Cómo se verá la economía de América Latina en 2024

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este mes su Informe número 75. Como todos los años, ofrece balance y prospectivas 2023-2024 de la agencia para el subcontinente de la Organización de Naciones Unidas (ONU): Estudio Económico de América Latina y el Caribe . El largo documento está disponible en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org), Como todos los años también, hay un tema monográfico que unifica en una argumentación única y contundente las preocupaciones coyunturales de la comunidad de especiaiistas cepalina. Lo revela el título: El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático. Tres grandes abordajes ofrece la CEPAL sobre este tema.

El Informe se abre con un “Informe macroeconómico regional y perspectivas 2023 y 2024”, que comprende el Capítulo I. Presenta el desempeño de la economía regional desde 2022 y el análisis de su evolución en 2023, así como las perspectivas de crecimiento para 2024. Se destacan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y que condicionarán el crecimiento económico en los próximos años. En la segunda parte, “El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático”, que comprende los capítulos II, III y IV, se  revisan las consecuencias macroeconómicas del cambio climático en las economías de América Latina y el Caribe y los posibles mecanismos financieros para facilitar las inversiones necesarias a fin de contar con economías resilientes e impulsar un crecimiento dinámico, sostenido y sostenible. La tercera parte compila informaciones diferenciadas sobre el desempeño económico de los países de la región y anexos estadísticos.

Macroeconomía de una macroregión 2022-2024

El “Informe macroeconómico regional y perspectivas 2023 y 2024” comprende el capítulo primero del entero documento. En su inicio  “Panorama regional”, se desarrolla el marco del contexto internacional en el que  se destaca el impacto duradero de los choques negativos de los últimos tres años, producidos por la pandemia, el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación, junto con un endurecimiento de la política monetaria, en la economía global.

El comercio mundial continúa debilitándose, debido a factores no solo coyunturales, sino también de largo plazo.  Para 2024, se espera en general que la tendencia a la baja continúe en el caso de los bienes no energéticos, mientras que en el caso de los energéticos se podría observar una leve alza. De todas formas, en 2024 los precios de los productos básicos continuarían estando más de un 30% por encima de los niveles promedio de 2019, antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

La volatilidad de los mercados financieros aumentó en marzo, en vista de los problemas en el sistema bancario en EEUU  y Suiza, aunque posteriormente esa tendencia se revirtió. Aunque los principales bancos centrales han optado por mantener el curso restrictivo de su política monetaria para continuar con el proceso de control inflacionario, se ha verificado que persisten riesgos a nivel mundial, cuya materialización no puede descartarse, dadas las vulnerabilidades que persisten en varios niveles.

Si bien, a mediados de 2023 se atraviesa un período de mayor calma financiera, no se puede descartar un nuevo empeoramiento del escenario financiero global. Los acontecimientos geopolíticos de los últimos tiempos, además de estar conduciendo al mundo hacia la inestabilidad y una creciente fragmentación geoeconómica, podrían ocasionar nuevas rondas de aumentos de precios de los productos básicos, tornando la inflación aún más persistente y redundando en más ajustes de política monetaria.

En el mediano plazo persistirá, por lo tanto, el triple desafío que las autoridades monetarias enfrentan desde comienzos de 2020: lograr simultáneamente la estabilidad de precios, la estabilidad del crecimiento y la estabilidad financiera. El principal riesgo reside en los mercados de la vivienda, que parten de una posición frágil en la mayoría de los países y en los que mayores dificultades de acceso a créditos hipotecarios. 

En los primeros cinco meses de 2023 la tasa de variación de la liquidez global presentó una importante reducción, debido a las políticas monetarias restrictivas adoptadas por los principales bancos centrales del mundo que las consideran un complemento al alza de las tasas de interés de corto plazo para combatir el aumento de la inflación. A la vez, se ha reducido el crédito transfronterizo y ha aumentado el endeudamiento para los países en desarrollo que se encuentra en máximos históricos. En el caso de América Latina y el Caribe, entre los países más vulnerables al sobreendeudamiento se incluyen la Argentina, Dominica, el Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Suriname y la República bolivariana de Venezuela. Un contexto de bajo crecimiento puede agravar aún más el peso de la deuda.

La arquitectura financiera internacional no ha podido establecer mecanismos adecuados para el alivio y la reestructuración de la deuda en los países en desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, Argentina, Ecuador, Suriname y República Bolivariana de Venezuela han recibido préstamos por parte de China.

