Cuáles son los móviles y cuáles serán los efectos de la mega causa judicial impulsada por la Fiscalía de Bolivia contra los golpistas que derribaron a Evo Morales

Toda administración nacional constituida en Bolivia con la instalación en el poder ejecutivo nacido de elecciones libres se habría encontrado frente a una encrucijada. ¿Qué hacer con las autoridades de transición que habían gobernado Bolivia desde la renuncia arrancada al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera en noviembre de 2019? En teoría, las opciones eran muchas y equivalentes. Pero no lucen así para quien ganó en Bolivia las presidenciales de octubre, el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Una fuerza nueva, nacida en 1997, que se veía (y aun se ve) a sí misma como revolucionaria, que había ganado todas las elecciones nacionales desde 2005, recuperaba por el voto de la ciudadanía un poder que le habían arrebatado por la fuerza. ¿Qué hacer con los arrebatadores, con la contrarrevolución o con quienes la usufructuaron de inmediato, que habían gobernado gracias a una oportunidad que le rehusaban las urnas, y cuyos divididos representantes habían sido derrotados abrumadoramente llegada la hora de presentar candidaturas y contar votos? La respuesta está en la ofensiva de la Fiscalía de Bolivia contra quienes considera responsables del Golpe de Estado. Una orden colectiva de detención contra la ex presidenta Jeanine Áñez y demás responsables prima facie. Para Áñez, capturada en el Amazonas, ya se ha dictado prisión preventiva en los Andes, y está cumpliéndola en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, sede del gobierno boliviano. De cómo siga este proceso dependen el futuro del MAS, el futuro de Arce en la presidencia, y la paz social de Bolivia. Si era demasiado fácil anticipar que el gobierno boliviano iba a buscar cómo castigar severamente a los golpistas que lo precedieron, era mucho menos fácil adelantar que fuera a ser ahora y así, y es demasiado difícil anticipar qué seguirá. Que el desenlace sea potencialmente tan abierto, en este caso, lejos de erigir un escenario esperanzador, deja entrever cuán peligroso es.

Llegado a su fin un gobierno que admitió la victoria de la fórmula triunfante del MAS con el 55, 11% de los votos en las elecciones presidenciales del 18 de octubre pasado, y que hizo en tiempo y forma el traspaso del poder el 8 de noviembre al presidente Luis Arce Catacora, la nueva administración podría haber demorado la respuesta, y aun la formulación, de esa pregunta en términos amplios. Podría haber empezado de menor a mayor, investigando uno o por uno los hechos cuestionados, desde masacres por la represión violenta de la protesta social hasta muertes derivadas de la gestión sanitaria y lucros imposibles sin el coronavirus, durante los 361 días de la presidencia de Jeanine Áñez que había empezado el 12 de noviembre de 2019.

Para las bases radicales del partido hoy oficialista y para muchos movimientos sociales que lo conforman, un acercamiento prudente, que hiciera pie en lo probado para llegar recién después a lo que buscaba probar, que fuera desde abajo hacia arriba, recomponiendo así la trama,  habría lucido como una traición. Habría implicado colocar entre paréntesis, al menos en un principio, la ilegalidad e ilegitimidad de gobierno y gobernantes, porque parecería que se trataba de hechos ilegales cometidos por un gobierno legal. La ilegalidad golpista sería la conclusión y no la premisa de la acción de la Justicia. Habrían sido vistas como causas abiertas por este y por aquel delito, y no como juicios penales contra esta o aquella persona.

La Fiscalía de Bolivia empezó de arriba abajo, de mayor a menor. El viernes ordenó la detención de Áñez y de otras varias figuras que considera coautores presuntos del Golpe de Estado. El sábado Áñez fue detenida en su domicilio en Trinidad, capital del estado amazónico de Beni, el domingo la Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para ella y otros dos ministros benianos detenidos, en una gran causa colectiva abierta por “presunto golpe de Estado”.

Que el Poder Judicial ganara un protagonismo de primera plana y ocupara el lugar central del escenario al frente de una megacausa, sorprende por la falta de antecedentes. En dos particulares, en el planteo de lacausa judicial fomulada con una amplitud tan generosa que a ciencia cierta no se podría señalar qué excluye, y en la simultaneidad de su presentación con una orden de detenciones múltiples a lo largo y a lo ancho de la geografía boliviana. Muchas constantes seculares de la política de Bolivia, como normativas racistas o crisis periódicas de representación, parecen haber quedado atrás con las presidencias de Evo Morales. Uno de los rasgos seculares sobre el que no se avanzó, y sobre el que sólo un examen circunstanciado hallaría instancias concretas de limitada y firme mejora circunscrita a lugares e instituciones identificables, es la dependencia de las iniciativas del Poder Judicial de las políticas del Ejecutivo. Y aun de modo más directo, las iniciativas del ministerio fiscal y de la magistratura son las iniciativas que le llegan desde la presidencia, con instrucciones sin errores u oscuridades.

