Diputados le dio a Milei superpoderes para reformar el Estado y aval para las privatizaciones

El tablero marcó 135 votos a favor y 116 en contra sobre la reforma del Estado en la ley Bases y José Rolandi, mano derecha de Nicolás Posse en la jefatura de Gabinete sentado en el palco principal del recinto de Diputados, agitó su puño derecho y se abrazó con María Ibarzabal, su coequiper en el detalle fino de la ley Bases, y con el ministro Guillermo Francos. El gesto del funcionario nacional, designado ad honorem en su cargo, pero con un abultado sueldo como directivo de YPF en representación del Gobierno, explicitó el ánimo en la Casa Rosada sobre el avance legislativo de la ley Ómnibus. Aún no había llegado a la Cámara baja Karina Milei, hermana del Presidente, que arribó cerca del mediodía para también congrasiarse con la votación a favor.

El oficialismo no solo se alzó este martes con la aprobación en general de la iniciativa, sino también en los principales capítulos y artículos clave de desguase estatal y desregulación de la economía. Con el apoyo de los aliados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y bloques provinciales, La Libertad Avanza pudo desterrar el fantasma del fracaso de la primera versión de la ley Bases, en el verano pasado, cuando cayó en la votación en particular. 

Le dio media sanción a una declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y le otorgó superpoderes al presidente Javier Milei para hacer y deshacer con un sinfín de organismos y dependencias estatales. Además avaló la privatización de una serie de empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional y la TV Pública. Y se avanzó en una reforma laboral que salva el capítulo del DNU 70/23 frenado por la Justicia. Una vez que la votación en particular finalice, el proyecto será girado al Senado. Recién entonces se discutirá y votará el paquete fiscal de Gobierno, que incorpora el impuesto a las Ganancias.

El capítulo de la reforma del Estado era el más áspero en la previa a la votación en particular. Martín Menem con apoyo del PRO y parte de la UCR había logrado ayer al inicio del debate que esa instancia ocurra “por capítulo” y no “por artículo”. De esa manera boicoteó la intención del kirchnerismo y la izquierda de que se sepa explícitamente qué diputados votaban a favor de cada ítem del capítulo. El artículo 3 era el más polémico dentro del capítulo II ya que habilita “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos” de un sinfín de dependencias.

El mismo artículo aclara una serie de exceptualidades de que “el Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución” del CONICET, el Instituto Malbrán, la ANMAT, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el INCAA, el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores, el INCUCAI, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La redacción de ese mero artículo generó un fuerte debate en el recinto de la Cámara baja. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se enfrentó en una ardua discusión con sus ex aliados del PRO, Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, para lograr introducir cambios en el texto y que también se permita la votación en particular. No están exceptuados de la ley organismos como el Banco de Datos Genéticos, el Fondo de Artes o el Instituto de la Música y el de Teatro. La polémica llegó al punto de que tanto Ferraro como Lospennato se acercaron por separado a hablar con Menem a su estrado. Luego el kirchnerismo y la izquierda se hicieron eco de ese pedido del lilito, pero se impuso la estrategia libertaria-macrista. Por eso el desahogo de Rolandi cuando se logró la amplia aprobación a la reforma del Estado.

Germán Martínez, jefe de UxP, aprovechó su presencia para chicanearlo explícitamente. “Director de YPF”, le dedicó luego de saludarlo, gesto que devolvió Rolandi, y ante el reto de Menem por desviarse de la discusión parlamentaria, dijo en medio de su alocución “70 palitos”. La chicana del diputado peronista se refería a que tanto Rolandi como Posse serían beneficiados por el aumento de los sueldos en YPF, cuyos directivos pasarán a cobrar $70 millones. Sin embargo, elDiarioAR aclaró la semana pasada que ambos funcionarios, según aclararon en sus entornos, no recibirán un doble salario como funcionarios de la Rosada y directivos de YPF, sino uno solo equivalente a $3,5 millones.

El listado de la privatización de empresas públicas sufrió un fuerte recorte desde la propuesta original de la ley Bases. Y a último momento incluso se sacó el Banco Nación, parte de la rosca del oficialismo con los bloques aliados. Con la aprobación en particular, quedaron en la puerta de su privazación las empresas Aerolíneas Argentinas, Energía SA, Radrio y Televisón Argentina e Intercargo. Y con la aclaración de que podrán ser “privatizadas o concesionadas”, AySA, el Correo Argentino, el Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE.

Hubo negociaciones frenéticas durante toda la madrugada. “No dormí nada, se subía un diputado, bajaba otro”, relató a este medio un operador radical que siguió de cerca la escritura de la ley. Anticipó que un momento áspero iba a ser cuando la UCR y HCF planteen la incorporación del impuesto al tabaco, que es rechazado por el Gobierno.

El radicalismo ya había concedido cambios en la reforma laboral, que se aprobó más acotada. La idea de la UCR era que se incorporen multas por piquetes en fábricas y se quite la cuota sindical, lo que iba a despertar el enojo de la CGT. Finalmente lo que se aprobó fue solamente extender el periodo de prueba, institucionalizar la figura de colaboradores para trabajadores independientes y el sistema de indemnización similar a la UOCRA. “Lo negociaron con la CGT”, admitió por lo bajo un legislador de UxP.

MC/DTC