Avanza la mano dura de Bullrich en Diputados: tiene fecha el inicio del debate sobre la baja de edad de imputabilidad

La famosa “fase 2” del Gobierno llega también con una serie de reformas en las políticas de seguridad que Javier Milei delegó enteramente a Patricia Bullrich. Este martes se oficializó que la primera sesión en Diputados tras el receso de invierno será con un temario que incluye dos iniciativas que impulsa la ministra: las modificaciones al Registro Nacional de Datos Genéticos y una prórroga para regularizar la tenencia de armas de fuego. Además, la Casa Rosada ya tiene en tratamiento en el Congreso otras iniciativas que considera clave en su política de mano dura, como son la ley Antimafia, la ley de Reiterancia, y de Legítima Defensa.

Pero el plato fuerte para la funcionaria será el comienzo del tratamiento del proyecto que estipula la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Ayer elDiarioAR pudo confirmar de fuentes parlamentarias que la primera reunión del plenario de comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto será el 31 de julio.

El Gobierno evalúa por estas horas cuál será la estrategia para abrir la discusión sobre su nuevo Sistema de Responsabilidad Juvenil que propone básicamente reducir tres años la edad de imputabilidad. Está descartado que en la primera jornada haya una exposición de funcionarios del Ejecutivo, pero lo que aún se evalúa es de qué rango. Cerca de Bullrich descartaban ayer que sea la propia ministra la que exponga sobre el tema, porque además también tendría que presentarse su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Probablemente ese primer día concurran funcionarios técnicos de ambas carteras. 

En el oficialismo están confiados en que tienen los apoyos para que la discusión avance en las comisiones –se esperan exposiciones de especialistas, de ONG y también de víctimas de delitos cometidos por menores– para que luego el proyecto logre media sanción en el recinto. Curioso es que quien llevará adelante las riendas de la discusión no es una diputada de La Libertad Avanza, sino del PRO, aunque sí de extrema confianza de la ministra Bullrich: Laura Rodríguez Machado, la presidenta de Legislación Penal. En la comisión de Justicia y de Presupuesto sí hay dos libertarios, Manuel Quintar y José Luis Espert, respectivamente.

“Cuando proponemos que la nueva edad de imputabilidad es a los 13 no significa que los menores tengan el mismo procedimiento penal que un adulto. El nuevo Régimen Penal Juvenil quiere rescatar a los jóvenes”, planteó Rodríguez Machado a elDiariAR como defensa del proyecto del Gobierno, que legisla sobre la actuación del Estado pero que también supone que los menores estén amparados bajo la Convención internacional de los Derechos del Niño, algo que no está en la ley vigente, que data de la dictadura. 

La legisladora señaló que hay cierto consenso en el Congreso para avanzar en la discusión porque ya hay proyectos de reformas de otras bancadas con estado parlamentario. Unión por la Patria propuso mantener la edad de imputabilidad en 16 años, hay otro del PRO que estipula bajar a los 14 años y uno libertario que busca penalizar desde los 12. 

El proyecto oficialista establece penas de hasta veinte años de prisión en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” en los complejos penitenciarios. La iniciativa también prevé que los jueces puedan “investigar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”, así sean menores de 13 años. Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico.

El debate se anticipa polémico porque ya la semana pasada hubo críticas al Gobierno por llevar adelante una política de “demagogia punitivista”. Según las estadísticas, en los últimos años disminuyeron los delitos cometidos por menores de edad. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, según el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en 2023 hubo apenas cinco causas más por homicidios dolosos atribuidos a personas menores de 18 años con respecto a 2022, siendo el segundo valor más bajo de los últimos 14 años. En Capital Federal, según el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios, de los cuales solo uno fue menor de 16 años y seis seis tenían 16 o 17.

“Es verdad que la ley que está es de la dictadura, pero cualquier reforma hay que discutir seriamente. Me parece un error empezar por el final, porque la penalidad es lo último de un sistema. Modificar el Código Penal es lo más fácil que hay. Discutamos el sistema de manera integral, qué fondos se destinan y que pasa con las instancias judiciales intermedias que tienen que atravesar los menores”, reclamó ante elDiarioAR el diputado Matías Molle, referente en el tema en la bancada de UP.

La otra mano dura de Bullrich

La semana siguiente al tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo descuenta tener los apoyos necesarios para darle media sanción el 7 de agosto próximo a los primeros proyectos del paquete de seguridad que había presentado Bullrich meses atrás: la reforma al Registro de Datos Genéticos y la regularización de armas. 

La primera iniciativa propone ampliar el criterio para el registro de datos sensibles a cualquier tipo de delitos, no sólo de índole sexual (por eso originalmente se conoció como “Ley Ángeles Rawson”). El segundo proyecto estipula una prórroga para declarar la tenencia de armas o incluso entregarla. En el oficialismo aseguraron que “no tiene nada que ver con la portación de armas” y explicaron que durante la pandemia no se pudo completar la renovación del carnet que se realiza cada 5 años.

Otros tres proyectos ya están con tratamiento en Diputados. De esos el más importante para Bullrich es el llamado “Antimafia”, que busca darle la misma pena al cabecilla de un grupo criminal y a sus integrantes, además de permitir actuar con mano dura a las fuerzas de seguridad en un determinado territorio donde supuestamente actúan esas mafias. 

Cerca de Bullrich reconocieron que la iniciativa sufrirá modificaciones porque fue cuestionada en algunos puntos básicos, como por ejemplo los alcances de los operativos y quién es la autoridad que define la “zona de emergencia”, una disputa entre las jurisdicciones provinciales y de la Nación. El diputado Molle cuestionó que mientras avanza la ley antimafia, el Gobierno impulsa un blanqueo de capitales casi sin restricciones: “Si le felicitamos al crimen organizado el blanqueo de plata, no estás combatiendo a las mafias. Más que antimafia, la ley se debería llamar antipandillas”. 

Por último Bullrich también tiene en tratamiento en Diputados una ley de Reiterancia y otra de Legítima Defensa, que ampara el uso de armas de fuego tanto para los agentes de seguridad como para las personas víctimas de un delito. Así completa un paquete de mano dura en seguridad de la cual la propia ministra se jacta de ser la máxima responsable. Bullrich se sabe con aval absoluto de Milei, como ya lo dijo días atrás en una nota donde comparó su actual gestión con la que llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri: “Milei va a fondo. Nunca me dijo ‘ojo, cuidado’”.

DM/MC