Uno de los motivos por los cuales un sector del electorado urbano que habría dudado dos veces antes de votar a Morales dudó sólo una antes de darle su voto a Arce, sugiere desde La Paz a elDiario.AR una profesora titular de sociología en la universidad pública, era que su perfil técnico parecía augurar, si no una reforma, sí una mayor prescindencia de un uso político, o que fuera a ser entendido como tal, de las ofensivas judiciales. Cualquier esperanza quedó destrozada. Así describe desde La Paz a elDiarioAr Mauricio Souza Crespo, director de un Instituto de Investigaciones en la Universidad pública boliviana, el accionar de las fuerzas de seguridad dispuesto por la actual Fiscalía: “algunos recuerdan en estos días que no mucho diferencia a estas detenciones algo escandalosas de las conducidas durante 2019 y 2020 por el exministro fuerte del gobierno de Áñez, Arturo Murillo, que se empeñó en ‘cazar' (esa la palabra que utilizaba) a ex funcionarios del gobierno de Morales. Pero lejos de justificarlas –en una especie de toma y daca de película de mafiosos–, la comparación de las detenciones irregulares del MAS con las del gobierno de Áñez pone en evidencia el escándalo mayor del asunto: que es el mismo sistema judicial, los mismos jueces y tribunales los que han servido, sin pausa ni quiebre, para castigar y perseguir a uno y otro bando. Lo mismo se puede decir de la Policía, que en los disturbios que empujaron a Evo Morales a renunciar en noviembre de 2019 se había amotinado contra el MAS, pero que ahora es protagonista vergonzosa de shows televisivos en los que hasta efectivos antinarcóticos han sido desplegados para allanar casas de ancianas. Si hay alguna diferencia entre estas persecuciones y las anteriores, es que en estas conducidas por el MAS no hay ni siquiera la intención de fingir el seguimiento de las formas del debido proceso. Son secuestros extrajudiciales a cargo del Estado. Los jerarcas del MAS las han defendido –el Ministro de Justicia, Iván Lima­, por ejemplo– como resultados lógicos y casi rutinarios del giro de los engranajes de la Justicia, pero es probable que sean muy pocos los que no las hayan visto como lo que son: una prueba más de la crisis ya sin remedio de la Justicia boliviana. Cuando pensábamos haber llegado al fondo del barril, seguimos encontrando espacio para seguir cayendo en él”.

A la mitad de Bolivia, no hay fuente que disienta, le parece que es otra vez lo mismo, que hay un progreso que ya saben que tardará más y no menos. Los votantes que habían vuelto al MAS lo habían hecho por su capacidad superior de gestión, que ha demostrado en la política sanitaria desde la asunción de un Arce que fue elegido presidente por sus competencias al frente de la Economía en gobiernos anteriores. Quienes declaran que, finalmente, y más rápido de lo que el resto del país y de la región creían, se hará justicia, pertenecen a líneas duras del gobierno o de los movimientos sociales, en un contexto de discusión y disputa interna de corrientes y figuras como nunca antes conoció el MAS. Razonablemente, alinearse con la línea dura del gobierno fue la primera reacción de las líneas duras internas.

Sobre el resorte y el motivo de la ofensiva judicial, nadie parece concordar. No es seguro que la medida haya nacido de las líneas duras, de su lucha por la mejor vida al interior del gobierno. Tampoco de que haya sido iniciativa de Morales. De hecho, los tuits del ex presidente están formulados con mayor precisión jurídica que la orden masiva de detención, que Áñez caratula de persecución. Porque Morales pide justicia por hechos, presuntos delitos, antes que construir un delito cometido por centenares de partícipes, a quienes se incrimina, uno por uno, de una misma sedición en la que el derecho encuadra al ‘golpe’, para el que falta un tipo penal de esta denominación. Las versiones del golpe de noviembre de 2019, sindican todas a Áñez como una de las mayores usufructuarias, ninguna como incitadora o partícipe de sucesos que acabaron sin duda favoreciéndola. Preventivamente, adelantándose a esta objeción, la Fiscalía la acusa por hechos de corrupción que se asume existieron pero de los que no se ofrecen indicios.

