Milei anula la regulación de precios y da vía libre a intereses pesados

Con la derogación del DNU 690/20 publicada hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei cumple una demanda de los operadores de telecomunicaciones, televisión por cable y conectividad a Internet contra la regulación de precios en estos servicios. Tipificados como “servicios esenciales” por el gobierno de Alberto Fernández, en agosto de 2020, con la pandemia Covid-19 como escenario, el DNU 690/20 preveía un sistema de prestaciones obligatorias que debían ser cubiertas a precios básicos por las empresas.

En los hechos, la regulación de precios ahora abolida sólo había estado vigente algunos meses de 2020 y en enero de 2021 -cuando Fernández había comenzado a permitir incrementos (ese mes el alza fue del 15,1%)-, ya que a partir de febrero de 2021 numerosas medidas cautelares suspendieron el DNU 690/20 por vía judicial. 

Desde entonces, los aumentos de precios de las comunicaciones acompañaron –e impulsaron– la suba de la inflación general. Por eso, en los últimos tres años los precios de comunicaciones móviles, Internet al hogar y tv por cable suben continuamente sin que el DNU 690/20 haya alterado la situación más allá del paréntesis del último cuatrimestre de 2020.

Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley.

Intereses y doctrina

Milei ya había intervenido quirúrgicamente el sector de las comunicaciones con su DNU 70/23 a favor de algunos intereses pesados, como los grupos Claro (América Móvil, de Carlos Slim), DirecTV (Grupo Werthein) y Starlink, de su idolatrado Elon Musk. Aquella norma les permite ampliar sus negocios a nuevas actividades sin obstáculos regulatorios.

En la perspectiva de Milei, esa sería causa del malestar del Grupo Clarín/Telecom con su gobierno. Cebado en su narrativa, Milei rivaliza con el conglomerado liderado por Héctor Magnetto. Es curioso que los numerosos medios de Clarín casi no difunden información sobre Starlink a pesar de que, en el corto plazo, la conectividad satelital que comercializa Musk no compite de modo directo con los servicios de Telecom.

Resuelta la primera instancia de intervención gubernamental a favor de los sponsors de la campaña de La Libertad Avanza, ahora, con este DNU 302/24, el presidente da un paso más doctrinario y, en un guiño explícito al mercado, erradica la clasificación de las TIC como “servicios públicos en competencia”.

Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.

El destino del DNU 690/20 brinda elementos que pintan la política pública en el país. A diferencia de la Ley Argentina Digital o de otras regulaciones en el amplio sector de las comunicaciones (como la ley audiovisual), fue concebido sin análisis de legislación comparada ni respaldo técnico, tuvo el inmediato rechazo de las cámaras y empresas del sector, careció de defensores en la discusión pública, debido a que tampoco construyó consensos en torno a sus objetivos, y el gobierno que lo impulsó en plena pandemia fue tan ambicioso en su redacción como displicente en su aplicación, además de necio en su eventual modificación cuando, a poco de andar, resultó evidente que el mismo sería objeto de suspensión judicial.

Sobre el conjunto de problemas técnicos y políticos inherentes al DNU 690/20, hoy Milei dirige el abandono de toda función estatal en el sector de las comunicaciones, también por decreto. La seguridad jurídica, siempre mentada como imprescindible para el crecimiento de las comunicaciones, brilla por ausente.

MB/DTC