El fin de la pauta oficial es un problema para los ciudadanos

Una de las principales definiciones de Javier Milei en materia de políticas de comunicación, sino la única, durante su campaña presidencial fue el corte de la publicidad oficial. A pocas horas de su asunción, el ministro Luis Caputo lo confirmó: se suspenderá la pauta pública durante un año tanto para la gestión de Presidencia de la Nación como para los ministerios (resta saber si también para los organismos descentralizados como PAMI, Anses o Banco Nación y las empresas públicas como YPF, gran avisador). Así dicho, pareciera que la materia sólo involucra al gobierno y a las empresas de medios de comunicación, pero no. 

Por supuesto que la decisión tiene un impacto directo sobre la economía y el financiamiento del sistema de medios de comunicación. En 2023, la inversión del gobierno de Alberto Fernández fue de $40.244.937.740,37. Es decir, unos US$103 millones. Esto explica algo así como el 8% de todo el mercado publicitario argentino según los datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. El gobierno nacional es uno de los principales anunciantes del mercado de medios.

Esta quita o suspensión afecta a todo el sistema de medios: a los grupos más fuertes (Clarín, Indalo, La Nación, Octubre, Cadena 3) y particularmente a los medianos y chicos. La lógica que subyace esta quita es que el mercado publicitario privado premiará y financiará a las empresas que generen contenidos atractivos para las audiencias y de calidad. En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial.

En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial

Por otro lado, esta lógica supone que la única función que cumple la publicidad oficial es la de aceitar los vínculos entre el Gobierno y los medios a través de una transacción económica que premia y castiga a amigos y enemigos respectivamente. Lo cierto es que los medios y el Gobierno no son los únicos metidos en este baile. Hay un gran elefante en la sala: los ciudadanos.

El principal sujeto de derecho en una política de publicidad oficial es el ciudadano. Los gobiernos deben dar a conocer sus actos y también las áreas, políticas y mecanismos que el Gobierno genera para satisfacer demandas y derechos de esos ciudadanos. Es decir, la publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática. 

La publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática

El Gobierno también desconoce que el Estado (acá no solo el Gobierno) debe diseñar e implementar activamente políticas que promuevan la diversidad de voces, la pluralidad informativa y la profesionalización de las producciones. En nuestro país, no existen mecanismos generales que fomenten la actividad de los medios. Por tanto, la publicidad oficial se constituye en una ventanilla central a través de la cual los distintos niveles del Estado y de los gobiernos actúan sobre la sostenibilidad del sistema y afectan la diversidad y la pluralidad de voces como consecuencia secundaria. 

La decisión de Javier Milei de recortar a cero la publicidad afectará la sostenibilidad de medios y la diversidad del sistema. Además, implicará menos ingresos para todas (todas) las empresas y por ende un corte por lo más delgado: los trabajadores. Esto tendrá consecuencias directas sobre la calidad del empleo en medios y también sobre la calidad de los contenidos (contrario al objetivo que respondería a la lógica imperante). Así, asistiremos a una sociedad con menor diversidad de voces, trabajadores más precarizados, menor calidad de noticias y entretenimiento, reducción de la transparencia de la gestión gubernamental y, por ende, menor calidad del debate público.

AE/JJD