las definiciones de la agenda ambiental del próximo gobierno. 

La presencia de Lula, en la COP 27, adquiere una relevancia especial. El futuro mandatario buscará trazar una nueva relación de Brasil con el resto del mundo, que implique revertir la “imagen de paria internacional” del país, surgida como resultado de las políticas ambientales de Jair Bolsonaro. Como ya avisó el propio líder petista, bajo su gestión el tema tendrá “prioridad absoluta”. Se especula, además, que el jefe de Estado electo podría anunciar, en esta COP,  su interés de realizar la reunión en Brasil en 2025. La conferencia debería haberse realizado en 2019 en territorio brasileño, pero el presidente Bolsonaro canceló la cita poco después de su elección, en 2018.

Entre tanto, en Brasilia el equipo flamante equipo de transición comandado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, confirmó que se mantuvieron fructíferos “diálogos con el gobierno de Alemania y Noruega” sobre el retorno de la financiación de estos países europeos para la preservación de la floresta amazónica. “Una vez que Lula asuma la presidencia, el 1º de enero del próximo año, al día siguiente ambos dijeron que autorizarán la liberación de los recursos para ese fin” garantizó un Aloysio Mercadante, uno de los prominentes miembros de ese grupo. Según este dirigente petista, ya se negoció con el Congreso un aumento de “las partidas presupuestarias para recomponer el ministerio de Medio Ambiente, y especialmente los organismos de fiscalización y control. Esa es una prioridad decisiva”.

En cuanto a la diputada federal Marina Silva (del partido Rede), ella confía que a partir de la consagración de Lula, el 1º de enero próximo, habrá “un gran esfuerzo para recolocar a Brasil como gran protagonista en las cuestiones del cambio climático”. La figura de la parlamentaria despunta, por unanimidad, como la próxima ministra del área o, tal vez, como Autoridad del Clima, una nueva instancia que será creada por la gestión petista y que funcionará directamente al lado del gabinete presidencial en el Palacio del Planalto. Según los medios brasileños, hay varios nombres es danza para ocupar cargos de importancia en estas áreas: el senador Randolfe Rodrigues (Rede) y el diputado Alessandro Molon (PSB) figuran entre ellos. También se ha mencionado a Isabela Teixeira, que comandó la cartera durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016)

Como definió la diputada Marina en una entrevista con un grupo de periodistas internacionales, entre ellos este medio, antes de su viaje al continente africano, el proyecto de la próxima administración lulista contempla crear una instancia superior que unifique los esfuerzos de todos los ministerios involucrados en las cuestiones del medio ambiente, como los de Agricultura, de Transporte y de Minas y Energía.

--¿Cómo será la agenda socioambiental en el programa de gobierno del futuro presidente, en un contexto de grandes desafíos como aquellos que representa la crisis mundial, en área como la biodiversidad, la desertificación y el cambio climático?

--Después de cuatro años de devastación continua de las políticas ambientales, vividos bajo el presidente de Jair Bolsonaro, los desafíos para el nuevo gobierno serán enormes. Basta considerar que en 2010 teníamos una meta de reducción de las emisiones del dióxido de carbono de 50% hasta 2030. Desgraciadamente, en vez de esa disminución tendremos un aumento de 12% de las emisiones para esa fecha. Eso es muy preocupante. Nosotros sabemos que si la temperatura de la Tierra se eleva a 1,5 grados centígrados,  vamos a comprometer significativamente la seguridad climática. Y Brasil es un país vulnerable a los cambios del clima. Es precisamente sobre la base de esa fragilidad, que el programa del futuro gobierno contiene directrices estratégicas para enfrentar el estrago de la política ambiental bajo el gobierno de Bolsonaro. En simultáneo, busca recolocar Brasil en la trayectoria virtuosa que tuvimos anteriormente. No es un desafío fácil: Brasil se transformó hoy en un paria ambiental, por causa de las políticas bolsonaristas que incentivaron el descontrol de la deforestación, la violencia contra los ambientalistas y contra las comunidades indígenas. Son cerca de 400 indígenas asesinados estos cuatro años y 71 ambientalistas. Esto tiene un trasfondo muy complicado, porque revela la destrucción de los órganos de gestión y control. Se redujo sensiblemente el presupuesto destinado a los temas ambientales y se empoderó a criminales y contraventores. 

--¿Qué legislación precisa Brasil en material ambiental?

