Milei y la educación: entre la promesa federal y los retrocesos reaccionarios

El 22 de noviembre, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, participó en un evento sobre políticas educativas de segunda generación para la alfabetización inicial, realizado en la Universidad Torcuato Di Tella, donde definió el enfoque del gobierno libertario en sus primeros doce meses de gestión educativa: “El país es federal y la Nación tiene un rol —en relación con las provincias— que para mí se explica a través de un principio de la filosofía política: el principio de subsidiariedad. Este implica, por un lado, que el protagonismo es de los sujetos, de las escuelas y de las provincias. Pero también implica que, en la medida en que no pueda hacerse frente a este desafío, la Nación, o la autoridad mayor de un cuerpo social, tiene que ir en ayuda, colaboración, respaldo o fortalecimiento de las unidades, en este caso, las provincias”, dijo el funcionario.

Y continuó: “Por lo tanto, en una educación federal es clave la capacidad de acuerdo en el Consejo Federal de Educación, y eso lo hemos tratado de cuidar y continuar. En suma, el derecho a la educación lo debe proteger, cuidar, animar y promover, en última instancia, el Estado nacional. Por supuesto que nuestro concepto es el de sociedad educadora; por tanto, el protagonismo es de toda la sociedad, no solo del Estado. Sin embargo, el Estado tiene un rol fundamental: la promoción y cuidado del derecho a la educación, respaldado por el principio de subsidiariedad, tanto con la sociedad en general como con las provincias en particular”.

Estas declaraciones manifiestan la pérdida de centralidad de la educación, junto con la ciencia y la tecnología, durante el primer año del gobierno de Javier Milei. Más aún, la ausencia del secretario en la foto oficial del discurso por cadena nacional del 10 de diciembre de 2024 escenifica esa relegación del área y la delegación de responsabilidades estatales en la sociedad.

Al evaluar las políticas educativas del gobierno de Milei en este primer año, emergen diferentes escalas de análisis. Por un lado, las medidas impulsadas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Por otro, las que se enmarcan en acuerdos del Consejo Federal de Educación (CFE) o del Consejo de Universidades, respetando la autonomía de las provincias y universidades nacionales (UUNN). Finalmente, deben considerarse los discursos emitidos sobre la educación pública, que revelan una visión de sociedad no siempre alineada con el marco constitucional vigente.

Uno de los cambios más notorios fue la degradación del Ministerio de Educación a una Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, en diciembre de 2023. Esta decisión refleja una concepción de la educación vinculada al concepto de “capital humano”, en sintonía con la Constitución de 1853, que promovía un modelo liberal y un orden socioeconómico desregulado. Sin embargo, la Constitución vigente —reformada en 1994— establece que el modelo económico debe orientarse a garantizar derechos, incluyendo la educación como un derecho humano central.

Además, otros ministerios vinculados al sistema educativo, como Ciencia y Tecnología, Trabajo y Desarrollo Social, también fueron eliminados. Entre las medidas iniciales se destacan la cancelación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (Fonid), la creación de un sistema de vouchers educativos para escuelas privadas y la suspensión de leyes fundamentales como la de financiamiento educativo, ciencia y tecnología, y educación técnico-profesional.

Impacto en las universidades públicas

El financiamiento universitario enfrentó graves problemas durante 2024, en un contexto de ataques explícitos desde el PEN hacia las UUNN. Estas instituciones sufrieron recortes presupuestarios, conflictos salariales y una paralización del sistema científico-tecnológico.

El Decreto 879/2024 vetó la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de que era un intento de “dañar políticamente” al Gobierno. Por su parte, el Presupuesto 2025 tampoco contempla los fondos necesarios para el funcionamiento óptimo de las universidades públicas.

Acuerdos en el Consejo Federal y en el Consejo de Universidades

En los espacios de concertación educativa, se destacan algunas acciones. El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó 20 resoluciones, incluyendo cambios en la formación docente inicial y la creación de un sistema federal de evaluación, certificación y acreditación de instituciones. Por su parte, el Consejo de Universidades avanzó en la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau) y los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), desarrollados en los últimos meses del gobierno anterior.

Entre las medidas más promocionadas por el Gobierno estuvo el Plan Nacional de Alfabetización. Sin embargo, este carece de una planificación integral y delega en las provincias y en organismos de la sociedad civil tareas ya previstas en la Ley de Educación Nacional. El plan se enmarca en una visión subsidiaria del Estado, descripta por Torrendell, centrada en “acompañar, asistir y fortalecer” a las provincias mediante acciones puntuales como “estrategias de aceleración de aprendizajes”. Sin embargo, no contempla la designación de cargos ni fondos adicionales para los docentes que asuman estas responsabilidades.

Entre las medidas más promocionadas por el Gobierno estuvo el Plan Nacional de Alfabetización. Sin embargo, este carece de una planificación integral y delega en las provincias y en organismos de la sociedad civil tareas ya previstas en la Ley de Educación Nacional

Un rasgo distintivo de las políticas educativas ha sido la proliferación de gestos y declaraciones que distorsionan la realidad educativa. Estas estrategias, como señala Hannah Arendt, buscan destruir la verdad factual y confundir a la ciudadanía. Entre los gestos simbólicos se incluyen:

Estas acciones son presentadas bajo la idea de una “sociedad educadora”. Sin embargo, esta noción resulta controvertida, ya que no todas las comunidades poseen los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación de manera equitativa.

Declaraciones polémicas y su impacto

Las autoridades nacionales han emitido declaraciones cuestionables:

Estas declaraciones y acciones, incoherentes entre sí, forman parte de una cruzada ideológica que mezcla ideas libertarias con posturas reaccionarias. Este discurso busca no solo debilitar al Estado, sino también deslegitimar enfoques científicos y educativos.

Paralelismos con políticas internacionales

Las ideas del gobierno de Milei muestran similitudes con propuestas internacionales, como las diez políticas educativas planteadas por Donald Trump en septiembre de este año. Entre ellas se incluyen:

Estas acciones reflejan un claro antiintelectualismo y un intento de restaurar valores conservadores, desmantelando instituciones democráticas y políticas redistributivas.

En directa sintonía con este encuadre ideológico internacional, Milei denuncia al Estado y al “colectivismo” como las causas de todas las crisis argentinas. Por ello, pretende aniquilar el estatismo y a sus instituciones, como la educación pública, bajo la idea de “sociedad educadora” que plantea el Secretario de Educación. En este primer año, la estrategia del gobierno ha sido agresiva y se valió de dos recursos principales: el desfinanciamiento del sector y un conjunto de discursos reaccionarios que incluyeron ataques infundados, sobre todo, a la educación sexual integral y al nivel universitario. Todo esto configura un retroceso arbitrario respecto de los reconocimientos constitucionales y legales logrados en estas cuatro décadas de democracia.

*El autor es pedagogo, especialista en política educativa e investigador del Conicet.

GRR/JJD