Respecto al sector externo, en cuanto a los términos de intercambio, para América Latina se proyecta una caída promedio del 2%, con importantes diferencias subregionales, y para el Caribe una mejora de casi un 4 %, en razón de que la caída de los precios de los productos energéticos será más pronunciada. El grupo de países más afectado por la disminución de los términos de intercambio será el de los exportadores de hidrocarburos, (Estado Plurinacional de Bolivia Colombia, el Ecuador, Trinidad y Tabago y República Bolivariana de Venezuela). Por otro lado, la baja de los precios de los productos energéticos beneficia a los países importadores de estos bienes, en particular a los países del Caribe (con la excepción de Trinidad y Tobago), que son exportadores principalmente de servicios, y a países de Centroamérica, que verán un aumento en sus términos de intercambio. En el caso de América del Sur, el efecto es mixto, pero pesa más el efecto negativo que se produce en los países exportadores de hidrocarburos y de productos agroindustriales que el efecto positivo en los países que son exportadores netos de minerales (como Chile y el Perú), por lo que se prevé una caída de los términos de intercambio para la subregión en su conjunto.

En 2023 se esperó una reducción del déficit en la balanza de servicios de América Latina, debido sobre todo a la recuperación del sector turístico tanto en el Caribe como en Centroamérica y América del Sur. En cuanto a la llegada de flujos financieros netos a la región en 2022 fue sostenida únicamente por la inversión directa.Por su parte, la inversión directa de residentes en el exterior se duplicó con creces en el año,

Las emisiones de deuda de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales habían presentado una importante caída en 2022, aunque se incrementó la participación de las emisiones de bonos temáticos.En referencia a las emisiones de bonos temáticos, dirigidos a financiar programas de conservación del medioambiente y de apoyo socioeconómico a las comunidades, el principal emisor es el gobierno de Chile, seguido por las empresas privadas del Brasil, y el gobierno de México. El Uruguay, a pesar de haber realizado solo una emisión vinculada a sostenibilidad, tiene la particularidad de que dicha emisión es la primera en el mundo.

En la región el riesgo soberano había acrecido en la primera mitad de 2022, como consecuencia de los riesgos y tensiones financieras mundiales, y luego retomó una tendencia a la baja que se mantiene en 2023. A nivel de países se presentan importantes diferencias. Uruguay es el país con el nivel de riesgo más bajo de la región; siguen Chile, Perú y Paraguay. En situación contraria, República Bolivariana de Venezuela, Argentina y Ecuador.

En el desempeño interno, la actividad económica se ha estancado en América Latina y el Caribe. Salvo en  Brasil, en todos los países hubo una desaceleración. Las actividades de servicios, sobre todo las financieras y empresariales, y las de transporte y comunicaciones, siguieron siendo las más dinámicas, mientras que la contribución del comercio disminuyó debido al menor dinamismo del consumo privado. A lo anterior también se suma el mayor dinamismo del sector agropecuario sobre todo en Brasil y  Paraguay. En la industria, por el contrario, se registra una desaceleración

La inflación regional se incrementó en 2021 y 2022. El año 2023 siguió la inercia. Principalmente, en los países con inflación crónica (Argentina, Cuba, Haití y la República Bolivariana de Venezuela) A la vez existe preocupación sobre el curso de la inflación de los alimentos que esta podría seguir en los próximos meses debido a los problemas vinculados al cambio climático y a fenómenos como El Niño-La Niña.

La recuperación pospandemia de los mercados laborales de América Latina y el Caribe se encuentra ralentizada por la persistencia de muchos de los problemas estructurales, como los elevados niveles de informalidad y las grandes desigualdades de género.

En cuanto al trabajo, el año 2024 luce poco alentador según la CEPAL. Es posible que el empleo se vuelva más vulnerable, que reciba un nivel de protección social inferior, que se amplíe en sectores menos productivos y así aumenten pobreza y desigualdad.

Debido a que la capacidad adquisitiva del salario medio y la productividad laboral se han reducido en la región, para contrarrestar el efecto en los trabajadores y, en general, en los hogares de menores recursos, el valor nominal del salario mínimo se incrementó en toda la región. Pero las perspectivas no son alentadoras: es muy probable que los trabajadores se vuelvan más vulnerables, que el nivel de protección social que reciban sea inferior y que se empleen en sectores menos productivos, lo que se traducirá en un aumento del nivel de pobreza y desigualdad en la región.

En referencia a las políticas macroeconómicas, los ingresos provenientes de otras fuentes - los ingresos no tributarios, los de capital y las donaciones- también registrarían una reducción significativa. En particular, la contracción proyectada de los ingresos no tributarios provenientes de la exploración y la producción de hidrocarburos en países como Brasil, Ecuador y México, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas natural. En algunos casos, se sumaron factores adicionales específicos de cada país, como devoluciones del IVA.

