Exigen flexibilizar el bono a la indigencia y hay cruces entre Máximo, Massa y Grabois

Usar una billetera virtual en el celular, haber recibido un depósito, o tener una moto. Ese tipo de cuestiones parecen estar impidiendo a miles de personas anotarse como beneficiarias del bono de 45 mil pesos que el Gobierno lanzó para quienes están en situación de indigencia. Lejos de una solución, la medida está generando una polémica con fuertes críticas al interior del Frente de Todos.

Los cuestionamientos son tales que escalaron de Juan Grabois a Máximo Kirchner, quien se comprometió a “mediar” con el ministro Sergio Massa y Fernanda Raverta, la titular de la Anses y miembro de La Cámpora, para que se flexibilicen los requisitos, según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes al tanto de la nueva discusión en el oficialismo. Ante la consulta de este medio, en Economía le pasaron la pelota al organismo de previsión social y allí un vocero negó las incompatibilidades. Aseguró que “el proceso de inscripción se está dando normalmente”. 

La mecha la encendió el miércoles el propio Grabois, el dirigente cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco, y quien logró presionar a Massa para que financie el bono con parte de lo recaudado por el “dólar soja”. “La evaluación nuestra es que fue lamentable [la inscripción]. Más allá de los problemas operativos que siempre puede haber, la cantidad de restricciones que se pusieron a la gente me sorprendió”, escribió en su cuenta de Facebook, luego de que las noticias mostraran dos días seguidos de largas colas en las oficinas de la Anses e importantes demoradas en la fila virtual. Hasta anteayer se habían anotado 814.000 personas para el refuerzo que se va a cobrar en dos cuotas entre noviembre y diciembre.

Grabois hizo su descargo desde Roma, adonde viajó para participar en una conferencia internacional sobre la paz. Sus críticas fueron ratificadas ayer en su organización –el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)–, que elaboró un informe sobre los “Problemas reportados en inscripción del bono refuerzo alimentario”, tal el título del trabajo al que accedió elDiarioAR. 

Hasta anteayer se habían anotado 814.000 personas para el refuerzo que se va a cobrar en dos cuotas entre noviembre y diciembre

Las incompatibilidades

El MTE relevó 1548 casos –el 70% entre 18 y 39 años, y el 60% hombres–. Esa cantidad es parte de las muchas personas a las que desde la propia agrupación se asistió en los últimos días para que puedan inscribirse como beneficiarios, por ejemplo, entregándoles café para menguar la espera en la Anses u habilitándoles el uso del WiFi en sus comedores.

Según el documento, el problema principal de quienes no pudieron anotarse fue por “incompatibilidades” (el 84,37%), mientras unos pocos encontraron inconvenientes en la web de Anses (13,28%) y, muchos menos, en la apertura de una cuenta bancaria (2,35%). En los primeros cinco días desde que se abrió la inscripción, solo pudieron tener éxito entre un 10 y 15% de las personas, denunciaron. El principal foco de problemas se dio en Buenos Aires (740 casos) y en menor medida en el resto de las provincias: Corrientes, 154; Río Negro, 115; Misiones, 88; Mendoza, 69; Capital Federal, 64, y siguen las jurisdicciones. 

El relevamiento también incorpora distintos casos testigos de incompatibilidades, como el de Ezequiel, de CABA, de 24 años, que denuncia textual: “No cobro nada pero cuando quiero hacer IFE me dice 'incompatible', pido lista sábana de qué cobro y me sale limpia. Entonces me dicen que no puedo inscribirme porque cobro algo, que no saben qué es (...) Si cobrara no me hubiese comido semejante fila”. O el de Mercedes, de Corrientes y con 33 años, que expone: “Mis hijos me bajaron la billetera virtual de Santa Fe para que pueda hacer compras y recibir los reintegros de la tarjeta. Me transfieren $2000 para alimentos, es mi único ingreso y salgo rechazada”.

Desde que se anunció la medida se sabía que los beneficiarios del refuerzo no podían gozar de otros planes estatales –como la AUH o el Potenciar Trabajo–, pero luego se sumó como requisito que se complete una declaración jurada, que es “evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio”, informa el organismo público. Así, las personas no pueden tener registrado a su nombre rodados que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, y obra social o prepaga.

