Correo: la jueza reactivó la causa y se define en abril si la empresa de los Macri va a la quiebra

La jueza Marta Cirulli avanzó este miércoles con el salvataje de Correo Argentino SA, fijó el valor de las acciones en cero pesos y dispuso una audiencia para definir el destino de la compañía de la familia Macri para el próximo 29 de marzo, según el escrito publicado en sitio web del Poder Judicial. De esta manera, la magistrada fijó que entre el 7 y 8 de abril próximos, Correo o los interesados en salvar la compañía deben alcanzar un acuerdo con sus acreedores para saldar sus deudas. De lo contrario, deberá decretar la quiebra de la empresa, según lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras.

La familia del expresidente Mauricio Macri se juega mucho más que el Correo en este expediente comercial. Si el proceso de salvataje fracasa en abril, la quiebra de la compañía podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso. Ese sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El salvataje o cramdown implica que, para evitar la quiebra, la empresa puede ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri. Los interesados en hacerlo debían inscribirse en registro público. Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley). 

Con esta última decisión de la jueza Cirulli, comenzó a correr el plazo legal de 20 días para que los seis inscriptos presenten sus ofertas a los acreedores de Correo, incluido el Estado Nacional, y logren las conformidades de la mayoría de ellos, según establece el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la audiencia del 29 de marzo, los inscriptos deberán presentar esas conformidades. La jueza Cirulli deberá entonces evaluarlas y decidir si el salvataje fue saldado o si la compañía va a la quiebra, en caso de que ninguno de los inscriptos pueda presentar un acuerdo con los acreedores. 

La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $4 mil millones. 

El escrito de la jueza Cirulli fue ingresado en el sistema web inmediatamente después de la última presentación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el expediente. Este mismo miércoles, el jefe de los abogados del Estado Nacional había solicitado a la magistrada que reactive el proceso de salvataje “a fin de dar continuidad al procedimiento previsto por la ley” de Concursos y Quiebras. 

El que pierde es el Estado con las demoras,

El presidente Alberto Fernández hizo alusión al caso del Correo en su discurso del lunes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso cuando entre sus críticas al Poder Judicial mencionó “concursos comerciales que demoran décadas” como uno de los “desvíos en la Justicia” que dijo observar desde hace tiempo. El concurso preventivo de la empresa de la familia Macri cumplió 19 años en septiembre último.

Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año, pero el proceso se suspendió y dilató durante meses, en parte debido a los planteos de los abogados de la principal accionista, Socma (Sociedades Macri), que buscó apartar a la jueza y a la fiscal general que interviene en el proceso, Gabriela Boquin. Además, Correo se opone al salvataje y solicitó hace alrededor de un año a la Corte Suprema que revise la decisión. 

La Sala B de la Cámara Comercial confirmó a Cirulli el 17 de febrero último, decisión que tenía pendiente desde noviembre de 2020 y que había paralizado el salvataje, ya que en el fuero comercial, los jueces son apartados de los expedientes hasta que se resuelva la recusación. Socma, principal accionista de Correo, se presentó ante el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con apartamiento de la fiscal.

Antecedentes del caso

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. En 2003, el servicio fue estatizado, situación que la compañía atribuye a su debacle económica, junto con la falta de pago de los servicios postales prestados al Estado durante años. En el expediente, sin embargo, también se expone la falta de pago de canon que la empresa debía cumplir con la administración pública y no hizo. De allí, su deuda con el Estado.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

“Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.

ED