El cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar es un paso atrás para la soberanía alimentaria

En lo que parece ya un método de conducción política basada en el caos y la desorganización social, el gobierno de Javier Milei anunció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), y el despido inminente de más de 900 trabajadores y trabajadores. Lo hizo estigmatizando a las víctimas de la medida y fundando la misma en frases panfletarias sin respaldo documental.  

La agricultura familiar representa al 75% de los productores, aunque accede sólo al 13% de la tierra agrícola. En el sector hortícola, más de la mitad son arrendatarios y, en el campo profundo, a pesar de estar en la tierra desde hace generaciones aún no están regularizados sus títulos.

En el rubro hortalizas y verduras el sector produce más del 60% de nuestro país, en ganadería menor más del 80% y tiene impacto en bovinos de cría, en fruticultura, pollos y huevos de campo. Es el sector que garantiza el arraigo y más puestos de  trabajo en el campo. Sin embargo no cuenta con acceso al financiamiento, tiene dificultades para acceder a la formalización de su producción y la diferencia entre lo que le pagan los intermediarios y lo que los alimentos luego cuestan en la góndola promedia el 400%.

A medida que el Estado se repliega, el acceso a los alimentos en Argentina se hace más difícil, los aumentos de precios no se moderan, y el gobierno “libertario” tuvo que sentarse a debatir con los formadores de precios, desatendiendo su modelo teórico de la regulación vía libre competencia. Frente a su impotencia, anuncia la importación de alimentos, sin atender que el mercado global de alimentos está cartelizado y concentrado por corporaciones y que en Europa, EE.UU. y China los estados invierten grandes masas de subsidios en la producción primaria y agregado de valor. Libre mercado no hay en ningún lugar de la tierra.

Marchas y contramarchas en las políticas para el sector

La construcción de políticas para la agricultura familiar tal como las conocemos comenzó paradójicamente con Menem, el  ídolo de Milei. En ese gobierno se lanzó el Programa Social Agropecuario y el ProInder. Fue Carlos Menem y el PSA el que desarrolló oficinas en todas las provincias, con equipos técnicos que llegaban al campo de todo el país y no solo en la zona núcleo.

Estos programas dieron con un sujeto agrario diverso, campesinos, minifundistas, pequeños productores, pueblos originarios, que se sintetizaron institucionalmente como “agricultura familiar”. 

En paralelo, con la crisis alimentaria global la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) insistirá con que la salida a la crisis es de la mano de la producción local y la agricultura familiar y que esta requiere políticas y programas específicos y con financiamiento.

La estadística fue contundente, con el avance del capital financiero en la agricultura, desaparecieron más de 300.000 agricultores, en el marco de un proceso de concentración de la producción de alimentos y agregado de valor.

En el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner,  en el marco de esta resignificación regional y global de las políticas específicas para la Agricultura Familiar, el INTA creó el CIPAF, Centro de Investigación para la Agricultura Familiar. Casi 20 años después se pueden ver los aciertos en torno a la cantidad de desarrollos tecnológicos que este centro alcanzó. El año pasado, uno de los premios que obtuvo el INTA por sus desarrollos fue gracias a este centro y la puesta a punto del “Chango”, un micro tractor con múltiples aplicaciones del cual INTEA (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA) tiene la patente y este año se comienza a fabricar ya para la venta.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en el marco del Ministerio de Agricultura. No como un programa de asistencia sino como una herramienta transformadora para potenciar al sector.

En este proceso, las organizaciones campesinas y de pequeños productores fueron protagonistas. En la primera etapa las ligas agrarias que enfrentaron a los monopolios a fines de los 60 , la Federación Agraria Argentina y el Movimiento de Mujeres en lucha que protagonizaron luchas en los 90 contra el neoliberalismo agrario que impulsó los remates de los campos de pequeños productores y el resurgir de las organizaciones campesinas que enfrentaron fundamentalmente los desalojos y despojos asociados al avance del agronegocio en el campo argentino de la mano del paquete tecnológico transgénico de alta demanda de agrotóxicos. Esos procesos se articularon con el desarrollo del tema en el MERCOSUR, y la REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar ) donde las experiencias del Cono Sur encontraron espacios de discusión entre las organizaciones y los estados. En Argentina se constituyó el Foro de las Organizaciones de la Agricultura Familiar, donde se impulsó la necesidad de programas efectivos para el desarrollo rural, con arraigo tecnología apropiada para el sector