“Solamente a los pobres les piden que demuestren que no comieron ni un plato de polenta en los últimos meses para darles estas migajas por las que tanto tuvimos que pelear. A mí como profesor universitario me pagan un bono de 20 mil pesos por cada hijo en la asignación familiar, lo mismo a muchos otros colegas. No somos pobres. Algunos incluso son bastante acaudalados”, escribió en sus redes sociales Grabois. “Nadie se fijaba si tenías una billetera virtual, habías recibido depósito, tenías una motito; ni siquiera si tenías un auto o una propiedad en Recoleta. Me da mucha bronca recibir los testimonios de compañeros que porque tenían una Zaneleta para ir a laburar se quedaron afuera u otros que cobraban por una billetera alguna venta de artesanías u otras que tenían una tarjeta provincial de 2000 pesos. La verdad, no lo entiendo…”, completó su crítica.

No solo el MTE y otras agrupaciones oficialistas como el Frente Popular Darío Santillán denunciaron los problemas de los cruces de datos, sino también desde la Unidad Piquetera, la red de orgas opositoras que integran el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST Teresa Vive, entre otras. “El diseño de las ‘incompatibilidades’ ideados por Massa y la camporista Raverta excluye a millones de pobres e indigentes. Solo con tener una AUH o una Tarjeta Alimentar de menos de $10.000 la persona es excluida del cobro,o por tener una billetera virtual o ser monotributista o por tener una motocicleta”, señalaron en un comunicado. En reclamo a que el bono lo cobren todas las personas que no tengan  ingresos mayores a la canasta básica, este viernes desde las 10 marcharán al Obelisco y a las dependencias de Anses de todo el país.

En el organismo previsional negaron las denuncias en contra. “Eso es mentira”, contestaron ante la pregunta puntual de elDiarioAR de que si las personas tienen, por ejemplo, MercadoPago se los rechaza. “Lo que se evalúa es el consumo y que no tenga ingresos, no la boca de pago”, agregó la fuente consultada. En la oficina que conduce Raverta ampliaron que “el proceso de inscripción se está dando normalmente, tanto en oficinas como en la web” y expusieron que ayer ya no había largas colas de espera. De hecho, este periodista intentó sacar un turno virtual y la atención fue inmediata.

“Es evidente cómo bajaron las filas en la gran mayoría de las oficinas... lógicamente en algunos lugares con mayor afluencia sigue habiendo, lo cual también tiene que ver con que las madres titulares de la AUH se están acercando en forma espontánea y sin turno para entregar las libretas con el control de salud, vacunación y escolaridad de sus hijos”, explicaron en Anses. 

El trasfondo político

Debajo de la espuma, la discusión por la flexibilización de los requisitos tiene al FdT con una nueva interna en puertas. El martes pasado durante la tarde en la Cámara de Diputados, mientras en el recinto se avanzaba en la maratónica sesión para aprobar el Presupuesto 2023, hubo una cumbre al respecto entre Kirchner, Massa y Raverta. 

Fue antes del posicionamiento público de Grabois. A la jefa de la Anses se la vio salir de la presidencia de la Cámara baja –que ahora conduce la massista Cecilia Moreau– acompañada por el senador Mariano Recalde. El titular de Economía había pasado por Diputados también para pedirle a la bancada del oficialismo que “salgan a ganar” la votación por el Presupuesto.

El hijo de la vicepresidenta intentó hacer de polea de transmisión de los reclamos con la inscripción al refuerzo, y acercar una solución entre Economía y Anses. La queja le había llegado desde el Frente Patria Grande, el brazo político de Grabois y bancada que estuvo a punto de romper con el FdT en agosto si no había medidas concretas para la indigencia.

“Máximo está intentando mediar”, confió a elDiarioAR una de las fuentes al tanto de las negociaciones internas. La participación del jefe de La Cámpora en la polémica demuestra que el problema excede a la propia Raverta. Massa puede haber buscado disciplinar a la ex diputada, pero más que nada llegar a un acuerdo con el tigrense, que es en definitiva quien tiene que abrir la billetera. “Está viendo si se pueden flexibilizar algunos de los requisitos”, agregó la voz consultada sobre el rol de Máximo. Además de la reunión presencial, también hubo cruces telefónicos toda la semana.