Se prevé que el gasto primario registre un crecimiento lento en América Latina, inferior a la expansión esperada del PBI. No obstante, ese incremento de la inversión pública podría ser difícil de lograr si los resultados fiscales se desviaran de las metas establecidas en los presupuestos del año. Aunque se prevé que en 2023 los pagos de intereses se mantendrán estables en relación con el producto, durante los primeros cinco meses del año se registraron incrementos significativos en varios países de la región. Al mismo tiempo, la dinámica de los precios incidió en el valor de los instrumentos de deuda indexados a la inflación. En lo que respecta al Caribe, se prevé que el gasto total del gobierno central caerá en 2023 y continuará la tendencia a la baja que comenzó a partir de 2021.

Los déficits fiscales aumentarían como resultado de la caída de los ingresos totales. Por su parte, la deuda pública mantiene una tendencia decreciente, pero aún permanecen altos los niveles de endeudamiento con relación al producto.  

Hasta el primer semestre de 2023, las tasas de interés activas de los países de la región presentaron, en general, una tendencia al alza.  En términos generales, el sector bancario de la región se encuentra bien capitalizado, con niveles bajos de mora y una rentabilidad comparable a la observada antes de la pandemia.  

El endurecimiento de la conducción de la política macroprudencial en la región no se hizo extensiva a los instrumentos orientados a riesgos crediticios, acaso para no restringir aún más la provisión de crédito en un contexto de políticas monetarias restrictivas. Y, las autoridades monetarias de la región buscan la adecuación de sus respectivos marcos regulatorios a los estándares de Basilea III.

Una tendencia reciente de las autoridades de regulación y supervisión del sistema financiero es la mayor atención que se presta a los riesgos financieros derivados del cambio climático y de fuentes potenciales de riesgo sistémico a corto y mediano plazo.

No se anticipa que las autoridades monetarias de la región comiencen un ciclo de relajamiento de la postura de política sino hasta que existan señales claras de que las presiones inflacionarias subyacentes a nivel nacional han disminuido y las condiciones financieras a nivel internacional se han relajado.

El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático

En el Capítulo II, “Crecimiento y consecuencias fiscales de los choques climáticos en las economías de América Latina y el Caribe” con el propósito de evaluar el posible impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico y las cuentas fiscales, se analizan seis países de Centroamérica y el Caribe: Barbados, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Santa Lucía. Los países que componen este grupo son especialmente vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas debido a su geografía, su elevada dependencia de actividades económicas que se verán muy afectadas por el cambio climático (como la agricultura y el turismo) y sus niveles de pobreza y desigualdad.

El número de desastres naturales por década se duplicó con creces a partir de la década de 2000, en comparación con el período comprendido entre los años 1970 y 1980.

El número de desastres por década se duplicó con creces a partir de la década de 2000, en comparación con el período comprendido entre los años ’70 y ’80. Los países del grupo también acusaron el impacto de una serie de grandes tormentas que causaron daños catastróficos, como entre otros el huracán Eta, que en 2020 afectó a millones de personas en Honduras y Guatemala.

Las estructuras económicas son vulnerables a los choques climáticos. Si no se controlan, se prevé que hacia 2050 el aumento de las temperaturas se traduzca en un drástico descenso del rendimiento agrícola y los países del Corredor Seco Centroamericano, incluidos El Salvador, Guatemala y Honduras, son especialmente vulnerables a estas perturbaciones de la agricultura.

Se prevé que el aumento de los fenómenos meteorológicos graves afecte el turismo que desempeña un papel central en los países del Caribe, incluidos los del grupo de países analizados

Todos los países del grupo registraron un descenso de la inversión pública en el período 2010-2019, con mayor baja en Guatemala, Honduras y República Dominicana y Barbados. En algunos casos, como El Salvador y Honduras, la alianza público-privada ha ido adquiriendo cada vez más relevancia.

Las necesidades de inversión para compensar el daño provocado por el cambio climático son excepcionalmente elevadas y, el margen fiscal para realizar inversiones proactivas orientadas a enfrentar el cambio climático es limitado. Estas inversiones tendrían que abarcar toda la economía, impulsando una transformación de la oferta que genere un crecimiento económico dinámico, sostenido y sostenible. Las políticas que quieran compensar las pérdidas producidas por el cambio climático deberían considerar otras inversiones en áreas como investigación y desarrollo, educación y formación y salud a fin de reforzar la productividad total de los factores.

La estrategia de financiamiento para impulsar la inversión climática y promover un crecimiento dinámico, sostenido y sostenible

¿Cuáles son los criterios para articular respuestas a los choques producidos por el cambio climático en los países de América Latina y el Caribe que tienen consecuencias de larga duración para su desarrollo económico y social? La Cepal recapitula interrogantes, y vías de solución posible.

Se trata de la creación de una senda de desarrollo sostenible para la región que depende de la inversión: en adaptación para crear resiliencia -fundamental para proteger y ampliar el acervo de capital, limitando así las pérdidas económicas y cualquier deterioro del nivel de vida-; anticipadas que mejoran la capacidad de los países para enfrentar el cambio climático y continuar invirtiendo; y de en mitigación para reducir las emisiones de conformidad con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que ha presentado en virtud del Acuerdo de París.

