¿Con qué se come la “e”? De cómo el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género tienen todo que ver con el hambre

El mes pasado la inflación arrojó el 20%, una familia tipo necesitó $596.823 para no ser pobre, y entre $208.000 y $266.000 para criar un hijo de entre 0 y 12 años. La semana pasada el gobierno nacional anunció, de manera intempestiva aunque para sorpresa de nadie, que se iba a prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. Solo unos días antes de que Manuel Adorni —el vocero del primer presidente liberal-libertario de la Argentina— anunciara esta prohibición, la UCA estimaba que la pobreza ya estaba en el 57,4%.  

En este escenario, para quienes piensan que el lenguaje inclusivo es solo la letra “e” y una flagrante violación de las reglas ortográficas de la RAE, es muy posible que esta prohibición signifique algún tipo de restauración simbólica. Una roca más en el espíritu refundacional del país. Para el gobierno, todo lo que sea ir en contra de estos caprichitos de mujeres que avanzaron con su agenda de nicho demasiado rápido le significa acumular y fidelizar en el imaginario de su núcleo duro. Por parte de las voces progresistas u abiertamente opositoras al gobierno, la primera reacción que se escuchó frente al anuncio fue esperable. El tren de pensamiento es, a grandes rasgos, el siguiente: ante los problemas económicos acuciantes, ir en contra del lenguaje y la perspectiva de género aparecen como la tapadera perfecta a los problemas reales. 

Bajo esta mirada, el razonamiento es claro: billetera mata cultura. Las condiciones materiales matan las palabras. En definitiva, todos estos problemas flotan en el limbo simbólico de la batalla cultural y lo simbólico es el lugar de lo poco importante, porque con lo simbólico no se come ni se cura. El gobierno tapa la profunda crisis social, el gobierno tribunea, el gobierno le vende espejitos de colores a sus votantes mientras profundiza el durísimo ajuste que también recae sobre esos votantes. Es difícil no estar de acuerdo con este razonamiento, pero no es el único tren al que nos gusta subirnos. 

Propongamos otra idea: cultura y billetera van juntas. Primero, porque “prohibir” la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la APN no es “tapar”: es una manera de decir “vamos por todo”. Se trata de un ejercicio de construcción de un “ellas” para robustecer un “nosotros”. La “e” y la “a” cayeron dentro del ajuste, pero también pueden caer la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de paridad y toda la política de salud sexual y reproductiva. Segundo, porque la vulnerabilidad pega más fuerte entre las mujeres y para abordarla necesitás tener al menos un par de anteojos que no las ignore…Y lo que no se nombra, no existe. 

Una letra no tapa el sol, pero quizás es una parte importante del sol. Veamos algunos indicadores. Ser mujer eleva 65% la probabilidad de ser pobre, según datos de la Universidad Nacional de Córdoba para 2023. Una mujer que no posee los ingresos suficientes o directamente está desocupada, es decir, una mujer que está más lejos de la autonomía económica, es una mujer con más probabilidades de sufrir violencia de género. La violencia se asienta sobre la desigualdad y su consecuencia final son los femicidios. En ese sentido, el congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo (congelado por lo menos hasta que la mediación de los movimientos sociales sean reemplazada por mediaciones institucionalmente “más aceptables”), cuyas beneficiarias son en 65% mujeres, es un ataque tanto a la autonomía de las mujeres como a su integridad. Lo mismo podemos decir del destino incierto del Acompañar, un programa que, aunque muy insuficiente, por primera vez reconocía el círculo interminable entre desigualdad y violencia y otorgaba un salario mínimo vital y móvil a las mujeres en situación de violencia durante 6 meses. Y por supuesto que tenemos que decir lo mismo del Registradas, el programa que aseguraba el pago del 50% del salario por convenio a las empleadas de casas particulares durante 6 meses para promover su registro, y que también se dio de baja. Esta política protegía un sector que está ilegalizado en casi un 75%. Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar que las jubilaciones están sufriendo los vaivenes de la suspensión de la fórmula y la amenaza constante sobre revisar las moratorias de los últimos años. Adivinen quiénes son mayoría en la población de adultas mayores (así con “a”) que acceden a un haber previsional, gracias en parte a las moratorias de los últimos diez años y al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado de los últimos tres años.

El lenguaje y la perspectiva de género no son espejitos de colores. Que quede claro: la ausencia de perspectiva de género en la política pública nos lleva a profundizar la catástrofe social que está provocando este ajuste. Mientras el gobierno le habla al núcleo duro de la galería mileísta y sus alrededores, lo que se está recortando para corregir el déficit fiscal está afectando mayoritariamente a las más vulnerables. Según un trabajo que realizó ACIJ, el gasto en lo que va de 2024, es un 33% más bajo en términos reales que el año pasado, mientras que la reducción del gasto general es del 24%. Si recortamos las políticas que promueven la autonomía económica, atienden integralmente las violencias e intentan garantizar ciudadanías más plenas, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? 

* La autora es directora de Géneros de Fundar