Off Shore, soberanía en Malvinas y plataforma continental
En las postrimerías del año el Ministerio de Ambiente dictó la Res. 436/21 que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de una de las áreas contenidas en la Ronda 1 de exploración off shore. Este acto, que causó gran repercusión social, es solo una muestra pequeña de una decisión del Estado nacional que se sostuvo a lo largo de las últimas gestiones del PEN, relativa al conocimiento y delineación del “sistema petrolero” que subyace en profundidades de hasta 4.000 metros.
La Ley 27.007 de hidrocarburos de 2014 revirtió y transfirió a la Secretaría de Energía de Nación (SEN) los títulos de exploración y explotación de las áreas que hasta entonces poseía la empresa pública ENARSA (hoy IEASA). Con ello se comenzó la etapa de relanzamiento de la política exploratoria off shore.
En 2018, un nuevo gobierno llamó a Concurso Internacional (Dto. 872) y la SEN adjudicó (Res. 276/19) 18 áreas (de 38 licitadas), con una extensión de 95.000 km2, en las Cuencas Argentina Norte (7), Malvinas Oeste (9) y Austral (2). Fueron a 13 empresas de 9 consorcios de compañías internacionales de 1er nivel, entre ellas YPF como socia y operadora en varios bloques, con una inversión estimada de USD 724 millones en 4 años y plazos de los permisos dos períodos 4 años cada uno y prórroga de 5 años (hoy la SEN puede ampliar hasta 2 años por demoras COVID/EIA). Los objetivos implican prospección sísmica en el 1° período y perforación de un pozo en el 2°.
Asimismo, el Gobierno actual no solo continuó con la Ronda 1 sino que, por DNU 389/21, le otorgó a IEASA en forma directa dos permisos en la Cuenca Malvinas Oeste (115 y 116).
Vale recordar que la SEN ya otorgó todos los permisos de exploración de las 18 áreas adjudicadas. Pero en virtud de la Res. Conjunta SE-SAyDS 3/19 también interviene Ambiente, quien ahora otorgó el primer EIA para la campaña de adquisición sísmica de CAN_100, donde Equinor tiene el 35% y es operador (por eso pidió la audiencia pública y presentó el EIA), YPF el 35% y Shell el 30%. También YPF ha solicitado el EIA de CAN_102 (50% y operador, Equinor 50%).
Ergo: la exploración del sistema petrolero costa afuera constituye una política pública mantenida en el tiempo por las últimas 3 administraciones, lo que denota un consenso transversal explícito, superador de posturas polarizadas.
Soberanía y valor geoestratégico
Otro aspecto relevante del debate desarrollo productivo vs. ambiente es poner de relieve la importancia de conocer las enormes riquezas marinas contenidas en las extensas superficies reconocidas a nuestro país. Aquí entran en juego COPLA, Pampa Azul y las capacidades estatales para afrontar los abismales desafíos que se presentan. Veamos.
El primer objetivo geopolítico al que podría coadyuvar la exploración off shore es, obviamente, fortalecer el reclamo soberano sobre Malvinas, mantenido incólume por nuestro país en foros internacionales desde la usurpación del Reino Unido en 1833. Recordemos que, en 2011, se aprobó la Ley 26.659 que prohibió realizar actividades de exploración y explotación en la Plataforma Continental (PC) sin haber obtenido la habilitación de la autoridad competente argentina (SEN). En virtud de ello, Cancillería denunció en la justicia local y en ámbitos globales los actos ilícitos de las compañías internacionales que actuaban dentro de la zona de exclusión.
El segundo objetivo geopolítico surge del reconocimiento del nuevo “límite exterior de la PC más allá de las 200 millas”. Son 1,7 millones km2 más de territorio (un 35% adicional a la superficie del continente) para la explotación del lecho y el subsuelo, con recursos minerales, hidrocarburos y especies sedentarias.
Esto se logró gracias a la presentación de Cancillería en 2009 ante la Comisión de Límites de la PC, contenida en… ¡50 tomos! Quien llevó adelante semejante proeza fue la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), creada en 1997 bajo dependencia de Cancillería e integrada por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada, los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Defensa, Interior y CyT. Está compuesta por geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, abogados y expertos en SIG y en derecho internacional. Colaboran también la Comisión Nacional de la Carta Geológica, CONAE, CONICET y Universidades Nacionales.
Fue así que, luego de una serie de revisiones, finalmente los nuevos límites fueron reconocidos por la ONU en 2016. Se trata de la reafirmación de la soberanía argentina sobre el lecho y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio más allá de las 200 millas y hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permitiera la explotación de los recursos naturales de dichas zonas.
Nuestro país tiene fijado el límite exterior de su PC de conformidad con la Convención ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) adoptada en 1982, que entró en vigor para Argentina en 1996. La Convención establece que la PC comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta las 200 millas contadas desde las líneas de base. Para su determinación se usan dos criterios relativos al espesor sedimentario y a la distancia al pie del talud, con dos restricciones. Y se toman elementos geomorfológicos, geológicos, geofísicos e hidrográficos.
Así, Argentina ha considerado las tareas del trazado de su límite más extenso como una “política de Estado”, pues ha mantenido una continuidad del equipo de trabajo de COPLA a lo largo de 11 años (amén de altibajos en 2001/2) y se han insumido un total de más de 432.600 horas hombre. ¡Increíble!, ¿no? Para pensar cuando denostamos “la política” o el Estado.
Otra muestra: en 2020, esta demarcación fue aprobada por la Ley 27.557, sancionada por unanimidad en el Congreso con el consenso de todos los bloques parlamentarios de ambas cámaras.
¿Y ahora qué hacemos?
Pues desplegar todas las capacidades estatales para conocer aquello que hemos reivindicado con profesionalismo y ganado en buena ley. ¿Podremos? Claro, no empezamos ayer. Aquí entra en radar la Iniciativa Pampa Azul, un proyecto interministerial creado en 2014 que articula acciones de investigación científico-tecnológicas (I+D+i). Su objetivo es contribuir a las políticas públicas oceánicas, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar (infraestructura, flota, instrumental, capacidades humanas), su conservación y el uso sostenible de los bienes marinos. En su agenda figuran, entre otros, 3 temas hoy candentes: cambio climático, gestión de riesgo ambiental y prospección geológica y geofísica.
Al respecto, quienes han seguido todo el proceso describen la enorme potencialidad que se abre a partir del nuevo escenario, junto a los retos por conocer, administrar y controlar semejante extensión territorial.
Según advierten, existen desafíos tan profundos como estas aguas australes: 1) encapsular los cúmulos abisales de gas metano congelado (clastratos) y traerlos a superficie sin que burbujeen y se dispersen en la atmósfera –las emisiones fugitivas contaminan–; 2) obtener hidrocarburos y metales valiosos y/o raros presentados como nódulos o como costras (con bastante cobre, cobalto, platino), commodities muy preciados en la actualidad.
En fin, tal como describe el especialista Carlos Mutto, estos desafíos se enmarcan en las disputas geopolíticas por los abismos subacuáticos en los océanos, donde se cruzan intereses científicos, militares e industriales cruzados por “la conquista de los fondos submarinos”, arena de la confrontación geopolítica, tecnológica y económica del futuro.[11] Este autor advierte que el fondo del mar atesora increíbles depósitos de sulfuros ricos en oro, zinc, níquel, manganeso y otros 17 metales que forman las codiciadas tierras raras “que permitirían responder a la voraz demanda del actual proceso de transición energética”.
Que un EIA no nos tape el océano.
JJC/MF
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