La viabilidad de un ambicioso programa de inversión vinculada al cambio climático se basa en la movilización de recursos públicos y privados a gran escala, que exigirá un enfoque multidimensional que alinee la política fiscal con los objetivos del cambio climático y genere las condiciones para desbloquear el capital privado y atraer la inversión. Aunque los niveles actuales de deuda pública son un motivo de preocupación, el costo del financiamiento de la deuda se destaca especialmente como un problema para las futuras inversiones vinculadas al cambio climático. Estas inversiones son de una envergadura considerable y no pueden hacerse recurriendo únicamente a deuda pública. Se necesita de una estrategia de financiamiento integral y coherente que comprende la movilización de recursos internos, crucial para cumplir todos los requisitos de inversión en iniciativas vinculadas al cambio climático, con intervenciones y políticas fiscales proactivas. La aplicación de prácticas de compras públicas verdes fomentará la integración de medidas de mitigación y adaptación en iniciativas públicas.

Políticas fiscales y decisiones monetarias

Respecto a la política fiscal en la región, varios países han establecido nuevos gravámenes o han modificado los impuestos especiales o los derechos de importación, para reforzar la tributación de los combustibles fósiles en función de su contenido de carbono. México aprobó un impuesto sobre las emisiones de carbono como parte de la reforma fiscal de 2014 como también Colombia, aprobado en 2016, La reforma fiscal ecológica más ambiciosa de la región hasta la fecha la realizó Chile en 2014.

La política monetaria verde aplicada de acuerdo con los mandatos legales de los bancos centrales puede servir de apoyo a las políticas climáticas de Gobierno en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. A su vez, las compras públicas verdes se definen como la compra de bienes, obras, servicios o consultorías que tienen los efectos menos perjudiciales posibles sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad humana en comparación con otras compras similares que se presentan como competencia.

Las estrategias de cambio climático deben complementarse con esfuerzos para construir estructuras de gobernanza sólidas para los incentivos fiscales y garantizar que se empleen los instrumentos de incentivo más eficaces. Los países y las empresas de la región han tenido cada vez más éxito en la emisión de instrumentos de deuda verde, social y de sostenibilidad en los mercados financieros nacionales y mundiales, que han registrado un rápido crecimiento en los últimos años.

Bancos Centrales, todavía

En el Capítulo IV, “El papel de los bancos centrales y los supervisores financieros en el escalamiento de las finanzas y las inversiones sostenibles en América Latina y el Caribe” se caracteriza el rol de las instituciones bancarias respecto al cambio climático en la región. 

Al respecto, Cepal pondera tres temas centrales:

Las características de esos riesgos y su dimensión sistémica que inciden en los actores económicos requieren un enfoque macroprudencial. Las opciones de políticas que se pueden aplicar en ese ámbito por lo general se examinan a partir de los instrumentos disponibles en el marco de Basilea III, aunque este puede presentar límites en lo que respecta a la inclusión completa de riesgos climáticos. En esta línea, los instrumentos de política macroprudencial para abordar la urgencia climática se enfocan en facilitar la divulgación y la transparencia de la información respecto a los riesgos climáticos, realizar pruebas de estrés para medir el impacto de la materialización de los riesgos físicos y de transición sobre el sistema financiero y ajustar otros instrumentos macroprudenciales específicos.

Según la Cepal, el papelde los Bancos Centralesha sido capital en facilitar la divulgación de los riesgos relacionados con el cambio climático, contra el enfoque convencional en que los daños ambientales constituyen externalidades negativas

En América Latina y el Caribe, se han explorado ciertas opciones en función de las principales herramientas macroprudenciales disponibles en la región, en particular las diseñadas para mitigar el riesgo de liquidez y el cambiario, así como los riesgos de capital. En tanto el papel de los Bancos Centrales y los supervisores financieros inicialmente se ha enfocado en facilitar la divulgación de los riesgos relacionados con el cambio climático, los riesgos climáticos se siguen abordando más que nada desde un enfoque convencional en que los daños ambientales constituyen externalidades negativas. La creación del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD) en 2015 refleja esa tendencia a nivel internacional, cuya finalidad reside en establecer estándares de divulgación sobre el perfil de riesgos de las empresas en cuanto a la mitigación del cambio climático.

En América Latina y el Caribe, la dificultad de dimensionar la complejidad de los riesgos climáticos se refleja, por un lado, en lo difícil que es cuantificar el financiamiento que se necesita para cumplir con las políticas de mitigación y adaptación y, por otro lado, en la poca visibilidad de las fuentes de financiamiento disponibles.

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