La defensa de Boudou apeló su regreso a la cárcel y Casación deberá revisar la medida

La defensa de Amado Boudou apeló en las últimas horas la orden de que el exvicepresidente regrese a una cárcel federal para cumplir la pena efectiva por el caso Ciccone, según el escrito al que accedió elDiarioAR. La medida quedó en suspenso ante la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación. 

Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito de 45 páginas ante el juez de Ejecución de pena, Daniel Obligado, para recurrir su decisión ante el tribunal de revisión. Por procedimiento, indicaron fuentes judiciales, todo indica que el magistrado hará lugar y permitirá elevar el recurso para que la Casación analice si Boudou debe regresar a un penal por cuarta vez o puede continuar cumpliendo la pena firme en su domicilio, junto a su familia.

Sus defensores plantearon que se encuentra con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico desde el 6 de abril de 2020 y que debería completar la pena efectiva bajo las mismas condiciones. Para fundamentar su posición, Rúa y Peñafort hicieron hincapié en los argumentos que el propio juez Obligado enumeró en un escrito en el que le concedió la morigeración de sus condiciones de detención y que permitieron en abril último que Boudou dejará el penal de Ezeiza por tercera vez.

Los informes citados permitirían demostrar la imposibilidad acreditada (para los dos menores y su pareja) de contar con otra contención familiar.

El argumento central de la defensa de Boudou es que su arresto domiciliario tiene como principal objetivo garantizar “los derechos de sus hijos”, mellizos de tres años. Peñafort y Rúa citan en su escrito dos dictámenes de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y una serie de informes de un Equipo Interdisciplinario que visitó y entrevistó a Boudou y su pareja en los dos domicilios donde cumplió y cumple el arresto (primero en un departamento en Barracas y ahora en una casa en la localidad de Avellaneda).

Según sus abogados, los informes citados permitirían demostrar “la imposibilidad acreditada (para los dos menores y su pareja) de contar con otra contención familiar” que no sea el padre. También se basan en “el interés del Estado mexicano por los derechos de esos niños”, quienes tienen doble nacionalidad y cuya madre es mexicana. 

La presencia de Amado Boudou en su hogar, resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor.

En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal número 4 condenó a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes junto a un grupo de cómplices, cuyas condenas también quedaron firmes tras el fallo de la Corte Suprema, el 3 de diciembre. El exfuncionario siempre negó los cargos. Boudou y el resto de los sentenciados ya no tienen instancias de apelación dentro del poder Judicial de la Nación para plantear la revisión del caso.

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que ya superan las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, dijo a este medio el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Argumentos de la defensa

Uno de los informes oficiales sostiene “que la presencia de Amado Boudou en su hogar,  resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”. Los niños “impresionan tener una relación de apego con su progenitor y contar con el cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”, dijo uno de los veedores oficiales.  

Además, a pedido de su pareja, la cónsul de México en Argentina hizo saber a la Justicia que “que es del mayor interés del Estado mexicano preservar la integridad y los derechos de todos los mexicanos en el exterior”, dice el escrito, y en especial de los hijos del exfuncionario. La defensa citó los pactos, tratados y declaraciones de los derechos del niño, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Según los informes periódicos de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial de la Nación que citaron los defensores, Boudou “dijo colaborar activamente en el cuidado de sus hijos, habiendo establecido una franja horaria para sus entrevistas laborales y demás actividades educativas”; y que “su esposa continúa trabajando como asesora en la Cámara de Diputados, lo hace en los horarios en los que los niños descansan”.

Es del mayor interés del Estado mexicano preservar la integridad y los derechos de todos los mexicanos en el exterior.

Boudou continúa realizando actividad física en la vivienda y “dedica su tiempo a estudiar y a mantenerse activamente en relación con grupos políticos de manera virtual”, dice uno de los informes. En agosto, contó a los evaluadores que estaba “cursando de manera virtual el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, una Diplomatura en Desigualdad y Políticas Públicas en FLACSO y la Licenciatura en Historia en la Universidad de Avellaneda”.

La posición del juez

El 6 de abril último, el juez Obligado aceptó morigerar las condiciones de detención del exfuncionario porque la condena, si bien había sido confirmada por la Casación -instancia anterior a la Corte-, no estaba firme y aún restaba el fallo del máximo tribunal. 

Ahora, los abogados plantearon que entonces Obligado también se basó en la “vulnerabilidad” de los hijos menores de Boudou y “el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid-19”, que, resaltan, no cambió. 

En abril, la fiscal de Ejecución Guillermina García Padín acompañó el criterio y sostuvo que en una detención domiciliaria “la pena privativa de libertad permanece incólume y sólo resulta modificada su forma de cumplimiento”, citó la defensa de Boudou en este nuevo escrito.

Boudou dijo colaborar activamente en el cuidado de sus hijos, habiendo establecido una franja horaria para sus entrevistas laborales y demás actividades educativas.

Tras el fallo de la Corte, la posición del juez Obligado y de los fiscales del caso cambió. El fiscal del juicio Ciccone, Marcelo Colombo, y García Padín presentaron un escrito sosteniendo que Boudou debía regresar a prisión para cumplir el resto de la pena efectiva.

Obligado resolvió que la principal razón que sustentó su decisión de abril ya había caducado: la condena está firme por el fallo de la Corte, dijo en un escrito al que accedió este medio, y Boudou, por tanto, ya no sostiene un “estado de inocencia”. 

La situación de “vulnerabilidad” de la familia también cambió, según el juez. “Desde el punto de vista económico, el grupo familiar cuenta con ingresos provenientes del alquiler de un departamento de encartado; del alquiler de un departamento de la señora García de la Fuente en México; del sueldo de esta última como asesora en la Cámara de Senadores; de la pensión que recibe Boudou como vicepresidente de la Nación; ahorros; y apoyo económico de familiares y compañeros de la política”, argumentó el juez. 

“A fines del mes de septiembre se mudaron a una vivienda que goza de cuatro plantas, jardín, pileta, quincho, cinco dormitorios y ascensor propio”, resaltó Obligado en su fallo. “Los niños comenzaron escuela maternal” y “todos los miembros de la familia goza de buen estado de salud y tiene cobertura” médica, sostuvo. 

ED