En 2014 la FAO y la Asamblea general de Naciones Unidas declararon ese año como Año internacional de la Agricultura Familiar, con el objetivo de llamar la atención a los estados para que desarrollen programas y políticas específicas, para luchas contra la inseguridad alimentaria. En ese marco, en nuestro país se sancionó la Ley de  Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina y elevó el rango a Secretaria de AFCI. Se creó por ley el Consejo Nacional de la Agricultura familiar, que tenía por objeto articular organizaciones y Estado para potenciar políticas de desarrollo de la “nueva ruralidad”, con la visión de pensar un campo con agricultores en condiciones  de vida digna, y eso requiere, no solo de fortalecer la producción y acceso al mercado sino también de avanzar en el acceso a la tierra y ordenamiento territorial, y garantizar el derecho a la salud , la educación, la vivienda, la conectividad  y el trabajo en el campo. 

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) no fue excepción, dadas las dificultades de normativas que plantean las mismas exigencias de instalaciones y protocolos para un pequeño emprendimiento familiar que para una mega industria, se constituyó el Senaf, una comisión que también nutrida de experiencias regionales (Chile, Brasil, Ecuador) fue modificando normativas del código alimentario argentina y resoluciones internas del Senasa, para facilitar la aprobación de salas de faena y agregado de valor de pequeña escala y para los circuitos cortos de comercialización

Este camino permitió avanzar en experiencias y tecnologías en todos los niveles, a nivel de organización y asociativismo, a nivel de producción agroecológica y convencional, a nivel de agregado de valor y de acceso a mercados 

Además del desarrollo de nuevas tecnologías, de la agroecología, y los insumos biológicos, se desarrollaron nuevas organizaciones y movimientos que enriquecieron el abanico de la gremialidad agraria argentina.

En 2016 Mauricio Macri no se animó a cerrar la entonces Secretaria de Agricultura familiar, pero la bajó de rango y la desfinanció, por lo que los trabajadores de la misma quedaron de manos atadas en provincias.

Luego el Gobierno de Alberto Fernández la volvió a convertir en secretaría, y posteriormente fue convertida en instituto trasladándola fuera del Ministerio de Agricultura. Los vaivenes y cambios de firma y organigrama  luego de la pandemia fueron quizás uno de los elementos que impidió que se avanzara con la velocidad que los tiempos requerían y las organizaciones demandaban.

Quizás lo imperdonable para esta historia haya sido no lograr la visibilización de este “otro campo”,  rompiendo el fetiche construido por los medios concentrados de comunicación de que el campo es uno solo y está representado únicamente por la Mesa de Enlace y permitiendo ver que el campo va más allá de la zona núcleo, que es diverso acorde a la diversidad de sus clima, suelo y culturas, y que la gran mayoría de los y las que producen son pequeños y medianos agricultores.

Un sector estratégico

La agricultura familiar es un sector estratégico para construir la soberanía alimentaria, y esto solo requiere  policías públicas segmentadas y apropiadas, tal como lo venimos proponiendo desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, organización que nuclea a cinco federaciones del “otro campo”, y que presentó cinco proyectos de ley y propuestas para trabajar en el acceso a la tierra, el fortalecimiento cooperativo, el financiamiento, la promoción de la agroecología, el agregado de valor y  los corredores logísticos para el acceso al mercado

Si bien, hay críticas atendibles a la gestión del  gobierno de Alberto Fernández, en tanto se produjo cierta “conurbanización” del área de agricultura familiar, en la que pueden haber primado otros objetivos, está claro que la razón del cierre del INAFCI responde a hipocresía o ignorancia del actual gobierno libertario. Y en todo caso, los cambios necesarios, deben hacerse utilizando todas las herramientas institucionales para auditar y corregir en el caso de que existieran irregularidades reparar.

La gran mayoría de los y las trabajadores del instituto tienen muchos años de antigüedad , son agrónomxs, veterinarixs y trabajadores sociales que se han desempeñado de la mejor manera según las condiciones llegando a los territorios rurales y  acompañando técnicamente al sector

Una política de desarrollo rural, requiere una estructura federal, que no puede agotarse en una oficina en CABA, eso sí se convertiría en una estructura ociosa e ineficiente. La agricultura familiar debe contar con más política no con menos, para protagonizar la transformación agroalimentaria que conduzca a una Argentina sin hambre, en la que todos y todas sus habitantes puedan acceder a alimentos saludables a precio justo

El autor pertenece a la Coordinación del MNCI Somos Tierra y es referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina.