Báez ganó su primera licitación con Cristina en 2008, cobró un adelanto pero la empezó dos años más tarde

“Una colosal defraudación en perjuicio del Estado”, dijo este viernes el fiscal Diego Luciani para resumir la maniobra que atribuye a Néstor y Cristina Kirchner, al final de la tercera audiencia de su alegato. Los gobiernos de ambos expresidentes siguieron el mismo patrón de irregularidades en el supuesto direccionamiento de las 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, según expusieron este viernes con documentos oficiales y expedientes administrativos los fiscales Luciani y Sergio Mola durante su alegato en el  juicio oral y público contra la vicepresidenta. Fernández de Kirchner solicitó al tribunal autorización para ausentarse este viernes de la audiencia virtual, confirmó a elDiarioAR una fuente judicial.

Con el objetivo de cerrar la primera línea de la acusación -cómo se orquestó el supuesto direccionamiento de estas obras públicas-, los fiscales describieron ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cómo se desarrollaron las licitaciones y adjudicaciones de cada una de las 51 obras. Durante el inicio de su alegato, este lunes, Luciani había descripto esta maniobra como “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país” ordenadas y organizadas tanto por Néstor Kirchner como por Cristina Fernández.

Durante el último tramo de la audiencia, Luciani reveló mensajes de texto intercambiados durante 2014 entre el entonces secretario de Obras Públicas, José López, y el actual diputado Máximo Kirchner, a través de un intermediario y de manera directa. Entonces, el hijo mayor de la mandataria no ocupaba ningún cargo público pero de acuerdo a las conversaciones intervino en el armado de al menos una obra adjudicada a Báez.

El teléfono de López

El lunes, el fiscal Luciani había sacado a la luz mensajes extraídos del teléfono de López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015. También hizo referencia a un mensaje entre López y la nuera de la entonces presidenta, Rocía García, en el que López, siguiendo instrucciones de la mandataria, pide hablar con Máximo Kirchner en relación a las obras de Báez.

En la audiencia de este viernes, los mensajes también demostraron que Máximo Kirchner era consultado por López en la previa de una licitación, directamente o a través de Matías, Bezi, un dirigente de confianza del hijo de Fernández de Kirchner.

“Pudiste hablar con Maxi para definir la ubicación de las 100c” (100 cuadras), preguntó López a Bezi el 17 de abril de 2014. “Hola José, si, algo definimos”, fue la respuesta. López luego explica: “El miércoles o jueves quiero tener el proyecto para firmar el convenio con la Muni y llamar a licitación”. “Máximo Kirchner, que no era funcionario, que no cumplía ninguna función, es la persona encargada de definir la ubicación de las cien cuadras”, resaltó Luciani.

El 6 de mayo de ese año, López vuelve a intercambiar mensajes con Bezi para darle explicaciones sobre por qué se había atrasado la licitación en cuestión. “Se demoraron por la inclusión de unos pluviales en la calle Maradona”. Bezi responde: “Que quede previsto eso, e incluyeron el cómputo por metro cuadrado”.

Cuando estos mensajes ocurrieron, todavía no se había convocada a ninguna licitación para la pavimentación de las cien cuadras ni se había firmado el convenio entre Vialidad Nacional y la municipalidad de Río Gallegos. “Esto demuestra, señores jueces, que las licitaciones se arreglan con anterioridad”, afirmó el fiscal.

Esta licitación, adjudicada a Kank & Costilla, una de las empresas de Báez, costó más US$25,3 millones para hacer cien cuadras. “Esto es algo así como US$250.000 por cuadra”, dijo Luciani. Como otras licitaciones adjudicadas a Báez, se hizo con caracter de “urgente” e implicó “una simulación de licitación pública”, “ni tenía presupuesto asignado”, como exige la ley, entre otras irregularidades, pero con una particularidad: “Aparecen como intermediarios el hijo de la presidenta y José López”, afirmó Luciani.

En julio de 2015, López escribe al teléfono celular de Máximo Kirchner para mantenerlo al tanto de otras obras: “Encaminado lo de la Viv (sic) de El Calafate y de 28 de Noviembre. El miércoles firma los dos convenios Nivello. Viaja a los dos lugares”.

Obra 1, año 2008

Una de las obras sobre las que se explayó el fiscal este viernes fue el proyecto para la ruta provincial número 41, que comenzó a licitarse en febrero de 2008 y fue la primera obra vial de Santa Cruz licitada por Báez durante la primera gestión presidencial de Fernández de Kirchner. 

La obra consistía en la pavimentación de unos 100 kilómetros por un presupuesto oficial de $148,6 millones (más de US$47 millones de esa fecha). El fiscal Luciani explicó que el proceso de licitación comenzó en febrero de 2008 con un llamado a licitación “urgente” y una adjudicación acelerada, según uno de los documentos oficiales que expuso en la audiencia. “Deben acortarse los plazos legales estipulados ya que se encuentra ubicada en zona cordillerana y es necesario su inicio perentorio antes de la temporada invernal”, afirma la resolución.

La obra se adjudicó en abril de 2008 a Austral Construcciones, que ganó el contrato ofreciendo realizar las tareas por un monto similar al presupuesto oficial. Las empresas que según el fiscal “simularon” competir con la constructora de Báez fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y Petersen (de la familia Eskenazi, que compitió en numerosas licitaciones viales contra las empresas de Báez y siempre quedó descalificada sin haber interpuesto ninguna queja en ningún caso).

La obra no tenía partida presupuestaria ni en la provincia ni en Nación, es decir, no se le habían asignado fondos públicos en los presupuestos de 2008 y fue financiada vía transferencia discrecional del Tesoro y por compensaciones de proyectos, agregó Luciani. “La primera obra convocada durante el gobierno de Cristina Fernández nunca pasó por el Congreso”, aseveró.

La obra debía durar 30 meses pero se extendieron por 74 meses, y además, avanzó sólo un 73%. Aún así, en 2008 Austral recibió anticipo financiero de casi US$7,5 millones (a esa fecha) y beneficios que no estaban previstos en el pliego de la licitación. A pesar de la premura inicial por realizar la licitación y que el Estado pagara el adelanto millonario, una vez adjudicada a Báez, el contrato de la obra se firmó dos años después: el 2 de junio de 2010. 

“Cuando uno ve este tipo de excusas, nos preguntábamos si era cierto”, dijo Luciani. “La pregunta se responde sola, mirando el expediente de la licitación. Por eso, yo siempre pido al tribunal que lea y analice los expedientes como hicimos nosotros porque de su lectura se advierten las huellas del delito”, aseguró el fiscal durante la audiencia.

“Lo único que se hizo en los primeros seis meses desde el contrato fue la certificación del anticipo financiero (pidieron que se le pague) y la movilización de obra, pero la obra comenzó en sí recién en 2010. ¿Qué pasó con esa plata durante ese tiempo? ¿Cuál era el motivo de la urgencia? Ninguno, sólo asegurarse que la obra fuera adjudicada a una empresa de Báez”, alegó Luciani.

“La primera licitación convocada durante el gobierno de Cristina Ferández se encuentra plagada de los mismos vicios” que se detectaron en las licitaciones llevadas adelante por el gobierno del expresidente Kirchner, aseguró el fiscal.

Información privilegiada

La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicos José López- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la Administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión. Estos delitos también pueden implicar inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos y Fernández de Kirchner sostiene que se trata de “una causa fraguada” y que “los jueces ya tienen escrita y firmada la sentencia”. El veredicto está, hasta el momento, estimado para finales de este año.

Era “un elefante fucsia dentro de una habitación y nadie lo veía”, dijo Luciani sobre la cantidad de irregularidades que acusa la fiscalía. En una licitación ganada por Austral Construcciones que describió este viernes, explicó que la empresa de Báez adquirió el pliego el 10 de abril de 2007, 17 días antes de la fecha del llamado a licitación, , y resaltó: “Alguien tenía información privilegiada”. “Ni siquiera se había elevado el pliego al presidente de la AGVP (Agencia General de Vialidad Provincial) para su consideración”, lo que sucedió recién el 12 de abril. “Las licitaciones se manejaban desde antes, las licitaciones tenían nombre y apellido, fue una farsa”, dijo Luciani.

Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.

ED