La determinación de la causa agente es menos urgente que la atención a sus efectos. Con los días, un efecto casi mecánico que deberá producir es aunar a las fuerzas del MAS. La división frente al exterior es una debilidad cuyo precio no querrán pagar, y de continuar, no podrán pagar. Las elecciones del domingo 7 mostraron la perduración del desafecto urbano por el MAS. La ofensiva actual asentará ese desafecto, es incierto si lo extenderá. Le da una causa para aliarse a la oposición, tan fragmentada. Aunque a la vez hace parecer más fatalmente irredimible que lo único que puede unir a las fuerzas de la oposición es lo que constituye a cada una de ellas por separado: el antimasismo. También acerca, inevitablemente, a líderes que fundan su pretensión a ser los líderes de un partido nacional de oposición en lo que los distingue, para mejor, de los otros aspirantes. Ha sido la bandera de Carlos Mesa, candidato presidencial del partido centrista Comunidad Ciudadana (CC) en las dos últimas elecciones, ex presidente, periodista, valioso historiador. Si él ahora también levanta la bandera de la legalidad literal, sabe que le conviene poco que el derechista Jorge Quiroga, ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer, que declara en conferencia de prensa que la cubanización de Bolivia se ha consumado, lo llame “Don Carlos”, y lo invite a marchar del brazo, porque son representantes de la misma Bolivia profunda avasallada por “la fábula”.

Además de demostrar que el MAS es la única fuerza nacional territorial, que no hay ninguna otra tal, y que las restantes no están en camino de recomponerse, las elecciones subnacionales del domingo 7 revelaron que en Santa Cruz de la Sierra, cabeza de la media luna oriental rutinariamente opositora al MAS como antes lo había sido a todos los gobiernos con titulares andinos y occidentales, los políticos que habían gobernado durante 15 años desaparecían de la vista, y ganaba una figura asociada con noviembre de 2019, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho. Es el gobernador electo del departamento de Santa Cruz, con el 55, 64% de los votos, candidato de su nuevo partido Creemos, y es blanco también de la ofensiva de la Fiscalía. El mandato popular es indubitable, como ya lo era la precondición de esa mayoría ganada, el apoyo masivo. Medir musculatura con el Oriente ha signado la existencia y asegurado la subsistencia del MAS en todos los años en que fue oficialismo. Hacerlo ahora vuelve incalculables las consecuencias, el preguntarse qué es peor. Si el detener a Camacho, y esto genera movilizaciones que ganarían una potencia y energías indetenibles, o el escapar Camacho a quienes lo buscan, y quedar el Poder Judicial sin dominio de todo el territorio nacional. Que el héroe regional crece al ser víctima nacional, ya lo dicen desde Santa Cruz. Hay algo más. Nuevamente, asoma la idea de la secesión cruceña, sin decir la palabra. El diario El Deber, uno de los dos más grandes e importantes del país, narra con naturalidad que a centenares de personas llegadas de los departamentos de Cochabamba y del Beni, incluidas en la orden de detención de la Fiscalía, se les ha dado asilo en el Comité Santa Cruz, sede y cabeza del histórico autonomismo cruceño. Como si este edificio fuera santuario protegido por el derecho internacional como el predio de una Embajada extranjera.

Si ya sobre a quiénes se podrá detener hay incertidumbres, más todavía pesan sobre a quiénes se procesará, y muchísimas más sobre a quienes se condenará. Una posibilidad que no está entre las que se formulan últimas, es la de que en el mediano plazo la masividad inicial adelgace afinadamente, y quede un comité selecto de acusados determinantes. Y que una vez hecha esta selección, sobre hechos que se ha decidido valorar como los de más peso y mejor prueba, se busque a sus cómplices directos o partícipes necesarios. Si la presidenta Áñez queda ahí, como todo lo invita a creer, parece seguro que se convoque, por lo menos a declarar, a la ex senadora Eva Copa, titular del Senado. Ella fue la virtual vicepresidenta durante el gobierno de transición. Es la figura de más alto perfil que se haya separado del MAS para triunfar política y electoralmente, y en las elecciones del domingo 7 ganó la alcaldía de la ciudad de El Alto, bastión masista, con una mayoría extraordinaria de los votos, al frente de su agrupación recién nacida, Jallalla! Si en una batalla es el mejor lugar para esconder un cadáver, una orden de detención masiva puede ser el mejor lugar para esconder un menú que de otro modo, si fuera anticipado, dicen a elDiarioAR, parecería arbitrario, o todo lo contrario.