Mariano Ferreyra, 12 años después

El 20 de octubre de 2010, una patota conchabada por los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria terminó con la vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La emboscada criminal perpetrada en Barracas contra un conjunto de trabajadores tercerizados del ferrocarril y militantes de izquierda no solo asesinó a Ferreyra: hirió gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros presentes. El episodio de Barracas conmovió al país: un joven de 23 años había sido asesinado por defender derechos fundamentales de la clase obrera. Los hilos del crimen conducían al corazón de la clase capitalista, del gobierno y del Estado. 

Mariano Ferreyra participaba de la lucha por el pase a la planta permanente de los tercerizados del ex ferrocarril Roca. El sindicato que supuestamente debía acompañar y encabezar su reclamo, la Unión Ferroviaria, era, por el contrario, quien llevaba adelante la mayor escalada de agresiones contra los propios tercerizados. Las amenazas contra los “zurdos de mierda” era la moneda corriente con la cual los dirigentes y matones de la UF trataban a los trabajadores en lucha. El Ministerio de Trabajo, cómplice de esta hostilidad, ignoraba el reclamo por el pase a planta. 

La investigación del crimen de Mariano puso de manifiesto las razones económicas de esta complicidad de la burocracia sindical y el Estado para con la tercerización. Los trabajadores en condición precaria eran contratados por cooperativas fraudulentas, algunas de las cuales pertenecían a los propios dirigentes de la Unión Ferroviaria. A través de estas “cooperativas”, que servían a los contratistas privados del ferrocarril, tenía lugar una fabulosa malversación de subsidios estatales en favor de los concesionarios y de la propia cúpula sindical. La tercerización laboral le permitía a éstos pagarle a los trabajadores la tercera parte de los fondos públicos que recibían, y desviar a sus arcas la diferencia entre el salario de convenio y el que efectivamente percibían los precarizados. Este régimen corrupto, extendido al conjunto del servicio, explicaba también el desquicio general del mantenimiento ferroviario: un año y tres meses después del crimen de Mariano, se produjo la masacre de la estación de Once, con 52 víctimas fatales. 

El crimen de Mariano reveló otra asociación criminal: la de la burocracia que perpetró el crimen, por un lado, con el Estado y su aparato represivo, del otro. El juicio penal puso de manifiesto la “liberación” de la zona del crimen por parte de la policía Federal, y el intento de ocultamiento de esa conducta -y de los propios responsables del crimen- a través de la manipulación de los videos policiales que registraron los hechos. El entonces jefe de gabinete y actual ministro de Seguridad, Anibal Fernández, fue el encargado de reivindicar esa complicidad policial: “la policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló horas después de la emboscada. 

Por sobre todas las cosas, el asesinato de Mariano Ferreyra desató una impresionante movilización popular. Al día siguiente del crimen, 60.000 personas marcharon a Plaza de Mayo reclamando justicia. La movilización, que se extendió luego al interior de las organizaciones obreras, juveniles y barriales, golpeó con fuerza al corazón del gobierno. No podía ser de otra manera, ya que sacó a la luz la conspiración política, económica y criminal que unía al Estado y al gobierno con los concesionarios del ferrocarril y la burocracia de los sindicatos. Semanas antes del crimen de Mariano, Cristina Kirchner había participado de un acto con Pedraza y otros dirigentes de la UF, a los que elogió como representantes del “sindicalismo que construye”. Intentando borrar las huellas de esta complicidad, el gobierno kirchnerista quiso cooptar la lucha por Mariano. Pero la movilización por el juicio y castigo a sus asesinos se desarrolló sin la menor confianza en el gobierno y el Estado. Sobre esa base, se logró la condena a sus responsables materiales y a sus organizadores e instigadores, en la cabeza del propio Pedraza. La justicia, sin embargo, dejó impune al elenco de funcionarios y empresarios que ampararon o encubrieron el plan criminal. 

El crimen de Mariano fue un punto de inflexión en nuestra reciente historia política y, naturalmente, en la de nuestra clase obrera. Desnudó, por un lado, el carácter parasitario de los intereses sociales y políticos que se agitaban detrás de la pretendida “reconstrucción de la burguesía nacional”, uno de los lemas fundamentales del kirchnerismo. El gobierno “nacional y popular” resultaba el ejecutor de una operación de desfalco de los fondos públicos en beneficio del capital. Su expresión mayor fue el pago “serial” de la deuda externa en favor de los fondos internacionales. La burocracia de los sindicatos, ya devenida en burocracia empresaria, mostraba como nunca antes su hostilidad visceral para con la clase obrera. Desde entonces a hoy, el kirchnerismo ha sobrevivido en el escenario político como una criatura subordinada de esa misma burocracia y del pejotismo Con ellos, improvisó a la coalición política que recogió los restos de otro desfalco nacional – el que consumó el macrismo. 

En otro plano, Mariano Ferreyra es la expresión de una juventud entregada a la causa de la clase obrera y el socialismo, en oposición a la exaltación cosmética o “identitaria” de una juventud asociada al carrerismo estatal o parlamentario. Doce años después, varios de los nombres y apellidos ligados al crimen de Mariano transitan los escritorios ministeriales y recintos parlamentarios. Lo hacen como responsables de la precarización laboral creciente, del 50% de pobreza y del acuerdo a rajatablas con el Fondo Monetario Internacional. Son los espectros de una historia que los condenó, sin remedio, hace doce años atrás. 

MR