El caso de espionaje ilegal impactó en el Congreso y tensionó el clima pre-balotaje

La investigación judicial que destapó una red de espionaje ilegal generó un escándalo en el Congreso y tensó aún más la disputa política en la previa al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Este martes, en la Cámara de Diputados, el bloque opositor de Juntos por el Cambio intentó hacerse eco del caso del expolicía Ariel Zanchetta y salió al cruce directo con el oficialismo: acusó públicamente al oficialista Rodolfo Tailhade de estar involucrado y le exigió a la Justicia que pida su desafuero parlamentario.

El caso impactó temprano en la reunión de la comisión de Juicio Político que investiga a la Corte Suprema de Justicia y por la tarde tuvo una derivada en una sesión especial que estaba agendada para este miércoles por un tema totalmente distinto: condenar desde el recinto el atentado terrorista de Hamas en Israel. La sesión, que había sido pedida por Milei en acuerdo con el bloque del PRO, se levantó luego de que se acordara firmar una declaración pública. La jugada la impulsó la massista Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y le permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de que el recinto se convierta en una caja de resonancia del escándalo de espionaje a solo doce días de la segunda vuelta.

La primera repercusión en Diputados del escándalo de espionaje tuvo lugar al mediodía, cuando la comisión de jury se reunió apenas dos minutos. Ante la ausencia de los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para hacer sus descargos, el oficialismo con Carolina Gailard al frente cumplió a rajatabla la formalidad y dio abruptamente por finalizada la reunión. En la sala no había ingresado Tailhade, uno de los kirchneristas que más impulsó el juicio político contra los jueces del máximo tribunal. 

Los diputados opositores estallaron en furia y gritos –entre ellos el radical Mario Negri y el lilito Juan Manuel López– cuando se les cerró el micrófono. Denunciaron que el kirchnerismo estaba avalando una “operación de espionaje ilegal a cielo abierto”. Ese desplante derivó en que JxC motorizara una conferencia de prensa por la tarde en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja. 

“No puede ser que a las instituciones las secuestren los servicios de inteligencia y que hagan del miedo el funcionamiento del Estado”, advirtió Negri ante los medios, y buscó desvincularon el escándalo con la proximidad del balotaje: “Acá no es cuestión de meter esto en la competencia electoral”. 

Formalmente la oposición le va a solicitar a la Justicia que avance sobre Tailhade, ya que su contacto aparece en el teléfono secuestrado de Zanchetta, según la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita. Según supo elDiarioAR, Tailhade se puso a disposición y pidió expresamente que lo citen a declarar. 

JxC también le pidió al presidente de la bicameral de Inteligencia, el kirchnerista Leopoldo Moreau, que convoque a una reunión para abordar de manera “urgente” la causa de Zanchetta. En el texto presentado y firmado por diputados y senadores cambiemitas piden que no participe Tailhade, miembros de la comisión, por estar “mencionado en la causa” de Pollicita. El macrista Cristian Ritondo exigió también que ante la Justicia se presente como querellante la propia bicameral y que Massa “diga si está de acuerdo o no” frente al juicio político a la Corte.

El candidato de Unión por la Patria admitió públicamente que pidió que el avance contra el máximo tribunal se defina post-balojate e incluso se refirió al escándalo de espionaje: “Yo lo había denunciado en 2015 y 2017″, se despegó el tigrense en radio Cadena 3. ”Me lo hicieron a mí, a mi esposa, a mis hijos. Seguí adelante“, acotó.

La sesión que no fue y la derivada Milman

En paralelo al ruido que intentaba generar la oposición, Cecilia Moreau activó una reunión con los jefes de los bloques parlamentarios para desactivar la sesión de este miércoles por el conflicto en Gaza. Aunque era solo por la estricta situación de la guerra entre Israel y Hamas, abrir el recinto podría haber permitido a la oposición amplificar su denuncia contra el kirchnerismo. La declaración conjunta repudió los actos del grupo terrorista a un mes de sus ataques en territorio israelí, pidió el cese del fuego y le solicitó al gobierno nacional que actúe de forma rápida para liberar a los rehenes argentinos. 

Cara a cara se encontraron los diputados Germán Martínez y Paula Penacca (Frente de Todos); Milei y Carolina Píparo (La Libertad Avanza); Cristian Ritondo y Silvia Lospennatto (PRO); el radical Negri; Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Mónica Fein (Socialista), López (Coalición Cívica); Dolores Martínez (Evolución Radical); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero). También estuvieron presentes los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, quienes no adhirieron a la declaración conjunta.

Sin hacer ninguna mención al caso de espionaje, Milei se arrojó la autoría de la declaración, luego de que fuera él, junto a otros diputados macristas, los que habían pedido la sesión especial. “En el marco del pedido de sesión que realicé, logré que la mayoría de los Presidentes de bloque acordemos solicitar al Poder Ejecutivo que profundice los esfuerzo para la inmediata aparición de las personas secuestradas y se respete el derecho a la defensa del Estado de Israel”, tuiteó el libertario, con una foto sugestiva firmando la declaración. El oficialismo hizo su propia operación: comunicó que la declaración surgió “por propuesta de la Presidencia de la Cámara de Diputados”. 

El escándalo del espionaje ilegal también opacó una noticia que podría ser un dolor de cabeza para la oposición. Apenas horas antes de la reunión de la comisión de Juicio Político, este mismo martes la comisión de Asuntos Constitucionales dio el visto bueno para allanar el domicilio de Gerardo Milman, diputado del PRO y mano derecha de Patricia Bullrich, involucrado en la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. 

La mayoría oficialista en la comisión aprobó autorizar un oficio remitido por la jueza María Eugenia Capuchetti para allanar el domicilio del diputado para buscar dos celulares viejos del legislador: los que usaba al momento del ataque a la vice, ocurrido hace ya más de un año, y cuando él habría dicho en un bar cerca del Congreso “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

MC/CRM