El Gobierno tuvo que dar explicaciones en un organismo internacional sobre el protocolo antipiquetes de Bullrich

El Gobierno tuvo que dar explicaciones por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la política represiva del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y, fundamentalmente, sobre el accionar de las fuerzas federales el 12 de junio pasado, cuando se detuvieron de manera arbitraria a 33 personas frente al Congreso, donde había protestas contra la votación de la ley Bases y el paquete fiscal. 

Casi en paralelo a la audiencia virtual de la CIDH se supo que fueron liberadas dos de las personas detenidas en aquella represión, David Sica y Cristian Valiente. Este viernes, al cumplirse exactamente un mes, habrá una manifestación en la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Roberto de la Cruz Gómez y Daniela Calarco Arredondo, que aún permanecen en el penal de Ezeiza.

Las justificaciones públicas ante el órgano que depende de la OEA (Organización de Estados Americanos) las dieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y el responsable del Área de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, mano derecha de Bullrich. Fundamentaron que el protocolo busca evitar supuestos actos de “desestabilización” o “sedición” y afirmaron que el derecho a la protesta y de la libertad de expresión están garantizados en el país. Fueron duramente criticados en la misma audiencia por representantes de organizaciones sociales y hasta por el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.

“El mandato popular que recibió Milei, votado por el 56 por ciento, llama a ordenar socialmente al país y evitar que grupos minoritarios atenten al sistema democratico”, argumentó Fohrig sobre el protocolo antipiquetes, pese a que los fundamentos de la resolución 943 es que busca que las protestas no impidan la libre circulación del tránsito. “El objetivo del protocolo es asegurar la convivencia democrática”, agregó el funcionario en otro pasaje.

Baños llamó “grescas” a la represión que ocurrió el 12 de junio y aseveró: “Las fuerzas de seguridad se limitaron a custodiar uno de los edificios pilares del Estado y que los legisladores pudieran sesionar”. Varias de las personas que fueron detenidas aquel día acusaron a los agentes de llevar adelante “una cacería” incluso sobre la avenida 9 de Julio, es decir lejos del Congreso.

Según los denunciantes ante la CIDH, ya hubo más de 80 personas detenidas arbitrariamente desde que la administración de Javier Milei activó el protocolo y hubo 665 personas heridas, desde manifestantes a los periodistas y reporteros gráficos que recibieron balas de goma mientras cubrían las manifestaciones. 

“Promueven el desarrollo de una cultura del miedo y del terror, para detener y silenciar las voces de la protesta que crecen día tras día”, dijo Angel Borello, secretario de derechos humanos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). También participaron el CELS, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la agrupación H.I.J.O.S. y FATPREN –federación de gremios de prensa–.  

Además de calificar a todas las manifestaciones como actos antidemocráticos, en su intervención el Gobierno intentó conectarlas con la investigación judicial que se lleva adelante contra organizaciones sociales por supuesta extorsión a sus militantes para que participen en protestas. “Nos interesa que la protesta sea libre y que no sea coactiva por organizaciones y que retacea comida a gente pobre que obliga a las personas a ser parte de las protestas”, dijo Fohrig.

“El derecho a la protesta está sujeto a restricciones de otros ciudadanos que tienen visiones diferentes”, aseveró Baños y agregó que “el Estado argentino no violenta a los periodistas ni cercena a la libertad de expresión”.

La audiencia duró unas dos horas, en las que luego de las presentaciones de las organizaciones sociales y del Estado argentino, varios representantes de la CIDH marcaron críticas al protocolo antipiquete y realizaron preguntas. Los cuestionamientos más críticos los hizo Jarab, representante de la ONU en la reunión. “Toda restricción tiene que ser limitada a lo estrictamente necesario. El rol de las autoridades tiene que ser el de facilitar el derecho de protesta y no de restringirlo”, afirmó.

También señaló que “la aplicación del protocolo antipiquete ha sido caracterizado por falta de criterios claros” y afirmó que la represión del 12 de junio fue contra “manifestantes pacíficos”. Y concluyó con un punto que chocó contra el argumento oficial, incluso usado por Bullrich y Milei: “No se puede tratar a una reunión en su conjunto como violenta, asimismo como no se pueden usar conceptos como terroristas a otras conductas que no lo son”, planteó.

Tras la audiencia, quedó en el aire la posibilidad de que la CIDH haga una visita a la Argentina para auditar de primera mano la actuación de las fuerzas de seguridad y el protocolo antipiquete. Fue un pedido de las organizaciones sociales, al que los representantes del Gobierno aceptaron a regañadientes, según la expresión de Baños en la reunión: “El Estado no tiene nada que esconder”.

MC/MG