Membrillo y batata

En el documento llamado “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2021-2022”, publicado en 2023 por el Ministerio de Educación de la Nación (no soy el autor de esta cacofonía, sí de otras) se dicen muchas cosas de interés en el lenguaje seudocientífico de las estadísticas. Les simplifico la tarea de consultarlo, sabiendo de antemano lo vagos que son, caso contrario en este momento estarían leyendo a James Joyce o algún otro dios de la literatura.

El documento, con datos ligeramente desactualizados por ese tren bala llamado Paso del Tiempo, dice que hay aproximadamente (si hay algo impreciso en las estadísticas son los números) dos millones y medio de estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales dos millones concurren a universidades públicas (81%). El 60% son mujeres, el 4% son extranjeros y el 33% estudian carreras vinculadas a las ciencias sociales. Y el 62% que cursa el primer año, cursará el segundo. Hay 112 universidades: 57 públicas nacionales, 50 privadas y 5 públicas provinciales. Los tamaños más complejos de gestión (universidades medianas y grandes) corresponden a las estatales nacionales y, dentro de estas, a las tradicionales o históricas.

En el conjunto de universidades, hay 216 mil personas empleadas entre docentes, no docentes y altas autoridades y, en términos generales -pero no el rubro de las altas autoridades-, hay más mujeres que varones, como hay más mujeres que varones con doctorados, maestrías o especializaciones (55%) y -esto es cosecha propia- también hay más mujeres que varones en bares, restaurantes, teatros, librerías y cines.

¿Cuánto creció en matrícula la población de estudiantes universitarios en los últimos diez años? A) 10%; B) 40%; C) 10.000%. La respuesta correcta es la B, y los ganadores deberán pasar a retirar un voucher de lectura gratis de elDiarioAR por una esquina de Balvanera a designar, entre las dos y las cuatro de la mañana, solamente en días de apagón.

La población universitaria es de más de 2,7 millones de infrahumanos, calificación deducida desde la perspectiva de un avance de la libertad que se extiende por este mundo que, como cualquiera con dos dedos de frente sabe, es un plano sostenido por los elefantes Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, apoyados en una tortuga gigante. Un número equivalente a la suma de habitantes de las ciudades de Rosario y Córdoba, o a 27 Junínes, o a cuatro y media Mar del Platas, o a 180 Movistar Arenas hasta las pelotas, etcétera. Es un tercio de la población de jubilados, pero si se juzga su existencia a la baja y, por añadidura, lo innecesario de su existencia de puro dar y recibir doctrinas espurias, lo que habría de desaparecer es, “apenas”, un 5% de la población total del país.

Si le diéramos toda la vuelta a la rueda de la fiebre estatal de suprimir lo estatal como en un ataque de enfermedad autoinmune, podríamos encontrar algunos argumentos para acompañar ese plan de supresión por otros medios. El fortísimo estatismo libertario lo hace en nombre de una serie de supersticiones asociadas a la inutilidad genérica de lo público, las sospechas sobre lavados de cerebros ideológicos, el gasto educativo sin retorno inmediato como sí lo tiene la timba financiera, el oscurantismo de los profesorados y las debilidades de los educandos (y el “yerbismo” de ambos: termos, tucas) y un bajo índice de transmisión de las ficciones austríacas de mercado.

Se olvida qué tipo de productos de origen surgieron de las universidades públicas. Hagamos una lista corta de memoria inmediata: Domingo Cavallo, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Adalbert Krieger Vasena, Raúl Prebisch, Ricardo López Murphy, Federico Sturzenegger y Roberto Alemann.

Sobre algunos se podrá decir que lo hicieron en una época anterior a la proliferación de las universidades privadas, antes de los años ’50 del siglo pasado, en los que se ramificaron como extensiones confesionales paraestatales. También que las universidades públicas fueron en algún momento un servicio del Estado para las elites.

Pero sobre los más jóvenes, ¿qué se podría decir? Quizás que muchos economistas de las nuevas generaciones, amantes del carry trade e incapaces de mancharse la camisa celeste con la aureola mersa del productivismo, son resultados directos de la universidad pública que volvió a vivir a partir de 1983. Nadie va a descubrir la pólvora si anota en una memoria argentina que la universidad pública es un semillero de liberalismo económico, sobre todo del tipo especulativo que sella cabezas al vacío en Harvard u otros nidos de caranchos ideocráticos.

El valor agregado de la universidad pública es un más allá de la graduación, de la adquisición de conocimiento y de la calidad profesional, capitales que por supuesto se obtienen pero que también podrían obtenerse en una buena universidad privada

Esta deriva podría ser un argumento ideológico “progresista” para ¡cerrar las universidades públicas! Basta de Alemannes, Dujovnes, Caputos, López Murphys. Pero, en ese caso, cuál sería la suerte de los “permitidos” del sistema: Aldo Ferrer, Axel Kiciloff, Emmanuel Álvarez Agis, Silvina Batakis, etcétera. Es que el secreto de las universidades públicas, como el de muchas escuelas públicas antes de que se convirtieran de algún modo en escuelas “de clase”, es el pacto de integración que las concibió como un espacio social en el que se educa, así como el boliche es un espacio social en el que se baila.

El poder de lo público consiste en la distribución amplia de las relaciones. En sus espacios el poder se siente menos. De algún modo, y dejando de lado los dones y la aplicación de quienes concurran a ellas (eso pertenece a otro tipo de juicio: el de calidad, esfuerzo, etcétera), las universidades públicas son como plazas, como playas.

Se trata de una pertenencia correspondida con el espacio que no abunda en otros terrenos en los que existe ese derecho a la correspondencia, pero se siente menos. ¿Si se pueden volver a discutir los beneficios de las universidades públicas? Sí, claro, todo se puede discutir, pero en este caso hay que reconocer que se va entrar a un intercambio anterior a la Reforma de 1918. Quien quiera discutirlo como hecho de novedad política lo hará en… 1917.

El valor agregado de la universidad pública es un más allá de la graduación, de la adquisición de conocimiento y de la calidad profesional, capitales que por supuesto se obtienen pero que también podrían obtenerse en una buena universidad privada. Lo que la universidad pública tiene de universal es el corazón de su existencia. El peligro de su destrucción no es un sapucai de susto medio impostado. Es un horizonte en el que puede verse un futuro violáceo, de tormenta terminal, parecido al pasado reciente en el que muchas escuelas públicas se fueron convirtiendo en escuelas de “una clase”, mientras los niños acomodados migraban a las escuelas privadas de “otra clase”.

El modelo de lo público, para darle un sentido literario a la idea, se parece mucho a las historias de Dickens. Tiene la misma lógica de hermandad entre personajes de orígenes dispares, y la misma cultura de las relaciones basada en la naturalidad con que una persona se vincula con otra. No hay nada que tenga más importancia que el vínculo. Que una de esas personas sea terraplanista y la otra, no; que a una le guste la pastafrola de membrillo y a la otra la de batata; o que una se llame Caputo y la otra Kiciloff, ¿qué importancia podría tener en la universidad pública? 

JJB/MF