--Brasil fue un país líder en relación a las emisiones de CO2, cuando obtuvimos una reducción de 80% en la deforestación del Amazonas, a lo largo de una década. Y esa meta fue posible porque tenemos una buena legislación ambiental, una norma que nos dio la base legal para establecer un plan nacional contra el deforestación de la selva y los cambios climáticos. Desde luego, ese plan tiene que ser ahora actualizado. Pero no dejamos de albergar algunos temores de que la legislación sea cambiada para peor, para debilitar la acción gubernamental en esta área. Esto nos obliga a establecer un plan de colaboración con la sociedad civil, el mundo científico y con el propio Congreso, que será la base de sustentación del futuro gobierno. Aguardo que podamos trazar una nueva gobernabilidad, donde prioridades estratégicas del país no sean objeto de abandono como en el pasado. En estas circunstancias, con la legislación actual, el Ejecutivo tendrá todas las condiciones para actuar. Es competencia del futuro gobierno reconstruir todos los equipos de vigilancia amazónica que fueron desarmados. Eso nos permitirá hacer funcionar el programa de prevención y control de la deforestación y el Fondo Amazonia, que será competencia directa del futuro gobierno. Entonces, tenemos condiciones para actuar en lo inmediato, pero tenemos que estar muy alertas de que se intente cambiar esa legislación. En ese sentido, la cuestión de la demarcación de las tierras indígenas y  de los “quilombolas” (comunidades negras) es perfectamente posible dentro de la ley en vigencia.  

--¿Cuáles son los datos actualizados de la deforestación y qué políticas habrá para erradicar ese proceso de destrucción?

--Brasil fue responsable en 2021 por 40% de la destrucción de florestas tropicales en todo el mundo. Por eso, el presidente Lula se comprometió con una de las políticas ambientales más avanzadas: no será más una política exclusiva del ministerio de Medio Ambiente, sino también de los ministerios de Agricultura, de Transporte y de Minas y Energía. Se trata de establecer una política transversal, porque un único organismo ministerial no puede dar cuenta de reparar los perjuicios causados. Lula ya ha dicho que esa será una prioridad absoluta en su gobierno. Nuestro objetivo lo podemos resumir así: tolerancia cero con la deforestación. Sabemos de la importancia de la agricultura para Brasil, pero queremos que sea una agricultura de bajo carbono, que no se expanda por encima de la floresta. El aumento de producción tiene que venir por la vía del aumento de la productividad. Tenemos tecnología, conocimientos y experiencias altamente exitosas de aumento de la productividad. Hay, también, una meta de reforestación de 12 millones de hectáreas. Y en este sentido, es importante asociarse en este esfuerzo con los países que son parte también del Amazonas (Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela), en forma cooperativa y soberana.

--¿Cómo se instrumentará ese proceso de cooperación?

--Brasil sabe qué y cómo hacer para recuperar el protagonismo ambiental. Obviamente sin crear falsas expectativas ni de algo mágico. Hay personas que estarán en esta área en el futuro gobierno que tiene gran credibilidad. Y no me refiero solo a los altos escalones; nosotros contamos con movimientos sociales y con un soporte muy grande de la comunidad científica. ¿Cómo hacer la articulación con los países vecinos? En primer lugar, sobre la base del principio de la cooperación. Brasil logró desarrollar tecnologías que pueden ser aplicadas en los países que comparten la floresta amazónica; como por ejemplo, el sistema de monitoreo en tiempo real. Tenemos que alcanzar un objetivo conjunto que es el de la prosperidad económica, pero manteniendo la floresta en pie y respetando los pueblos originales. Partimos de una situación compleja porque hoy tenemos una criminalidad en las fronteras que es incomparablemente mayor a la que existía en 2003. En ese año, en la región teníamos 86 pistas clandestinas; hoy existen 1.274 pistas creadas mayormente durante el gobierno de Bolsonaro.

--¿Cuál será la política respecto a la financiación externa y el mercado de carbono?

--El gobierno de Bolsonaro condiciona la política ambiental al ingreso de financiación externa. En cambio, no es lo mismo con nosotros que conseguimos en el pasado reducir el desmonte del Amazonas sin un centavo de dinero externo. No consideramos el mercado de carbono como elemento clave para enfrentar el problema de la destrucción de la floresta. Este es uno de los vectores que precisará de regulación nacional, porque la que hoy existe es insuficiente y tiene una serie de problemas sin resolver. Ese debe ser un mercado seguro donde no se corra el riesgo de comprar un crédito (de carbono) que puede ser vendido dos veces, o que puede haber desaparecido, y la cuenta entonces no cierra. Bolsonaro usa esa cuestión del crédito de carbono porque, en su visión, el mundo tiene que pagar para proteger el Amazonas.  

EG