Si bien hasta el momento no trascendió que vaya a haber cambios en los requisitos, cerca de Grabois entienden que se trata de una cuestión más de tono fiscal, en línea con el Presupuesto de ajuste que tuvo media sanción. El dilema de Máximo es que lo votó a favor, pese a ser muy crítico del acuerdo con el FMI. Por eso también apuntan a Massa. “Está queriendo achicar lo más que se pueda el universo de beneficiarios”, dijo un dirigente del MTE. Denuncian que el plan oficial es abarcar a no más de 1 millón de personas, cuando ellos exigen al menos dos millones, teniendo en cuenta que en situación de extrema vulnerabilidad habría más de cuatro millones.

Máximo está intentando mediar. Está viendo si se pueden flexibilizar algunos de los requisitos

En paralelo a la ampliación del bono hay un acuerdo entre Grabois y el kirchnerismo para que el refuerzo a la indigencia se transforme en una ley, al menos por un año. Ese es el proyecto que presentó la senadora Juliana Di Tullio en la Cámara alta, que por ahora está frenado. El miércoles pasado estaba convocada una primera reunión en comisión, que finalmente se suspendió sin notificación formal. “Dicen que fue porque los senadores no consiguieron vuelos desde sus provincias para venir. ¿Pero qué, los pobres tienen que seguir esperando?”, metió cizaña una fuente. Dirigentes del MTE y otras organizaciones sociales de la Mesa Nacional de Barrios Populares se reunieron con Di Tullio y Oscar Parrilli el martes, pero para exigir la aprobación de la ley que impide los desalojos en las villas.

Ayer, en el Destape, Di Tullio avaló el bono de Massa, pero puso reparos al tratamiento legislativo de un salario universal: “No estoy en desacuerdo que sea por un decreto, los procesos de las leyes son largos”, dijo. Admitió entrelíneas las dificultades que presenta su implementación, de alguna manera lo que se denuncia por las incompatibilidades: “El refuerzo es para una población específica: para los que no reciben ninguna asistencia del Estado. Es difícil acceder a la indigencia, salvo con el poder territorial e institucional que son los municipios y las organizaciones. Nos cuesta mucho sacarlos de ese lugar. Son los últimos de los últimos”, señaló.

“Discutir si es bueno o es malo es ridículo”, consideró Di Tullio, confidente de CFK, buscando también cruzar a Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y accionista mayoritario de la UTEP –el gremio de la economía popular–, para quien fue un error el bono. En el MTE se sumaron a la interna: “Nuestra pelea la estamos dando solos. Sería más fácil si no hubiera compañeros que ponen palos en la rueda”.

La actitud de Pérsico se explica, además, por su propio encono con La Cámpora y con Grabois. Y otro doblez: el Evita selló un pacto político con Massa, que de alguna manera hace equilibrio entre las distintas orgas: entregó el bono, pero con límites claros. Tampoco lo incorporó en el Presupuesto 2023. Al respecto, un informe de esta misma semana de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la ley que proponen Di Tullio-Grabois ascendería a 0,31% del PBI. Para 2023, implicaría un gasto de aproximadamente $460.000 millones si abarca a 1,3 millones de personas, universo al que se llegó cruzando datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y respetando los requisitos que plantea la iniciativa, y que son similares a los que impuso la Anses. 

De implementarse esta política –destaca el informe–, “el porcentaje de individuos que habitan hogares indigentes se reduciría un 65%, pero sólo en el caso de mantener vigentes los programas de ayuda existentes en la actualidad”. El dato lo destaca también Di Tullio, aunque por ahora la ley no tiene perspectiva de derrotero parlamentario, menos teniendo en cuenta que el calendario legislativo se acaba el 30 de noviembre y que el FdT no tiene mayoría en Diputados. Pese al panorama, un legislador con trato directo con Kirchner intentó ser optimista: “Está difícil, pero no imposible”.

MC